Thursday 29 June 2017

GOLPE MORTAL AL FRANQUISMO EN CATALUÑA.

incluído el PP

 El Parlament anula por unanimidad los juicios franquistas


  • Justícia deberá notificar a los procesados o sus familiares un certificado de la nulidad del proceso y el Arxiu Nacional de Catalunya deberá publicitar los juicios anulados


La ley catalana que anula los tribunales franquistas y las sentencias derivadas de los mismos, además de declarar su “ilegalidad”, se ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos en el pleno del Parlament. Presentada conjuntamente por los grupos de JxSí, Sí que es Pot y la CUP, el PP se ha sumado a última hora a esta aprobación, tal como ha avanzado este mismo jueves.
Con decenas de representantes de entidades dedicadas a la memoria histórica y familiares de víctimas de consejos de guerra franquistas en la tribuna de invitados del Parlament, entre ellos el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, la diputada de JxSí Montserrat Palau, relatora de esta ley, ha subrayado que no se busca “la revancha, sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición” de los crímenes del franquismo.
“Nulos de pleno derecho”
La ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo, que así es su nombre completo, es muy clara y declara “nulos de pleno derecho” todos los consejos de guerra y tribunales creados por la dictadura desde la Guerra Civil hasta el restablecimiento de la democracia, y también pretende anular sus sentencias declarando su “ilegalidad”.
En concreto, el texto declara ilegales “los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Catalunya a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978”. Por lo tanto, la norma solo se fija en los tribunales que actuaron en Catalunya durante ese periodo en el marco de las competencias del propio Parlament.
Según la ley, fueron “contrarios a la ley y vulneraron las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”, por lo que como consecuencia se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de “todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictados por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista”.
El texto de la exposición de motivos además argumenta que la ONU ha requerido varias veces al Estado español reparar a las víctimas “anulando” los procesos, y considera además que el Parlament debe asumir una “responsabilidad histórica”.
La norma tendrá una traducción práctica de reparación de las víctimas del franquismo. Según la norma, el departamento de Justícia “emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes”.
El texto también autoriza al Arxiu Nacional de Catalunya para que elabore y haga pública una lista de los procesos instruidos por el régimen franquista, las sentencias adoptadas, las personas encausadas y la condena impuesta, lista que se deberá publicar el mismo día de la entrada en vigor de la ley.
Voto a última hora
El voto a favor del PP catalán se cerró definitivamente en la última reunión del grupo parlamentario popular, como es habitual antes de cada pleno. No debería ser una sorpresa el voto popular teniendo en cuenta que en la tramitación de la norma, el diputado Fernando Sánchez Costa declaró que “el franquismo merece condena” porque “dejó un reguero de sangre” y sus víctimas “merecen reparación”. Eso sí, avisó a los impulsores ser “rigurosos” para “no hacer una farsa”.
Las entidades memorialistas elogiaron la ley catalana. En representación de las diversas entidades, el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, expresó en rueda de prensa en el Parlament su “alegría” por el contenido de la ley.
Este miércoles, algunos independentistas han sacado pecho por la norma y la han contrastado con la condecoración del exministro de la UCD, Rodolfo Martín Villa, por parte del Rey con motivo del acto en el Congreso de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Sobre Martín Villa pesa una orden de búsqueda y captura internacional por crímenes contra humanidad por la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976. “Hoy en el Congreso se ha honrado a un fascista y en el Parlament se han anulado sus juicios. Que no te engañen, la 3ª ha llegado y es catalana”, publicó el diputado de ERC, Gabriel Rufián.
La Vanguardia.es

Es una noticia grandiosa. El resto de Autonomías no tendrán por menos que hacer lo mismo si no quieren pasar a la historia como  protectoras de las criminales sentencias del franquismo. 

Saturday 24 June 2017

LEOPOLDO DICE QUE LO ESTÁN TORTURANDO.

Foto editada por Publico.

Billy el Niño, el gran torturador español protegido por Rajoy, se ha ofrecido para hacerlo con garantías.

Friday 2 June 2017

LOS ESCLAVISTAS DEL IBEX 35.




Franquismo S.A

Muchas de las empresas que cotizan en el IBEX 35 hicieron fortuna gracias a su cercanía con el régimen y al uso de represaliados como trabajadores forzados
20 Noviembre 2014
08:00
Franquismo S.A
MADRID// En el archivo del diario ABC hay una fotografía del Valle de los Caídos con una anotación en el reverso, en la que se advierte de la necesidad de borrar el cartel de la constructora Huarte que aparece en la imagen. La rúbrica es un perfecto ejemplo para ilustrar cómo las grandes empresas españolas intentan borrar, con la connivencia de los medios de comunicación y los gobiernos de esta democracia, los vestigios de la instrumentalización que hicieron del franquismo para construir su imperio económico. Algunas empresas que cotizan en el IBEX 35, como Gas Natural, OHL o Iberdrola, se lucraron con la represión y el modelo autárquico que impuso el dictador y, a día de hoy, siguen sin reparar a las víctimas.
Las empresas obtuvieron beneficios de distintos modos: algunas usaron mano de obra forzada, otras se aprovecharon de la represión de sus competidores por pertenecer al bando republicano y otras,simplemente, se lucraron gracias a la cercanía con Franco cuando el régimen efectuó su inmensa obra pública: el Valle de los Caídos. Además, el franquismo propició unas condiciones laborales muy ventajosas para las empresas, ya que no existía el sindicalismo ni se podían negociar unas condiciones salariales y de trabajo dignas.
Una muestra del funcionamiento de esta red clientelar es la carta enviada a Franco el 25 de mayo de 1970 por Pedro Barrié, dueño de Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA) y del Banco Pastor, para que intercediera ante el Ministerio de Hacienda, que ponía dificultades a su empresa ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste). Barrié se quejaba ante el caudillo de que no se le permitía al Banco Pastor apoyar económicamente a su astillero y planteaba que las únicas opciones que le quedaban era la mediación del dictador ante Hacienda o, en su defecto, la intervención estatal a través del Instituto Nacional de Industria o los astilleros públicos. La misiva, a la que ha tenido acceso La Marea, concluye de este modo: “Espero que, como todos los años, si usted me lo permite, pueda visitarlo este verano en el Pazo de Meirás. Recordaremos nuestros muchos años de amistad y podré reiterarle mi inquebrantable lealtad y afecto”.
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Según Javier Pueyo, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, la clase empresarial española encontró un hábitat idóneo para poder desarrollarse sin la competencia. El periodo más intenso de esta oligarquía monopolística ocurrió en los años 50 cuando, tal y como explica el historiador en su artículo Las relaciones entre las empresas eléctricas y el Estado franquista, “se dieron unas condiciones extremadamente favorables consistentes en la altísima protección exterior, una fuerte intervención estatal, defensa de la industrialización acelerada y una financiación inflacionista”. Este tipo de organización económica dotaba de privilegios y favores a los empresarios más afines y cercanos al régimen de Franco. De esta relación de favores surgió una oligarquía con la que se forjaron grandes imperios y empresas de las que beben muchas corporaciones que cotizan hoy en el IBEX 35. El artista Luis Quintanilla, en una conferencia en Nueva York en 1938 desde el exilio, explicaba esta simbiosis del siguiente modo: “El fascismo no es ni más ni menos que la burguesía armada contra el proletariado”.

Gas Natural Fenosa

La empresa que mantiene como consejero al expresidente del Gobierno Felipe González nació en el año 2009 de la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa. Esta última empresa se creó en el año 1982 como resultado de la unión de otras dos, FENOSA y Unión Eléctrica Madrileña. El dueño de FENOSA, Pedro Barrié, amplió su fortuna ayudado por la cercanía con el dictador y como recompensa tras haber sido uno de los grandes financieros de la Guerra Civil para el bando nacional. Como ejemplo de este vínculo sirve la concesión del Condado de Fenosa al empresario por parte del dictador en el año 1955 en agradecimiento por los servicios prestados en general y, en particular, por la cuestación popular que Pedro Barrié hizo para regalarle el Pazo de Meirás, que todavía ocupan los Franco para su asueto canicular.
Barrié, uno de los empresarios del sector eléctrico más importantes de Galicia, forjó su imperio tras el fusilamiento de un diputado republicano. FENOSA nació de la fusión forzosa de Fábrica de Gas y Electricidad, la pequeña empresa de Barrié, y Electra Popular Coruñesa, una empresa que era propiedad de la familia de José Miñones, un parlamentario que fue ejecutado en el año 1937 en el Campo de la Rata, junto a la torre de Hércules, en A Coruña. Gas Natural-Fenosa, al ser contactada por La Marea para conocer si existe o ha existido alguna acción de reparación por estos hechos, ha declarado que la compañía “compró Unión Fenosa hace cinco años y esto es una cuestión pasada de otra empresa”.

Acciona

Jose Manuel Entrecanales, actual presidente ejecutivo de Acciona, debe su cargo y posición a la fortuna que su abuelo José Entrecanales hizo durante el franquismo junto a su socio Manuel Távora. La empresa Entrecanales y Távora, integrada hoy en Acciona, fue una de las constructoras de cabecera del régimen, como reconoce en su web corporativa: “En los años de la posguerra, la compañía fue muy activa, consolidando su posición como una de las compañías más innovadoras del país”.
En 1929 se construyó una zona residencial burguesa en Sevilla con motivo de la exposición universal de ese mismo año. El lugar tenía graves problemas de vertidos y, en plena Guerra Civil, el Ayuntamiento de Sevilla encargó a la empresa Entrecanales y Távora la construcción de un canal que llevara los vertidos lejos de los barrios ricos de Heliópolis y La Palmera. Para ello se instaló el campo de concentración de El Colector, donde 250 presos republicanos se apiñaban para trabajar en la obra de la constructora Entrecanales y Távora. La Marea ha tratado de conseguir, sin éxito, algún tipo de declaración al respecto sobre las posibles medidas de reparación que la empresa haya tomado con las familias o personas afectadas por estos hechos.

OHL

La compañía de Villar Mir nació de la fusión de otras tres: Obrascón, Huarte y Laín. Una de ellas, Huarte, fue junto a San Román (filial de Agromán), Estudios y Construcciones Molán y Banús, la empresa encargada de construir el Valle de los Caídos usando mano de obra esclava. Fue precisamente una fotografía del Valle de los Caídos con el cartel de la empresa constructora Huarte, la que esgrimió Joan Tardà (ERC) en el Congreso en 2011 para pedir que fueran las constructoras del enclave de Cuelgamuros las que pagaran las exhumaciones de las decenas de miles de represaliados que todavía se encuentran enterrados allí. Tardà recordó en su intervención que hubo empresas “que se capitalizaron a partir del trabajo esclavo de los republicanos”.
Es el caso de Nicolás Sánchez Albornoz, preso en el Valle de los Caídos. “Los que estábamos condenados a trabajar allí estábamos alquilados a las empresas que hacían la obra, Huarte y Banús, por 10,50 pesetas al día. A nosotros nos daban 50 céntimos a cada uno. Los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados”, explica el propio Sánchez en declaraciones recogidas por Alejandro Torrús en un artículo en Público. La empresa de Villar Mir sigue negándose a hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto, que empaña la imagen de una de las mayores constructoras del país: “No vamos a contestar ningún tipo de preguntas sobre este tema, Adiós”, fue la respuesta hostil y definitiva del departamento de comunicación de OHL.

ACS

La constructora de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, también se benefició de mano de obra forzosa a través de su filial, ahora integrada, Dragados. En 2003, un artículo de Leslie Crawdford en Financial Times llamado Franco’s Slaves habla de Dragados citando un informe gubernamental de 1952 del programa de Redención de Penas por el Trabajo en el que se define como “un muy importante grupo de construcción que ha hecho uso de mano de obra presa durante los últimos 12 años”.
Una de las obras en las que Dragados usó mano de obra esclava fue en la construcción del pantano de Mediano, en Huesca. Los trabajos tuvieron lugar entre 1952 y 1955. Para ellos, Dragados usó un destacamento de 35 penados que tras las obras fueron enviados a la prisión de Huesca. Los datos al respecto, que constan en la Memoria general de instituciones penitenciarias de 1955, son recogidos por los historiadores Lola Martínez Macías y Fernando Moreno Moreno. Otro de los grandes accionistas de ACS es la familia March, con un 18,2% de las participaciones de la empresa dirigida por Florentino Pérez. Juan March fue uno de los mayores impulsores económicos del golpe de Estado de 1936 y financió incluso el viaje del Dragon Rapide que llevó a Franco de Canarias a Marruecos para el levantamiento militar. La empresa tampoco ha contestado a las preguntas de La Marea.

Iberdrola

La compañía actual nació de la fusión en 1992 de Hidroeléctrica Española e Iberduero. Esta última se creó a partir de la fusión de Saltos del Duero e Hidroeléctrica ibérica. La gran empresa energética española de la actualidad se forjó gracias al compromiso con Franco de Jose María de Oriol y Urquijo, presidente de Hidroeléctrica Española (Hidrola) desde el año 1941 hasta 1985. El empresario vasco fue alcalde de Bilbao desde 1939 hasta 1941, y jefe provincial de Falange en diferentes periodos.
Jose María de Oriol y Urquijo fue jefe de Falange Española Tradicionalista de 1937 a 1941, e impulsó la formación de la Brigada de Investigación y Vigilancia, que en palabras del propio Oriol al diario Hierro, elaboró en 1938 informes de 80.000 personas en la provincia, para ser usados en la posterior represión, según se recoge en un libro sobre los alcaldes de Bilbao, escrito por Joseba Aguirreazkuenaga [et al.]. En la misma obra, haciendo referencia a artículos de prensa, se sostiene que los ministros del sector se tuvieron que resignar a que Franco despachara con el jefe de Hidrola las obras e infraestructuras españolas en contraprestación a la ayuda económica que la familia Oriol y Urquijo dio al dictador para el golpe de Estado. La empresa eléctrica pasó de ser meramente testimonial en la España de los años 30 a convertirse en la compañía número 20 en activos netos en 1948, con 580 millones de pesetas; en 1960 ya era la quinta empresa más importante del país, con un activo neto de 11.468 millones de pesetas. Desde Iberdrola han asegurado a La Marea que no pueden valorar las actuaciones personales de los dirigentes en los más de 100 años de historia de la compañía.
La empresa vasca Saltos del Duero (Iberduero), otra de las que dio lugar a Iberdrola, fue la encargada de realizar otras muchas obras en la época autárquica del franquismo. Uno de los ejemplos de la conexión económica y política de la época fue la inauguración del Embalse de Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca. El 17 de octubre de 1964 se inauguró el pantano con la presencia de Francisco Franco, el dictador de Portugal, António de Oliveira y Salazar, y Pedro de Careaga y Baseabe, presidente de Iberduero. La fotografía del acto refleja la cercanía entre el franquismo y el mundo empresarial, que permitió la creación de grandes imperios económicos a base del sudor y la sangre de muchos represaliados. Esos beneficios de la represión a día de hoy cotizan en el IBEX 35 y sus empresas siguen sin proporcionar la reparación que cualquier democracia debería exigir.