EL SEBASTIÁN EL CANO A TIRO DE LOS ALEMANES.

Es increíble la estulticia de este gobierno y del ministro Borrell al enviar un barco escuela, que ya no se sabe bien si pertenece al Ejército español o a algún cártel de la droga, para hacer en su cubierta una jura de bandera de fervorosos españoles en Holstein (Alemania) por el caso Puigdemont. El togado del Ejército español ha sobreseído el año pasado el caso del alijo de más de doscientos veinte kilos de cocaína escondidos en el panel de cables del buque en el 2014, que estuvo fondeado durante unos días en el puerto de Cartagena de Indias (Colombia). La prensa alemana nos va a poner verdes y con razón.

GARZÓN AQUEJADO DE UNA GRAVE BORBONITIS

ESPAÑA CESA AL CONSUL GENERAL DE EDIMBURGO.

EL Consul General de Edimburgo.

Ante la posibilidad de que Escocia recurra a un segundo referendo para decidir sobre su futuro como pueblo, el embajador español mandó una carta a la prensa y al gobierno de Escocia expresando que en caso de prosperar la independencia, Escocia no tendría problemas de incorporarse a  la UE, Enseguida, Exteriores (Borrell), no ha tardado en cesar de manera fulminante al incauto cónsul, que al parecer no se ha enterado de la que está cayendo en España con el tema de la independencia de Cataluña. El propio González Pons declaró hace unos días que en caso de conseguir la independencia a través de un referendo democrático, España vetaría la entrada de Escocia en la UE.
Miguel Ángel Vecino, que así se llama este buen hombre, tiene de la democracia un mejor concepto que el gobierno español, que está llegando a tratar a los independentistas más o menos como a etarras a pesar de la actitud pacífica del pueblo catalán.
Sin embargo, a medio o largo plazo si no antes la guerra la tiene perdida Felipe VI y este Estado que fatalmente no ha sabido o querido superar el franquismo, que ahora repunta con fuerza, rehabilitado por obra y gracia del Tribunal Supremo ante el bochornoso silencio de la clase política y en el peor de los momentos. No nos olvidemos que el "Procés" contra el independentismo ya está listo y que las penas según se ha filtrado, lejos de ser justas suponen una clamorosa venganza. Se prometen muy duras sobre todo para Junqueras, que lleva ya más de un año en prisión preventiva junto a los presidentes de las asociaciones civiles catalanas. A Junqueras, un tipo bonachón incapaz de matar una mosca, el fiscal le pide 24 años de presidio, como si se tratara de un peligroso terrorista.  Algo difícil de entender y asumir.   

También para el resto de acusados encarcelados las penas no bajan de 17 años. Penas muy severas que serían "comprensibles" bajo los Tribunales de Orden Público franquistas como el T.O.P, pero que son inadmisibles en un Estado que pretende ser democrático. El gobierno, sea el que sea a partir de la divulgación de las sentencias va a encontrarse con serias dificultades de orden público en Cataluña y no creo que sean factibles otros escenarios similares de represión brutal como los ocurridos el 1 de octubre de 2017 ni mucho menos que intervenga el Ejército como algunos temen y no sin razón.

LOS HEREDEROS DEL FRANQUISMO Y LAS GRANDES FORTUNAS DE HOY.

“Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”. Francisco Franco, 21 de agosto de 1942.

La historia de España durante el siglo XX es también la historia de un enriquecimiento perpetrado en condiciones excepcionales. Grandes nombres, los poderosos personajes que unieron su fortuna y su destino a la suerte del franquismo, desde el entorno familiar del general Franco y en la cima de su régimen, han sabido adaptarse al sistema democrático, mientras una nueva generación (Aznar, Rato, Trillo Figueroa, Arias-Salgado, Fernández-Cuesta, García Escudero, Calvo-Sotelo, Fernández-Miranda, Cabanillas, Mariscal de Gante... apellidos viejos con rostros jóvenes) se preparaba para ejercer el poder bajo la Monarquía parlamentaria.

Hoy, los últimos March, Koplowitz, Fierro, Fenosa, Coca, Melià... continúan entre las familias más ricas e influyentes de la España del siglo XXI, y comparten el pedestal con otros compañeros de aventura, millonarios emergentes salidos directamente de la política falangista, tradicionalista y tecnocrática, con apellidos tan sonoros como Serrano Suñer, Girón, Cortina, Alcocer, Letona, Carceller, Oriol, Barrera de Irimo, Calviño, Fontana Codina, García Ramal... Todos conforman una clase social “franquista”. Son las "familias" de un régimen político poblado por empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, nobles industriosos, altos cargos a la búsqueda de multinacionales, ministros cinegéticos, procuradores en el sentido más literal del término... unidos a la llamada del Dinero, entrenados en la autarquía de la posguerra, para enriquecerse, a partir de 1959, con la llegada del Desarrollo. Capitalismo salvaje, bancos, altas finanzas...

El Régimen del general Franco estuvo al servicio de esta clase social; protegió la iniciativa privada en un momento de extraordinario crecimiento económico, mientras se desencadenaba el éxodo rural y, tras una dura y larga postguerra autárquica, entraban en España las primeras divisas generadas por el turismo, por las remesas de los emigrantes y por el capital extranjero. El franquismo mantuvo un privilegiado sistema fiscal que cargaba todo el peso sobre los consumidores, aprovechó la docilidad obrera provocada por la despolitización y la carencia de sindicatos independientes con capacidad para la negociación colectiva (que no aparecieron hasta finales de los años sesenta), e impidió cualquier crítica pública a la corrupción. En tales condiciones, corrupción y desarrollo son, sin duda, rasgos de un mismo proceso en el que se forjaron las grandes fortunas y se consolidó el capitalismo español.

Con su particular manera de entender la política, Franco siempre tuvo muy claro que el bolsillo y la patria iban indefectiblemente unidos; que, mientras los asuntos de cartera marcharan bien, sus seguidores no conspirarían contra su poder personal, cuyo ejercicio vitalicio era, a fin de cuentas, su único objetivo. Durante casi medio siglo, una clase social "franquista" logró beneficios portentosos gracias a que supo encubrir sus negocios bajo el proteccionismo del poder. "Es imposible historiar por el momento la crónica de este enriquecimiento, al menos si el historiador desea seguir viviendo en España", escribió un afamado sociólogo en 1976.

Mis libros "Ricos por la patria" (Plaza y Janés, 2002) , "Los Franco, S.A." (Oberon, 2003) y "Los Banqueros de Franco" (Oberon. 2005) investigan este enriquecimiento, y lo hacen desde la historia, la economía, la crónica social y la política. Su objetivo es la investigación de unos hechos que algunos consideran inconvenientes y que todos tratan de enterrar en el olvido. Para ello, llegaron a un acuerdo no escrito. "El consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional", como reconoció en diciembre de 1988 un ex ministro conservador que actualmente preside una gran multinacional.

* Mariano García Soler es escritor y periodista. Este texto es la introducción a la charla con el mismo título que este autor ha impartido en varias ocasiones

EL TRIBUNAL SUPREMO VALIDA EL GOLPE DE ESTADO DE FRANCO.

En estas páginas hemos indicado en multitud de ocasiones y a través de diferentes autores o protagonistas que la Justicia es el único poder del Estado que no ha dado el paso definitivo hacia la democracia. La sentencia por la que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inhumación de los restos del dictador Francisco Franco es un nuevo ejemplo de ello, dado que ha dado validez jurídica al golpe de Estado que se produjo el 18 de julio de 1.936 y que fue el origen de la Guerra Civil.
En concreto, la sentencia afirma lo siguiente sobre Franco: «El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1.936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1.975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos».
Es sorprendente la incultura que demuestran los magistrados que han firmado esta sentencia. El día 1 de octubre de 1.936 Franco fue investido en la Capitanía General de Burgos con los poderes del Estado del bando nacional. Durante la dictadura ese día fue conmemorado como el día de la «Exaltación de Franco a la Jefatura del Estado» o «Día del Caudillo». Sin embargo, el Jefe del Estado legítimo en aquel momento era Manuel Azaña, presidente de la II República.
Por tanto, el Tribunal Supremo ha validado tanto el golpe de Estado del 18 de julio al aceptar las fechas del bando nacional e ignorar la realidad histórica por la cual el régimen legítimo en 1.936 era el republicano, no los gobernantes del Alzamiento Nacional. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un país democrático? ¿Cómo es posible que se estén utilizando las teorías históricas del revisionismo de extrema derecha por el cual, por ejemplo, la Guerra Civil la inició la izquierda en 1.934? ¿Para el Tribunal Supremo el golpista era Manuel Azaña?
Si ya es grave que la Justicia se pliegue a los deseos de quienes aún glorifican la obra de un dictador fascista y paralice la exhumación de sus restos, resulta contradictorio en un Estado de derecho que el Tribunal Supremo, el máximo órgano de la Administración de Justicia, justifique su decisión en las fechas de la historia franquista.
Sin embargo, estos tintes fascistas no son los únicos. Vemos la pervivencia de los tics autoritarios en las sentencias que vejan a la mujer o la ponen en duda en los casos de maltrato, en la sentencia de La Manada, en la liberación o exoneración inmediata de atentados de la extrema derecha mientras que los protagonizados por la gente progresista son tildados, entre otras cosas, de apología de terrorismo o de injurias a los símbolos nacionales. Lo estamos viendo en la protección que se está dando a los presuntos responsables de la represión franquista y a las vejaciones sufridas por las víctimas de la dictadura.
Otro ejemplo de esa falta de transición hacia una Justicia verdaderamente democrática que sirva al pueblo la encontramos en la multitud de escándalos de las entidades financieras que han dejado a millones de ciudadanos estafados mientras que los presuntos responsables o los propios presidentes de bancos han sido absueltos. Incluso, en algunos casos, se han creado doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que el peso de la ley cayera sobre ellos.
Todo ello sin mencionar la persecución, procesamiento y encarcelamiento preventivo de los políticos catalanes acusados de rebelión o de atentar contra la unidad de la patria.

El problema lo encontramos en que esta justificación o validación de un golpe de Estado que terminó con una dictadura de casi 40 años no será la última porque mientras no haya una reforma a fondo del tercer poder, nuestra democracia seguirá bajo las mismas estructuras que durante el franquismo.

Diario 16 segunda Transición

UN TRIBUNAL SUPREMO VERGÜENZA DE TODOS.,

Juezas y Jueces para la Democracia ha lamentado este miércoles que el Tribunal Supremo haya suspendido temporalmente la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha denunciado la «falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalida» del alto tribunal.

En un comunicado, la asociación de jueces considera que esa decisión confirma «la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron».

Tacha de «insólita» la argumentación del TS, quien explicó ayer que paralizaba los planes del Gobierno, que preveía exhumar al dictador el 10 de junio, para evitar una situación «extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes sino también para el interés público».

Para estos jueces resulta «incomprensible» que se pueda hablar de una coincidencia entre los intereses de la familia Franco y el interés público y resulta también «insólito» que en la resolución se nombre al dictador como jefe de Estado, sin otra connotación.

«Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación», denuncia la asociación.

Consideran estos jueces que la exhumación de los restos mortales del dictador es «una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica» y responde además a un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos.