OTRA MUERTE A LA SOMBRA DE LOS MOSSOS.

 

Otra muerte bajo custodia en Barcelona. Un detenido muere en los calabozos de una comisaria de los mossos en Barcelona. El consejero Espadaler atribuye la defunción a un "posible consumo de estupefacientes." La víctima tenía 33 años. 

 

LA MUERTE BAJO CUSTODIA DEL ARGENTINO, TORROIJA, SIGUE SIN ESCLARECERSE UN AÑO DESPUÉS.

 TORROIJA, EL OKUPA ARGENTINO.

Torroija murió el 14 de julio de 2012 en un hospital de la ciudad catalana de Girona, donde ingresó tres días antes tras un supuesto intento de suicidio cuando estaba detenido en una comisaría acusado de un intento de robo de un auto.  Ni el consulado ni la familia fueron avisados por vías oficiales sobre la muerte de este ciudadano argentino. Según la versión policial, tras su detención el 11 de julio de 2012, Torroija intentó suicidarse en el calabozo pero fue asistido por los servicios de urgencia, por lo que abandonó con vida la comisaría de los Mossos d´Esquadra –policía autónoma catalana- de Vista Alegre, en Girona. El hombre fue trasladado al Hospital Trueta de la misma ciudad, donde murió tres días después.

LA OPOSICIÓN DE IZQUIERDAS.

 

¡¡PANDILLA DE INÚTILES!!

La nueva ley de Seguridad Ciudadana, "la ley mordaza" llega hoy al Consejo de Ministros "suavizada" en medio de "fuertes críticas" de la oposición de izquierdas. Si nadie lo remedia estará lista en lo que canta un gallo, eso sí, con "fuertes críticas" de la oposición de izquierdas. Críticas, críticas, críticas y de ahí no hay quien la saque. Ni esta oposición tiene imaginación, ni valentía ni arriesga un pedo. Siempre esperando a que la calle les haga el trabajo duro.
Si de algo nos está sirviendo esta "crisis" es para comprobar el grado de ineptitud de nuestra Oposición de izquierdas. !Qué comodidad la de sus señorías y qué manera tan indecente de ganarse el sueldo!
j.m.boix

ELECCIONES EN HONDURAS.

Honduras y un fraude que exige urgente respuesta

por Carlos Aznárez

Lo ocurrido este domingo en Honduras es algo bien sabido pero que constantemente se repite para desgracia de los pueblos: las llamadas democracias "formales" representan una maquinaria para sostener las sacrosantas instituciones del capitalismo. Para llevarlo a cabo apelan a fraudes escandalosos, como en este caso, o utilizan la prepotencia policial-militar si fuera necesario, como ocurriera en la misma Honduras en otras oportunidades. 

Era mundialmente conocido que durante los últimos meses, todas las encuestas, inclusive las de la oposición mostraban que el triunfo de la candidata del Partido Libre era irreversible. Xiomara Castro, acompañada por verdaderas movilizaciones multitudinarias había recorrido el país y a su paso no sólo recibía el júbilo clamoroso de sus seguidores, sino todo tipo de improperios por parte de la derecha oficialista. Estos últimos gestos respondían, sin duda, a la contundencia del apoyo popular para el Partido Libre, que prácticamente aseguraban su triunfo.

Sin embargo, las previsiones de fraude no dejaban de ser una amenaza. Lo recordaban ayer mismo varios de los observadores internacionales que con el correr de las horas y al ver que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocultaba miles de actas y consagraban "manu militari" el triunfo al candidato oligárquico Juan Orlando Hernández,  se desesperaban para investigar en qué "Tríangulo de las Bermudas" habían desaparecido esas decenas de miles de votos para Xiomara que cada uno de los fiscales de Libre habían visto en el conteo urna por urna. Incluso, otro de los candidatos, Salvador Nasrala, del Partido Anti-Corrupción, ya ha anunciado su desconocimiento de los resultados emitidos por el TSE, debido a lo descarado del fraude existente.

El gran problema ha residido, y ahora lo reconocen algunos dirigentes de Libre, es haber tenido la ingenuidad de reconocer de antemano a este TSE, cuyos integrantes son los mismos que avalaron el golpe militar de 2009. Se pecó indudablemente de cierta ingenuidad, al creer que quienes durante estos años generaron un golpe de Estado, masacraron al campesinado del Aguán, ampararon el asesinato de periodistas y encarcelaron a miles de hondureños, podían organizar un acto electoral para ser finalmente derrotados. La burguesía no se suicida, y sólo puede ser jaqueada a través de la movilización popular.  Alli reside una de estas contradicciones que casi siempre generan estas democracias no representativas y mucho menos participativas: imponer instituciones amañadas y corruptas, integradas por jueces o funcionarios venales que cumplen a la perfección la consigna de salvar al capitalismo y avalar la represión que sea necesaria para imponer sus designios. 

Fue precisamente ese TSE el que está dando a conocer resultados en los que la gran mayoría del pueblo no cree. Y eso ocurre así, porque el sistema hondureño, ese mismo que en su momento fue "perdonado" injustamente por la gran mayoría de los países latinoamericanos para que vuelva a los foros continentales, dándole la espalda a la heroica Resistencia Popular, no va a ceder ni un ápice frente a quienes desean que se produzcan cambios profundos.

Xiomara Castro ha ganado las elecciones, sin duda, (con una ventaja de alrededor de 5 puntos sobre el oficialismo) pero ocurre que la derecha oligárquica y golpista maneja todos los resortes del poder (ejecutivo, legislativo, judicial, mediático) y puede darse el gusto de generar esta perversa contradicción: la victoria obtenida en las urnas se ha perdido en el escrutinio. No es muy distinto a lo que le ocurrió en dos oportunidades a los seguidores de Andrés López Obrador en México, y ese ejemplo marca también algunas enseñanzas. Lo que se pierde en el fraude comicial es necesario ganarlo en la calle, y sin pérdida de tiempo. Ya lo expresó el referente del Frente Nacional de la Resistencia Popular y del partido Libre, Juan Barahona: "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si nos roban el triunfo, volveremos a lo que hemos hecho siempre, resistir, resistir y resistir en las calles hondureñas".

Xiomara Castro ha ganado y el actual momento no parece que se pueda resolver sólo con denuncias ni con conferencias de prensa, bajo el riesgo de defraudar a quienes tanto han luchado desde aquellas jornadas inolvidables de 2009. Se hace necesario antes que nada preservar la unidad alrededor de  Libre, y por otro lado, que su dirigencia  reconduzca rápidamente el proceso y dé señales claras a nivel nacional e internacional de que está dispuesta a no dejar pasar este nuevo robo a la voluntad mayoritaria de su pueblo. Si se cierran las puertas de la legalidad pseudo democrática, si se trata de imponer una victoria continuista con el desparpajo de manejar un Tribunal fraudulento, al pueblo hondureño no le va a quedar otro camino que la confrontación directa con sus enemigos de clase. Doloroso pero cierto por todas las consecuencias que ello acarrea. Pero hay circunstancias de los pueblos en las que seguir poniendo "la otra mejilla" significa prolongar la agonía.

SÍ, A USTEDES, SEÑORES POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN.

UNA LEY MORDAZA,  UNA LEY DE HUELGA... ¿QUÉ HACE LA OPOSICIÓN ANTE EL MASIVO ATAQUE DEL PP A NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES?

Cabría preguntarse ante la grave y anómala situación política que atravesamos ¿Qué hace la Oposición Parlamentaria? ¿Qué están haciendo nuestros políticos de izquierda y aquellos que se sienten demócratas de corazón ante un Partido Popular que se ha situado claramente en FUERA DE JUEGO al dinamitar la Constitución en solitario, solo con los votos de su mayoría absoluta? La respuesta es fácil: NADA.

Mientras que la calle enronquece y se desangra, mientras el ciudadano sufre la mayor de las agresiones de nuestra historia democrática, mientras el gobierno ejerce su mandato bajo la violencia de la porra y la cárcel, mientras se mina y destruyen los derechos civiles consagrados en nuestra Carta Magna, nuestros políticos continuan impertérritos, con cara de lelos, como si no fuera con ellos, embozados en lo políticamente correcto, en las buenas formas, en los discursos estériles, en las interminables denuncias formales. Aparecen en las televisiones cuando les dejan para dirigirnos frases huecas, mensajes sin ideas, gilipolleces sin futuro, o ese incalificable "y tú más", como consigna salvavidas en el escandaloso basurero de corrupción en que se ha convertido la política en nuestro país. Y se quedan tan contentos de haber "cumplido con su deber" en la defensa de los ciudadanos. No son políticos, son los malos cómicos de esta tragedia, actores secundones de un desgraciado bodevil donde cobran por no hacer NADA.

 

NADA, NADA, NADA. Ninguna reacción novedosa de nuestra Oposición ante el escandaloso acoso y derribo de nuestra Constitución por un envalentonado Partido Popular que va de rey del mambo, y que ya ha cruzado en demasiadas ocasiones la línea roja del juego democrático con la excusa de su  mayoría absoluta. Un Partido Popular que se ha cuidado en controlar un poder casi absoluto en todos los órganos, incluido el Tribunal Constitucional. 

Solo nos queda la Oposición para frenar a este despótico PP, pero la Oposición continúa con cara de póker en un juego parlamentario que adquiere carácter de esperpento ante la gravedad de los hechos y el clamor de la calle. Nuestra Oposición continua anclada en lo cómodo, en lo políticamente correcto, en la normativa borreguil de lo inútil, en la impotencia, sorda ante la hecatombe que sucede más allá de los leones que flanquean el Congreso. Ante esta consigna de comportamiento, el que osa blandir una alpargata, proferir una mala voz, un sanguíneo discurso con las verdades del barquero, es acusado de inmediato de radical, de kaleborrokero u otros vilipendios al uso por los propios compañeros, por los popes del sistema, por la puerca televisión pública y privada, por la prensa subvencionada... Todos están en el secreto para que la voz desesperada de la calle no contamine a nuestros políticos, no entre en su "santa santorum". No quieren políticos, quieren zombis facilones de dirigir y acallar, insensibles a todo menos a sus sillones, a sus carteras y a sus aviones para irse de puente. Padecemos una Oposición culona, inútil, supérflua que sólo la mueve su pútrido egoismo por obtener el poder. Cuánto "peor mejor", hace sus cábalas electorales sin considerar el horroroso sufrimiento que mientras tanto soportan millones de ciudadadanos.

¿Qué va a hacer esta Oposición parlamentaria cuando el PP ponga en marcha con su mayoría absoluta su Código Mordaza que desahuciará a los ciudadanos, no solo de sus casas sino también de las calles? ¿Qué va a hacer cuando esta organización parafascista que nos gobierna apruebe su Ley de Huelga que atará de pies y manos a los trabajadores a la hora de defender sus derechos? ¿Votar NO y a casita que es domingo?

SEAN VALIENTES Y DEFIENDAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES QUE CONSAGRA NUESTRA CONSTITUCIÓN. APOYEN LA CALLE CON UNA HUELGA O AL MENOS CON UN SONORO PLANTE EN EL CONGRESO Y DEMÁS INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE OBLIGUE AL PP A ABANDONAR SU INACEPTABLE DERIVA AUTORITARIA. 

NOS JUGAMOS EL FUTURO.
 

j.m.boix

EL PP QUIERE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL.

 

Hay torturadores que amordazan a los torturados para no escuchar sus gritos de dolor. El PP prepara su nuevo Código mordaza para no escuchar los gritos desesperados de sus víctimas.

Examen del nuevo Código Penal. Las modificaciones más peligrosas para la democracia.

Foro de abogados de Izquierdas. Antonio Segura, Juan Moreno y Miguel Angel Garrido.

Una reforma al servicio del capital y las fuerzas de seguridad. En pocas palabras esta sería una buena forma de definir el significado de la reforma del Código Penal que ha remitido a las Cortes el gobierno del Partido Popular, una reforma que no pasará desapercibida y que, desgraciadamente, padecerán las clases populares y aquellos que osen contestar en las calles las políticas antisociales de la Troika, la banca y su gobierno faldero.

Ya desde su remisión como anteproyecto de ley ante el Consejo de Ministros, no se ocultaba uno de los fines más inmediatos de la contrarreforma, y así lo exponía el Ministro Gallardón: “reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia callejera”. Es evidente la utilización instrumental en defensa de la clase dirigente que cualquier régimen hace no solo de las instituciones, sino además de los propios instrumentos jurídicos como los códigos penales. Lo curioso de este caso es que se viene a legislar previendo lo que, a ojos del propio gobierno, se nos viene encima: más recortes de derechos, más miseria, más desahucios, más violaciones a los principios que inspiraron la Constitución y más respuesta democrática de los ciudadanos en la calle. Es esa presunción la que obliga a los dirigentes de este régimen en decadencia a fortalecer sus mecanismos de coerción ante esa nueva realidad social y a reprimir con mayor dureza las infracciones derivadas de la pobreza y el estado de necesidad económica. Y todo ello lo hace dentro de esa lógica neoliberal que en nuestro Estado tiene una deriva franquista, que es la de reprimir sin contemplación al ciudadano que se resista, aún pacíficamente, a los mandatos de la dictadura político-financiera que pretende capitanear la sociedad de los próximos años.

Será delito hurtar una barra de pan

Por un lado, del nuevo Código Penal cabe destacar la desaparición de las faltas, una medida que el gobierno presenta como de racionalización de la administración de justicia, pero que va a suponer una mayor criminalización de determinadas conductas relacionadas con la penuria económica y los pequeños problemas comunitarios. Así, el mero hecho de hurtar un paquete de arroz, trabajar como mantero o conectarse sin autorización a la red eléctrica de Iberdrola pasará a ser delito, aunque sea leve, lo que en la práctica significa la facilitación de la detención en comisaría de la persona denunciada, un aumento de la pena y la generación de antecedentes penales. Sobre la cuestión del aumento de las detenciones, hay que recordar que a día de hoy la mera imputación de una falta nunca puede justificar la detención por parte de la policía si existe capacidad de identificación de la persona denunciada, situación que se revierte con la reforma, ya que la conversión de muchas faltas en delitos leves abre la puerta a que la mera imputación de dicho delito leve conlleve la detención de la persona y su confinamiento en una celda de la comisaría más cercana.

Además, la supresión de determinadas faltas y su definitiva remisión a la jurisdicción administrativa, como la anacrónica de falta de respeto a un agente de policía, va a suponer un incremento de la sanción que impone la administración y dificultar el acceso a la revisión judicial, ya que el actual sistema de tasas judiciales va a imposibilitar o desincentivar a las clases populares el recurso judicial ante las decisiones arbitrarias de la administración.

Acallar la protesta social

Por otra parte, además de esta mayor criminalización de la pobreza, la reforma tiene como objetivo el de acallar la protesta social. Es un paso más, pero profundo y ajustado a las necesidades de represión ante una mayor movilización y organización de la ciudadanía y sus medios de lucha, respuesta represora que encaja en lo que desde hace años se ha venido llamando derecho penal del enemigo. Otros gobiernos ya han venido utilizando este instrumento de la misma manera, como la famosa “ley Corcuera” diseñada para reprimir los derechos y libertades y garantizar la impunidad de las actuaciones desproporcionadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque en esta ocasión se va más lejos castigando severamente todo tipo de discrepancias con los agentes de policía. Es innegable que las mayorías absolutas favorecen dichos retrocesos, pero no es menos cierto que todos los gobiernos desde la proclamación de la Constitución vigente han apuntado en esa dirección de restringir los derechos que en la misma sólo se definen sobre el papel.

Este proyecto de código va un paso más allá, ya que pretende criminalizar incluso la opinión y el pensamiento. Si el Código Penal hoy vigente solamente castiga acciones u omisiones, con la contrarreforma se pretende castigar el mero uso de consignas y mensajes, incluidos también los de carácter político. Cómo si no se puede interpretar que en el nuevo Art. 559 CP se sancione como delito “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557CP Bis, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Indudablemente se quiere punir a los que simpaticen con las luchas sociales, en especial a los usuarios de las redes sociales que difundan convocatorias disidentes con el poder establecido.

Con el actual Código Penal en la mano, en teoría, los jueces de este país no pueden sancionar los llamamientos a participar en una manifestación no comunicada que pretenda, por ejemplo, mostrar su rechazo contra la monarquía cortando el tráfico en el Paseo de la Castellana, siendo excepcionales, y deplorables, los casos de algunos jueces y fiscales que así lo intentan. Pero con esta nueva redacción se abre la mano a que la policía y la fiscalía persigan y los jueces condenen este tipo de conductas que se desarrollan en diferentes redes sociales, lo que a todas luces puede ser inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que, de aprobarse definitivamente este proyecto de nuevo Código Penal, cientos de ciudadanos podrán pasar por la comisaría por el sólo hecho de haber repartido o distribuido propaganda para el ejercicio de derechos fundamentales. Y lo peor, poco podemos esperar del Tribunal Constitucional, presidido hoy por un (ex)militante del PP, como órgano que vele por nuestras garantías constitucionales y declare inconstitucional dicho precepto.

Un paso pues que nos lleva a un tablero de juego más parecido al de una dictadura que al de una democracia, y por ello es necesario una oposición clara a esta reforma, una toma de conciencia de lo que significa y de organizar a la ciudadanía y a los interlocutores jurídicos, jueces, fiscales, abogados etc. que creen en la democracia con independencia de su ideología para crear una respuesta contundente a este atropello, a este golpe contra nuestro sistema de libertades, ya de por sí frágil, pero que con la aprobación de esta contrarreforma prácticamente desaparece.

Esta reforma muestra cómo el poder carece de soluciones para salvar el Estado social, porque no está entre sus objetivos, por lo que no tiene más remedio que acabar también con el Estado democrático y de derecho. La sociedad en su conjunto está obligada a reaccionar, empezando por el poder judicial que se va encontrar en la encrucijada de demostrar si forma parte de la solución o del problema, si quiere ser activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos o indiferente ante los abusos de los derechos de las personas. Y, en este momento, la indiferencia sólo puede ser interpretada como complicidad.

EL IMPRESENTABLE.

Durante la conferencia inaugural de la CII reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, auténtico vestigio de la España negra, no ha dicho ni pruna sobre el sufrimiento que está atravesando las capas más pobres de la población, ni tampoco ha levantado la voz ante tanta injusticia. No ha mostrado deferencia alguna con las cientos de miles de familias con niños que se quedan en la calle,  ni sensibilidad con los millones de criaturas sin trabajo y sin futuro... 

No,  al señor Rouco no le interesan estas cantinelas de pobres, sólo le obsesiona defender la familia ––me imagino que la de los pudientes––, exaltar el matrimonio como concepto cristiano que hay que negarle a gays y lesbianas, condenar el aborto como el derecho de los niños a nacer, aunque sea a un mundo de privaciones y hambre. Y !como no!, defender la UNIDAD DE ESPAÑA como buen nacional católico que es. 
Rouco Varela también exaltó la Beatificación de 522 mártires —que "se vieron dramáticamente inmersos en la noche del ateísmo del siglo XX"— en Tarragona y definió la jornada como "un domingo luminoso que hará historia".

Curas practicando la "cultura de la muerte" en la "noche del ateísmo del siglo XX.

De esta forma, advirtió de "la cultura de la muerte que ensombrece los grandes logros del mundo moderno" y de "las ideologías inmanentistas del siglo XX" que "sembraron Europa y el mundo entero de millones de víctimas y de mártires" y que "no han cedido todavía el paso a un verdadero humanismo".
Total, un preboste ejemplar, muy acorde con nuestra iglesia de siempre. 
 j.m.boix

LIBERTAD PARA AGUSTÍN ESONO, ENCARCELADO EN GUINEA.

Agustín es profesor, propietario y director de un colegio en Bata.

Además, es sobrino de un cofundador del partido político de oposición Unión Popular que murió en 1993 tras ser torturado por la policía.

Hoy, la historia se repite. Agustín también ha sufrido torturas: golpes con porras en ambas muñecas, en las plantas de los pies y en la cabeza, llegando a perderla audición en el oído izquierdo.

Mañana, la selección española de fútbol jugará un partido amistoso en Guinea Ecuatorial. Y mientras tanto, en una prisión del país, Agustín Esono estará jugando otro partido por conseguir su libertad.

¡Firma hoy! Ayúdale a ganar este partido.

http://email.es.amnesty.org/HS?a=ENX7CqhpyIPx8SA9MKJsRJPnGHxKLg-Ve_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdA2xlLs

 

 

"ROCIO", EL DOCUMENTAL MALDITO DE LA TRANSICIÓN.

                             El documental "ROCIO", censurado y amputado en la Transición.


Ricard Vinyes. Historiador.

En algún día de 1976 un hombre y una mujer cruzaron la frontera que divide Portugal y Andalucía. Llevaban consigo algo del dinero recaudado en el Centro de Intervenção Cultural de Lisboa con la programación de cine político prohibido que organizaban regularmente para los españoles que, desde las zonas cercanas a Portugal, se desplazaban a su capital para conocer la filmografía que la dictadura excluía en las salas de su país. Hombre y mujer cruzaron la frontera porque llevaban en la cabeza diversos proyectos de intervención cultural que deseaban desarrollar en el contexto efervescente de aquel 1976. Entre esos proyectos habitaba una estrella: realizar un documental sobre la romería mariana del Rocío. El resultado marcó sus vidas, nos orienta hoy en la comprensión de los procesos sociales relativos a la memoria pública, y testifica sobre las zonas grises de nuestro Estado de derecho. Todo eso ha generado Rocío, el documental que Fernando Ruiz Vergara construyó con el guión y la gestión de Ana Vila, con la recaudación derivada de aquellos ciclos de cine político prohibido, y con la aportación de amigos diversos en su papel de humildes y entusiastas mecenas de a pie.
Averiguaron las raíces de la romería, su razón y su vida sostenida por la actividad militante de sus Hermandades, la relación que estas habían mantenido, por medio de la religiosidad popular, con los mecanismos de poder social, cultural y político locales, su función en la República, en la guerra.
Almonte. Allí se instalaron en busca de testigos diversos. Las pesquisas levantaron incomodidades porque cruzaban la omertá. Anduvieron caminos que rebasaron silencios llevados de la mano de informantes generosos; fueron al lugar y el momento más sagrado donde la comunidad se encuentra siempre, un entierro, y allí les mostraron, uno a uno, el rostro y el nombre de los que habían participado en la represión directa de la localidad aprovechando la sublevación militar de 1936, que conllevó un centenar de asesinatos fraguados en la cólera de la élite agraria local por la pérdida de poder político y autoridad, y por su rechazo a la redistribución de la tierra preparada por la legislación republicana. A pesar de ello, esta élite, con don José María Reales Carrasco al frente –su alcalde en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y fundador de la Hermandad del Rocío de Jerez– siempre habló de agravios a la virgen, de humillaciones en forma de azulejos retirados del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Banderas marianas y voces devotas alzadas para encubrir conflictos de intereses.
El documental de Ruiz Vergara y Ana Vila creció aunque José María Reales Cala –alcalde franquista en tiempos e hijo de Reales Carrasco– les advirtió que tuvieran cuidado con lo que hacían.
Rodaron a lo largo de 1977, y al año siguiente montaban la cinta con una escena donde un testigo, Pedro López Gómez, evocaba a Reales Carrasco como uno de los responsables de los asesinatos políticos en Almonte. Ruiz Vergara, consciente del problema que podía acarrear aquella información, omitió el nombre en la banda sonora y colocó una cinta negra sobre los ojos de Reales Carrasco cuando aparecía la fotografía de su rostro en pantalla.
En 1980 la cinta estaba lista, y el 18 de julio el cine Astoria, de Alicante, la ofrecía al mundo. La andadura fue mal, nadie quería exhibirla en Andalucía. Sin embargo, en octubre, el I Festival Internacional de Cine de Sevilla galardonaba Rocío. Fue entonces cuando las amenazas se tornaron realidad. El 23 de febrero de 1981, 19 días más tarde de la exhibición de Rocío en el cine Bellas Artes, de Madrid, José Mª Reales Cala interponía una querella por injurias graves a la memoria de su padre, ya que aparecía como un instigador al asesinato político. El juez ordenaba el secuestro de la película.
El juicio se celebró el 15 de junio de 1983. Durante el proceso, el tribunal desestimó la declaración directa de 17 testigos dispuestos a ratificar las palabras de Gómez Clavijo. Tras sendos recursos, la condena dispuso dos meses de arresto, 50.000 pesetas de multa, más diez millones en concepto de responsabilidad civil a entregar a la familia por injurias graves y la prohibición de exhibir el documental si no era suprimido el fragmento donde aparecía la fotografía de Reales Carrasco. Los detalles los cuenta Alejandro Alvarado en un excelente trabajo académico de la Universidad de Málaga para quien quiera conocerlos. De esta investigación de Alvarado saco la cita de los considerandos con los que Luis Marzal Vivas, ponente del Tribunal Supremo, argumentó la ratificación de la condena: “Es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo”.
Como es habitual en todo lo relativo a la memoria de la violencia política, el conflicto no reside en el acto cometido, sino en rememorar al perpetrador de lo acontecido e incorporarlo a la memoria pública. Eso es lo que testifican Rocío y su castigo. Fernando Ruiz Vergara falleció el pasado 12 de octubre en Escalos de Baixo. Entretanto, Rocío vive, y en el relato de su peripecia enseña la dureza de los conflictos derivados de la evocación memorial y la coincidencia de la Justicia en la aplicación de una doctrina oficial no escrita que hiere la memoria democrática. Rocío testifica el modelo de impunidad establecido desde la instauración del Estado de derecho: salvaguardar la reputación de los perpetradores, no sus actos, históricamente asumibles. (Publicado en el diario Público.es 2011)

SEÑORES JUECES, VÁYANSE A CASA.

Diario Público.es

El fiscal rechaza imputar a la infanta Cristina al no ver indicios contra ella

Pedro Horrach se pone la venda antes que la herida y advierte de que si hubiera detectado una conducta criminal en la hija del rey "hubiese instado los mecanismos judiciales legalmente procedentes". Niega que haya pruebas de que conociera que Aizoon fuera una sociedad pantalla para defraudar: "Se trata de una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida sólo en el ámbito de la rumorología". Diario Público.es

La ciudadanía se está gastando un dinero que no tiene en mantener un sucedáneo de justicia que produce arcadas. Déjenlo, señores jueces. Dejen de hacer el paripé y váyanse a casa. Ya están los fiscales para hacer "justicia". Déjenlo, por favor y nos evitaremos más sonrojos y sofocos. j.m.boix

EL DIARIO EL PAÍS ES UNO DE ELLOS.

Ayer, el editorial de EL PAÍS lo dedicó al rifirrafe ocasionado por el diputado de la CUP y su ya célebre alpargata. En él, lejos de censurar el cinismo de Rodrigo Rato en su comparecencia en el Parlamento Catalán donde aseguró que él no ha tenido nada que ver con los robos y saqueos de Bankia, la editorial de este diario "progresista" arremetió contra todos aquellos diputados que dedicaron palabras gruesas al "insigne" invitado. 

"Matonismo" fue el titular de tan brillante editorial, que trató de demagogos a los diputados, ensañándose especialmente con David Fernández por amenazar al financiero con una sandalia y por llamarle gánster.

Con esta editorial queda clara la

AFINIDAD DE EL DIARIO EL PAÍS CON EL CORIFEO DE SINVERGÜENZAS QUE DEFIENDEN LA "DIGNIDAD" DE LOS GANSTERS Y ATRACADORES DE ESPAÑA.

Fdo. Un demagogo al que han  ATRACADO  1.846,67 euros para cubrir la parte alícuota de los más de treinta mil millones robados y estafados por los Rato, los Blesa y demás "dignos" sinvergüenzas.

RODRIGO RATO Y LA SANDALIA DE LA CUP.

               El diputado de la Cup, David Fernández

HOY, MILLONES DE ESPAÑOLES EXPOLIADOS POR LA MAFIA ECONÓMICA DE ESTE PAÍS HAN PODIDO DECIR LO QUE PIENSAN DE RODRIGO RATO POR BOCA DE ESTE HOMBRE.

Más parlamentarios así, que acaben con el mamoneo, necesitamos.

LA MALDAD DE CHEVRON.

Presidente Rafael Correa denunció en la UNESCO el desastre ambiental causado por Chevron en Ecuador.

En un juicio entre privados, Chevron, la tercera petrolera más grande de Estados Unidos, fue denunciada hace veinte años por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación.

Recordó que Chevron se pasó la década pasada luchando para que no se la juzgara en cortes judiciales de Nueva York –domicilio de la empresa- sino donde se había cometido la infracción, es decir en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

El mandatario explicó que como la petrolera perdió el juicio en Ecuador (por lo que fue obligada a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares) se dedicó a destrozar a las cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creían que podían comprarlas.

Además, la transnacional ha gastado centenas de millones de dólares en una campaña de desprestigio contra Ecuador y ha demandado al Estado, en base a un tratado de protección recíproca de inversiones firmado con Estados Unidos.

El presidente Correa recalcó que el tratado no aplica para un juicio entre privados y que este fue firmado en 1997. Texaco dejó el país en 1992 y las leyes ecuatorianos no tienen carácter retroactivo.

“En forma inaudita, el Tribunal Arbitral (de La Haya) se declara competente y, más aún, ordena detener la sentencia dictada por cortes ecuatorianas contra Chevron”, expuso.

“Además de la monstruosidad jurídica que representa el aplicar retroactivamente un tratado, es necesario anunciar al mundo cómo estos tratados atentan contra nuestras soberanías, cómo esos centros de arbitraje están absolutamente cooptados por las transnacionales, y cómo en este orden mundial tan injusto el capital tiene más derechos que los seres humanos”, manifestó.

El Presidente Correa habló ante representantes de 195 países miembros y ocho asociados de la Unesco.

CASO CHEVRON EN ECUADOR
El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana

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Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó a principios de 2011 que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
.En una suerte de furia incontenida, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones.
.La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, PERO TIENE A SU FAVOR QUE ECUADOR NO HAYA FIRMADO EL TLC CON EEUU y así puede continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
 

Son 33.000 los pobladores que demandan una indemnización. Industria petrolera inició extracción y contaminación en la década del 70
La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.
Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
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Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.
Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.
No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.
LAS VÍCTIMAS
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Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.
Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.
James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.
En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.
 

"EMPRESA PARADA, EMPRESA EXPROPIADA".

El fascista loco, Capriles, instigador de los graves problemas de desabastecimiento en Venezuela, con el Papa.

VENEZUELA.

Marcha contra la Corrupción y la Guerra Económica, hasta la sede de Fedecámaras

Venezuela: "Empresa parada, empresa expropiada" decretó el pueblo en la calle.

Marcha contra la corrupción y la guerra económica convocada por la Central Bolivariana socialista de Trabajadores

Marcha contra la corrupción y la guerra económica convocada por la Central Bolivariana socialista de Trabajadores

Las situaciones son distintas, pero los elementos comunes evidencian que se está siguiendo el mismo recetario elaborado por los chefs de Quántico, sede de la CIA, en Langley, Virginia, cerca de Washington D.C., con la colaboración de sus hermanos de la NSA, en la llamada Guerra Económica contra Venezuela y lo que sucedió en Chile, meses antes de la caída y asesinato del presidente Salvador Allende. Las Realidades son distintas, pero se están aplicando las mismas tácticas.

Escasez de alimentos de primera necesidad, desaparición del papel higiénico, acaparamiento, que no solo debe ser castigado con el decomiso de la mercancía, sino, meter en prisión a los culpables de todos los niveles, tanto a los que lo ejecutan como a quienes lo promueven y planifican. Hace falta investigación profunda por parte del Sebin e Inteligencia Social, para neutralizarlos.

Además, el Gobierno Nacional debe informar a la opinión pública, al pueblo, sobre los mecanismos que están usando estos enemigos públicos, traidores a la patria, en la Guerra Económica, para poder detectarlos y frenar su arremetida feroz. Un pueblo informado es el mejor aliado de si mismo.

Existe un evidente paralelismo, no hay espacio para la duda, estamos siendo atacados.

Como parte de la reacción ante esta situación, se efectuó el jueves 31 de octubre, la marcha contra La Corrupción, contra la Guerra Económica convocada por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que comenzó partiendo de la Torre La Previsora dirigiéndose hacia la sede de Fedecámaras en la urbanización El Bosque, pasando por PDVSA en la avenida Libertador.

Llovieron las recomendaciones al presidente Nicolás Maduro para que se mantenga firme en su lucha: "Que sí se puede, que cuente con el apoyo del pueblo, que se apliquen las leyes y que ponga mano dura contra la Guerra Económica y La Corrupción."

"Empresa parada, empresa expropiada" se oyó, entre otras consignas expresadas en esta marcha. Seria advertencia contra quienes pretenden crear caos y pescar en río revuelto.

Frente a la sede de PDVSA, en la avenida Libertador de Caracas, se vio pasar un río humano que se dirigía a la vecina sede de Fedecámaras, a protestar contra del acaparamiento, en contra de Fedecámaras y en contra de la Guerra Económica que está padeciendo el pueblo, parte de la guerra de cuarta generación, con la cual las fuerzas conservadoras pretenden volver al poder.

"Porque le estamos haciendo frente a las pretensiones de la oligarquía y los sectores privados, de arrodillar al pueblo cada vez que hay unas elecciones, de hacernos un saboteo económico, desaparecer los productos de la cesta básica de nuestros supermercados. Hoy la masa obrera unida, quiere hacerle el frente a esas pretensiones de esos saboteadores de oficio...", señaló Gerardo Velázquez de la gerencia de Calidad de Vida de PDVSA"

Por otra parte, oímos: "...y tu Fedecámaras, ten cuidado, porque el pueblo está alzado", dijo con énfasis Amada García del Frente Nacional de Campesinos y Pescadores Simón Bolivar y Coordinadora Ejecutiva de asuntos internacionales de la Central Bolivariana Socialista del Campo y de los Trabajadores de la ciudad, el campo y la pesca.

"Ahí están, esos son, los que roban la nación. Ahí están, esos son, los que roban la Nación" gritó la masa, mientras señalaban al edificio sede Fedecámaras.

 aporrea


DOCUMENTO EVIDENCIA UN PLAN DE DESESTABILIZACIÓN.

por Eva Golinger

En los últimos meses, el Gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado múltiples incidentes de sabotaje contra el sistema eléctrico junto a una campaña continua para subvertir la economía de la nación. Una mayoría de medios de comunicación a nivel internacional además de medios privados dentro de Venezuela, se han burlado de las graves denuncias del presidente venezolano, y en su lugar han intentado responsabilizar al Gobierno de los daños causados al país. No obstante, un documento interno de tres organizaciones de Colombia y Estados Unidos evidencia un plan macabro contra el Estado venezolano para provocar violencia —incluso muertos— con la intención de justificar una intervención internacional antes de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre.

  El documento, titulado 'Plan Estratégico Venezolano', fue preparado por la Fundación Internacionalismo Democrático del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, junto con la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense de consultores FTI Consulting. Su fecha de redacción fue el 13 de junio de 2013, durante una reunión entre representantes de estas tres organizaciones, dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Avelado, el experto en guerra psicológica, J.J. Rendón, y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) para América Latina, Mark Feierstein.

El plan estratégico de desestabilización contra Venezuela tiene el fin principal de debilitar al Gobierno en el marco de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre, tal como lo articulan en el texto: "Los objetivos planteados en el presente plan se enmarcan esencialmente hacia las municipales previstas para el 8 de diciembre, al mismo tiempo que incluye el desgaste acelerado paulatino de la gestión del Gobierno facilitando el triunfo supremo de la oposición para ese evento". Y agregan: "pero si fuera antes, mucho mejor".

El documento también detalla la estrategia para sabotear al sistema eléctrico en Venezuela con el objetivo de responsabilizar al Gobierno de las debilidades de la infraestructura del país y de esa manera proyectar una imagen de crisis de Venezuela a nivel internacional. Como parte del plan, los autores proponen "mantener e incrementar los sabotajes que afecten los servicios a la población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan culpar al Gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias". Desde entonces, apagones y otros cortes eléctricos han afectado a diferentes regiones por toda Venezuela, causando un gran descontento general, y resultando en una percepción negativa del Gobierno. Hace poco, autoridades venezolanas detuvieron a varias personas involucradas en sabotajes al sistema eléctrico y a finales de septiembre el presidente Maduro expulsó a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por su presunto papel en los planes de desestabilización. 

En la sección titulada "Acciones", los autores del documento detallan sus próximos pasos para desestabilizar al Gobierno venezolano. Además de "perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique Capriles", el candidato presidencial derrotado por Maduro, hablan de "generar emoción con mensajes cortos pero que lleguen a mayor cantidad de personas, donde retomen los problemas sociales, provocando el descontento social. Incrementar los problemas con el desabastecimiento de productos básicos de la canasta alimenticia". 

En los últimos meses, Venezuela ha experimentado problemas de desabastecimiento de productos básicos, como papel higiénico, azúcar, leche, aceite, mantequilla y harina, entre otros. Las autoridades venezolanas han incautado toneladas de estos productos dentro de almacenes que pertenecen a empresarios vinculados con la oposición. También han confiscado grandes cantidades de estos productos en la zona fronteriza con Colombia, donde son vendidos como contrabando.

Según el documento, "El 'Plan estratégico venezolano', consensuado con dignos representantes de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, se orienta hacia estos objetivos con el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales en función de que se le devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14 años". 

Durante los 14 años de gestión democrática del presidente Hugo Chávez las amenazas contra su Gobierno abundaban y los planes de desestabilización nunca acababan. Luego del fracaso del golpe de Estado en su contra en 2002, que fue organizado y apoyado desde el Gobierno de Estados Unidos, hubo numerosos intentos de derrocarlo a través de sabotajes económicos, intervenciones electorales, planes de magnicidio, guerra psicológica, financiamiento multimillonario a las fuerzas opositoras desde el exterior y un plan de aislamiento internacional que finalmente no tuvo éxito. 

Una de las caras visibles de los intentos de desestabilización contra el Gobierno de Chávez fue el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario colombiano finalizó su presidencia en 2010 haciendo un llamamiento para una intervención internacional en Venezuela con la intención de destruir al presidente Chávez y su Revolución Bolivariana. Uribe se dedicó durante los años siguientes a difamar al presidente Chávez y su Gobierno y a fortalecer los vínculos con sectores antichavistas dentro y fuera de Venezuela.

El fallecimiento del presidente Chávez en marzo 2013 no impidió a Uribe continuar sus acciones contra Venezuela. Con la elección de Nicolás Maduro a la presidencia y la continuación del proceso socialista comenzado por Chávez, Uribe seguía con sus planes de ataque contra Venezuela.

Ahora este documento interno, producto de un encuentro de sectores de la ultraderecha de Colombia y Venezuela, junto a representantes del Gobierno estadounidense, demuestra los planes de desestabilización en marcha contra el Gobierno de Maduro.  

Como parte de este peligroso complot contra Venezuela, los autores proponen "crear situaciones de crisis en las calles que faciliten la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del Gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o heridos".  

Venezolanos, representantes de la oposición, están trabajando conjuntamente con fuerzas externas para provocar la muerte de ciudadanos inocentes en su propio país con la intención de promover una invasión militar contra su nación. Esto representa una grave amenaza —y un vil crimen— contra la soberanía de Venezuela.

Por último, además de promover el impulso de una campaña internacional para marginar, deslegitimar y desacreditar al Gobierno de Maduro a través de medios de comunicación y voceros de la derecha, el documento recomienda "una insurrección militar" contra el "Estado venezolano". Proponen "contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al Gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. (...) Es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección contra el Gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera o un levantamiento civil".

Este documento evidencia y confirma la veracidad —y la gravedad— de las denuncias realizadas por el presidente Nicolás Maduro. Venezuela está bajo ataque, como lo ha estado durante los últimos 14 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana y el rescate de la soberanía, independencia y dignidad del país. No hay que olvidar que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo. Los poderosos intereses que desean controlar esos ricos recursos no pararán hasta lograr su objetivo.

                                             

EE UU asegura que la NSA “respeta la privacidad de los españoles”

COLEGIOS PRIVADOS. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Boixfer

URGE UN DEFENSOR DEL VOTANTE.

noviembre 6, 2013 

Tal y como se han puesto las cosas, y la falta de respeto de los partidos ––unos más que otros–– ante ese contrato social con la ciudadanía que supone los programas con los que se presentan a las elecciones, es urgente y necesario que a igual que el defensor del consumidor, o del pueblo, exista otra figura que defienda a los votantes cuando estos se consideren estafados por cualquier formación política.

Este representante debería ostentar la categoría de fiscal. Claro está, un fiscal independiente de los partidos políticos que ponga algo de autoridad y sancione el cachondeo que se llevan los partidos políticos con los votantes a la hora de presentarse a las elecciones con programas que nunca van a cumplir.

La escandalosa actitud del PP, poniendo en práctica un anti programa del que presentó, engañando así a más de once millones de votantes es algo que no puede volver a repetirse, porque si ya de por si nuestra democracia es de pésima calidad, el incumplimiento de los programas electorales la hace del todo inservible. 

j.m.boix

ESCALADA REPRESIVA EN URUGUAY.

Casa por casa, están tratando de detener a conocidos e históricos militantes populares,

críticos al gobierno de Pepe Mujica y a su poder judicial.

Jorge Zabalza, es uno de los buscados por la represión

La justicia del gobierno de Pepe Mujica ha desatado una verdadera escalada represiva contra militantes populares. Nos informan en carácter urgente desde Montevideo, que han comenzado las detenciones de varios militantes (muchos de ellos históricos en la lucha de resistencia anti dictatoria de Uruguay) debido a que se los acusa de haber participado en un acto masivo de defensa de una jueza (Mariana Motta) que en su momento fue despromovida por la Corte Suprema, debido a su insistencia en juzgar a los militares genocidas. No sólo se avaló de esta manera la impunidad, sino que ahora pretenden encarcelar a los luchadores antifascistas uruguayos, entre los que se encuentran quien fueran integrante de la dirección de los Tupamaros, Jorge Zabalza, la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites (también ex prisionera tupamara), los hermanos Jaume, Patricia Borda y otros militantes.

Damos a conocer el comunicado enviado a nuestra redacción por el Colectivo de Noticias Uruguayas, dando detalles de este nuevo ataque represivo por parte de un gobierno que no sólo se entrega atado de pies y manos a las trasnacionales, pacta acuerdos militares con EEUU, sino que ahora avala este tipo de comportamiento de una Corte Suprema integrada por conocidos jueces ligados a posiciones ultra reaccionarias.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !!

A COMBATIR EL FASCISMO !!

La Policía esta deteniendo a los siete rehenes elegidos por el Ministerio del Interior, es decir por el Gobierno de Mujica, como represalia por el apoyo a la Jueza Mariana Mota asi como el rechazo a su traslado hecho este condenado internacionalmente y aún por el Observador de la ONU. Los siete rehenes son todos militantes sociales, sindicales y de los DDHH. No hay equívocos: el Gobierno pretende aplastar al movimiento de los DDHH con el fin de aplicar la promesa de Mujica cuando asumió la Presidencia, liberar a "los viejitos", es decir a los criminales de lesa humanidad ya condenados.

Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a toda la legislación internacional en la materia, asi como también se enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas.

Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto el Frente Amplio.

Las tareas de la hora implican:

- SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS,
- RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION
- DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema Corte como por el Gobierno.

LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY, solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas, etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta, difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del movimiento popular.

IZQUIERDA ABIERTA DA PORTAZO A UN FRENTE COMÚN CON EL PSOE.

noviembre 6, 2013 in Noticias.

No han pasado cuarenta y ocho horas de la publicación de mi último post, “La carta de unos conversos oportunistas” cuando se publica en el País la cotundente negativa del grupo de Llamazares a toda veleidad de formar un frente común de la izquierda con el PSOE, al que critica de manera muy dura y al que excluye de cualquier “frente amplio” de izquierdas por ser “cómplice y muñidor” de la “deriva antisocial de España”.

También esta organización, que forma parte de la coalición de IU, ha querido dejar claro que es totalmente ajeno a la decisión “unilateral” de los compañeros que han suscrito la carta de acercamiento al PSOE y que rechazan por considerarla una falta de respeto para los militantes de la propia Izquierda Abierta que trabajan por el engrose y pluralidad de Izquierda Unida.

Con esta reacción, la dirección de  Izquierda Unida pega el portazo a la posibilidad de colaborar en la Conferencia Política del PSOE y afea de manera terminante la actitud del grupo firmante de la carta. La formación que lidera Gaspar Llamazares es tajante al justificar la exclusión de partido socialista en ese proyecto común de la izquierda porque solo hay que observar lo que ha hecho y hace en Andalucía, “justificando importantes recortes” y con el “rechazo a la regeneración política en Asturias”.

Por mi parte nada tengo que decir excepto aplaudir esta rápida reacción de Izquierda Abierta, desautorizando a los amigos de ese eterno mamoneo con los socialistas del que todos estamos ya bastante hartos.

j.m.boix

CARTA DE UNOS CONVERSOS OPORTUNISTAS.

noviembre 5, 2013 Artículo de Opinión 

José Manuel Boix 

Gente de conocido pelaje ha enviado una Carta Abierta al PSOE para contribuir a ese apaño de imagen que va a suponer su Conferencia Política. La carta la firma entre otros, el exjuez Baltasar Garzón y ex miembros de las altas diecciones de IU próximos a Gaspar Llamazares. Y ante esto me pregunto ¿por qué aupar a esa moribunda y corrupta social democracia en vez de aunar esfuerzos y apoyos a una Izquierda Unida que prospera por momentos? 

Gaspar Llamazares ya promovió dentro de IU esa otra historia llamada Izquierda Abierta, quizás con la pretensión de sumar una afiliación no comunista que rompa con la hegemonía del PCE en la organización. De esta manera no termino de comprender como ahora sus peones, exdirigentes de la organización, apuestan por esa pretendida renovación socialista que ya empieza a oler a cadáver antes de nacer. ¿Acaso estamos ante la punta de lanza de una posible gran coalición de izquierda para las próximas elecciones? El leitmotiv sería el viejo sonsonete de “derrotar a la derecha”. Aunque tal cosa supone andar a vueltas con la misma mierda de siempre. ¿Acaso el PSOE es una organización de izquierda? Evidentemente los personajes que suscriben el escrito no son lerdos y conocen perfectamente donde se meten. Y también pueden adivinar que nada o poco puede hacer el PSOE por su propio cambio, o por dejar de ser ese alter ego amable del PP que tanta confusión y daño a hecho a la evolución política y democrática de este país. En la misiva los firmantes juegan de nuevo con la carta del “progresismo”, pero esta vez no cuela si ese pretendido progresismo no le mete mano de una vez por todas a las estructuras económicas de poder en este país, tradicionalmente muy bien avenidas con el partido socialista.

Después de lo expuesto solo puedo explicarme esta Carta de acercamieto al partido socialista como la de unos conversos a la búsqueda del beneficio personal. Y me refiero a los firmantes procedentes de Izquierda Unida, porque el exjuez ya sabemos a lo que va. Y que nadie se escandalice de lo que digo porque ya hemos sufrido demasiados ejemplos de estas praxis en nuestra corta historia democrática, desde Santiago Carrillo y todos aquellos comunistas que se pasaron a la social democracia en busca de poder y mamela.