MÁS ENCARCELADOS SIN JUICIO.

La fiscalía del Régimen monárquico va enloquecida por emparentar a los CDR catalanes con ETA y el terrorismo.

La embestida judicial de la Guardia Civil con un relato poco creíble y en algunos casos ridículo que ha hecho suyo la fiscalía ya ha tenido las trágicas consecuencias de siete detenidos y encarcelados y dos más al caer más los que, supongo. vendrán después.

Estamos en la misma situación que los que llevan  encarcelados sin juicio dos años (Junqueras y compañía), acusado el primero de "rebelión y sedición" acompañado de violencia.

Los jueces y fiscales del régimen parecen estar juzgando los acontecimientos en función de una venganza que debe actuar como un severo castigo que no olviden fácilmente los catalanes. Ahora les ha tocado el turno a los comités de defensa de la república (CDR).

Entre estos siete últimos encarcelados hay un compañero de artes gráficas de cincuenta años y en paro al que el fiscal ha acusado de ser el responsable de un grupo dedicado a fabricar bombas. No han encontrado ningún artefacto al que se le pueda llamar así, pero da igual. La acusación les presupone una intencionalidad manifiesta de construir bombas y es de lo que se les acusa y por lo que se les encarcela de manera preventiva. No han matado a nadie ni herido a nadie. Pero ante un juicio político eso cuenta bien poco. Junqueras tampoco ha matado ni herido a nadie y sin embargo le puede caer una condena de 25 años  homologable a la de un etarra con delitos de sangre.

EL CAMARADA ARENAS Y LA SEGUNDA TRANSICIÓN.

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Entrevista al preso político, Camarada Arenas.

¿Es posible una segunda Transición que acicale el andamiaje del 78?

R.- Hace años que en los mentideros se viene especulando con la posibilidad de una segunda transición política, pero nadie sabe decirnos hacia dónde y cómo habría de efectuarse. Lo que sí se deja entrever son los supuestos “fallos” o insuficiencias de la primera. Por ahí podrían encontrar las “soluciones” que andan buscando para “estabilizar” el sistema y no incomodar a los que mandan y tienen bien agarrada la sartén por el mango. Yo no encuentro en ninguna parte dentro del régimen y de los partidos políticos -incluidos los pretendidos partidos de “izquierda” que se han integrado en el sistema y lo defienden- las ideas o los “programas” para otra cosa que no sea dar algunos retoques más a la fachada del régimen del 39. Porque de ruptura nadie habla. 

De manera que tan solo habría que hacer algunas enmiendas a la Constitución monarco-fascista para que puedan ajustar mejor las autonomías y las llamadas burguesías nacionales se puedan encontrar de nuevo cómodas en el marco del “Estado de la nación”. Eso y poco más, como, por ejemplo, una nueva consagración de la monarquía en la figura femenina heredera de la corona Juan-carlista. Se trataría, pues, de una segunda edición calcada de la llamada “Transición del 78” con pequeñas correcciones que no cuestionarían la primera ni pondrían en riego sus esplendidos resultados. Y es verdad, como hemos visto, que desde el mismo régimen no se puede hacer ni se quiere hacer otra cosa que repetir

la jugada del 78, consistente en cambiar algunos detalles de decorado para que los cimientos, los pilares y los muros de contención del edificio del Estado fascista continúen igual. Incluso no faltan quienes, ante la gravedad que ha alcanzado la crisis, proponen como solución a la misma dar marcha atrás en la reforma, hasta hacerla desaparecer. 

Claro que esta “contrarreforma” o “reforma de la reforma” no tiene muchas posibilidades de prosperar. La cuestión es que, para que podamos tomar en serio la posibilidad, no de una segunda, sino de la única y verdadera transición a la democracia que todavía no se ha producido y que demanda la grave crisis, ya crónica, que padece desde hace tiempo nuestro país, hay que romper con el régimen del 39 promoviendo la desobediencia civil, exigir la Amnistía general y sin condiciones de todos los presos políticos, represaliados y exiliados políticos independentistas, comunistas y antifascistas; la derogación de la legislación especial, de la Ley de partidos y la Ley mordaza; el respeto del ejercicio pleno de las libertades de expresión, reunión y manifestación, así como el derecho de los pueblos oprimidos por el Estado a decidir libremente su destino. Y como con todo esto no será suficiente para que se produzca un cambio real en las condiciones de vida y de trabajo y para asegurar a las masas populares un futuro de paz, libertad y dignidad, es absolutamente necesario forjar la unidad más estrecha y más firme de todos los trabajadores, partidos, sindicatos y movimientos sociales que estén dispuestos a luchar por la formación de un Gobierno Provisional democrático-revolucionario que deponga a los fascistas; derogue las leyes injustas, haga pagar sus culpas a los fascistas, corruptos y torturadores; nacionalice los monopolios y el capital financiero y, finalmente, convoque elecciones libres, verdaderamente democráticas, a una Asamblea Popular Constituyente.

• Pablo Hasél (1988), músico y poeta español.
• Dedicó su canción Democracia su puta madre al Camarada Arenas, por lo que fue acusado de enaltecimiento del terrorismo.

Publicado por El Otro País.

EL JUICIO DEL PROCÉS VULNERA LOS DERECHOS DE TODA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.

El juicio del Procés vulnera los derechos de toda la sociedad española Se está creando un grave precedente de criminalización de los movimientos sociales, mañana podemos ser todos los demás.

Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

Todas las personas tienen derecho a que sean respetados sus derechos.Y ello independientemente de ideología política, origen, sexo, o cualquier otra circunstancia. Así lo manifiesta la Declaración Universal y lo establece nuestra Constitución. La no discriminación y la universalidad de los derechos se encuentran en la base de cualquier organización defensora de los derechos humanos como es el caso de la APDHA. El incumplimiento de esos principios y la aplicación del derecho penal del reo, que no hace depender la justicia de tipo de delito probado sino de la condición y la ideología de quien lo cometió, que creíamos superado, socavan gravemente los cimientos del Estado democrático y acaban con la propia Constitución. Y no sólo afecta a quienes lo padecen sino al conjunto de la sociedad. La justicia deja de ser justicia para convertirse en venganza. 

Es desde este punto de vista de la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho, por lo que desde la APDHA queremos manifestar nuestra honda preocupación por la indiferencia general con la que la sociedad española está reaccionado frente a las actuaciones del Estado español sobre los líderes políticos y sociales que han participado en el Procés Catalán. Una indiferencia preocupante por cuanto en la reacción del Estado español frente al Procés creemos que se están vulnerando principios esenciales del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y de la Constitución. Las actuaciones judiciales desarrolladas por el Estado español en relación al Procés Catalán han sido cuestionadas por organizaciones estatales e internacionales y por numerosos catedráticos y expertos en derecho constitucional y procesal. Distintas valoraciones independientes han concluido que no se han respetado debidamente numerosos derechos fundamentales. Entre ellos el derecho al juez natural, forzando la competencia de Tribunal Supremo con argumentos insostenibles y por tanto impidiendo el derecho al recurso en segunda instancia de los procesados en caso de condena. 

La propia calificación de rebelión no se ajusta en nada a lo establecido en nuestro ordenamiento penal, por lo que está directamente pensada como venganza ante los hechos acaecidos en octubre de 2017, mas que como respuesta al tipo penal del posible delito cometido. Al tiempo que permite impedir el ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva para los procesados. El mantenimiento de la prisión preventiva, pensada en nuestro sistema de derecho como una medida excepcional, resulta especialmente inhumana y cruel sin justificación alguna. Resulta especialmente alarmante, comprobar que dirigentes sociales como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes respectivamente de las asociaciones Omnium Cultural y ANC, estén en prisión y sean acusados de rebelión sin prueba alguna y exclusivamente por ejercer el derecho de manifestación. 

Del mismo modo que lo resulta el hecho de que en autos del propio tribunal se argumente el mantenimiento de la prisión preventiva por no haber los acusados renunciado a sus ideas independentistas. Resulta aterrador ver escrito en un auto una afirmación que hace saltar por los aires uno de los fundamentos del estado de derecho: nadie puede ser encarcelado por sus ideas políticas. A estas preocupaciones también debemos añadir las serias irregularidades que se están produciendo en el desarrollo de las sesiones del juicio del Procés. Encontramos cuestiones tan graves como no tener en cuenta que las acusaciones relativas a la vinculación o participación en movilizaciones sociales pueden estar amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales. Restricción en el uso de pruebas documentales por parte de las defensas, interrupción de interrogatorios de las defensas por parte del Presidente de la Sala, imposibilidad de interrogar o repreguntar a testigos propuestos por otras partes impidiendo la verificación de la credibilidad de los mismos. Comunicación entre testigos propiciando la construcción de relatos acusatorios de dudosa espontaneidad, diferencia de trato del Presidente de Sala a defensa y acusación ante determinado tipo de preguntas y muchos más elementos que ponen en serio riesgo las garantías para el desarrollo de un juicio justo para las personas encausadas. 

No hace falta ser independentista para comprobar como las posibilidades de disenso son rechazadas y condenadas con contundencia en todos los ámbitos, mediático, político y social. Lamentablemente está llegando a parecer aceptable para amplios sectores de la sociedad española que sean juzgados y permanezcan más de un año en prisión personas como los “Jordis” por haber promovido manifestaciones pacíficas en la defensa de unas ideas. No podemos aceptar el desarrollo de actuaciones que evidencian la existencia de un sistema judicial subjetivo que, como estamos describiendo, no preserva las correspondientes garantías constitucionales. De igual forma queremos alertar de los continuos ataques hacia quienes defienden posturas de objetividad e imparcialidad en el análisis de la situación catalana por parte de los sectores más reaccionarios. Es tremendamente preocupante la pérdida de libertades para la que nos encontramos. La demonización de la ideología independentista está validando un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos. Este precedente menoscaba seriamente las garantías correspondientes a los procesos de participación y reacción frente al descontento social, no solo en Cataluña, sino en toda la totalidad del Estado español. Se está creando un grave precedente por cuanto implica criminalización de los movimientos sociales, mañana podemos ser todos los demás y el ataque inmisericorde y contra ley por el propio poder judicial de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, derecho a la participación política y a la libertad ideológica. 

Así, desde la APDHA creemos imprescindible una reacción social frente a la vulneración de derechos y libertades. La desproporción y subjetividad judicial que se está materializando en la cuestión catalana y sus líderes políticos y sociales es inadmisible, afectando gravemente al conjunto de la sociedad española. Estos precedentes se convertirán en destino si no reaccionamos a tiempo.

Publicado en el Otro País

EL PROCESO SOBERANISTA CATALÁN. Entrevista al Camarada Arenas en prisión.

P.- ¿Qué análisis hace del proceso soberanista catalán?

R.- No voy a entrar aquí en los avatares de la lucha política diaria, entre otros motivos porque mi situación no me lo permite ya que, como es sabido, me encuentro “fuera de juego”. En esta situación solo puedo atenerme a los principios que, tanto en ésta como en todas las demás cuestiones políticas e ideológicas, siempre hemos defendido. Así que vaya por delante que nosotros, los comunistas, no somos partidarios de la separación de las naciones para formar pequeños Estados que debilitarían la lucha del proletariado frente a la burguesía y el imperialismo y haría mucho más difícil y costosa la construcción de la nueva sociedad socialista. Claro que esto no quiere decir en modo alguno que pretendamos crear un Estado unitario sobre la base de la opresión de las naciones, la desigualdad y la explotación. Todo lo contrario: lo que proponemos no es otra cosa que acabar con tal situación. Por eso defendemos el derecho a la autodeterminación y a la independencia de las naciones oprimidas por el Estado imperialista y fascista español.

Cuando ese derecho es negado, como sucede en España, y el pueblo que lo defiende de forma democrática y pacífica es brutalmente reprimido y sus representantes encarcelados, la lucha por la independencia no sólo es totalmente legítima, sino que se convierte automáticamente en el único recurso que le queda a ese pueblo para liberarse de las pesadas cadenas que le oprimen. Y nosotros, los comunistas, en nombre de la clase obrera, tenemos el deber político y moral de apoyarle. Es más, considero que es nuestro propio interés como clase explotada y oprimida, el que nos dicta prestar apoyo político y toda nuestra solidaridad al proceso soberanista catalán (lo mismo que se lo prestamos al pueblo vasco y gallego), y hacer todo lo que podamos para que dicho proceso independentista y la proclamada república catalana prosigan y culminen con la formación de un nuevo Estado soberano. Ante esta perspectiva ha de quedar claro que, como escribió el dirigente comunista catalán Joan Comorera, “España es un concepto de Estado”; es decir, que si prescindimos de ese concepto abstracto, España no existe como nación. Existe la nación castellana, la nación vasca, la nación catalana y la nación gallega; y existe el Estado fascista e imperialista español con sus policías, sus tribunales, su ejército, sus cárceles y sus recaudadores de impuestos, un Estado que oprime a todas estas naciones. Pues bien, el pueblo español, en particular la clase obrera, no tiene ningún interés en defender la existencia de este Estado, entre otros motivos porque, como ya está sobradamente demostrado, como dijo Marx, “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”. Por la misma razón, casi no hace falta decir que la proclamación de la república catalana, su defensa en la calle, en los centros de trabajo, en las universidades, etc., así como la continuación del proceso independentista, brinda un magnífico ejemplo a seguir por los otros pueblos. Esto por no extenderme en más consideraciones sobre el agravamiento de todas las contradicciones y los enfrentamientos que han resultado de la aplicación del 155, que ha actuado como un torpedo en la línea de flotación del Estado español.

Diario el "Otro País"