Presidente Rafael Correa denunció en la
UNESCO el desastre ambiental causado por Chevron en Ecuador.
En un juicio entre privados, Chevron, la
tercera petrolera más grande de Estados Unidos, fue denunciada hace veinte años
por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación.
Recordó que Chevron se pasó la década
pasada luchando para que no se la juzgara en cortes judiciales de Nueva York
–domicilio de la empresa- sino donde se había cometido la infracción, es decir
en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).
El mandatario explicó que como la petrolera
perdió el juicio en Ecuador (por lo que fue obligada a pagar una indemnización
de 19 mil millones de dólares) se dedicó a destrozar a las cortes que con tanto
entusiasmo defendió cuando creían que podían comprarlas.
Además, la transnacional ha gastado
centenas de millones de dólares en una campaña de desprestigio contra Ecuador y
ha demandado al Estado, en base a un tratado de protección recíproca de
inversiones firmado con Estados Unidos.
El presidente Correa recalcó que el tratado
no aplica para un juicio entre privados y que este fue firmado en 1997. Texaco
dejó el país en 1992 y las leyes ecuatorianos no tienen carácter retroactivo.
“En forma inaudita, el Tribunal Arbitral
(de La Haya) se declara competente y, más aún, ordena detener la sentencia
dictada por cortes ecuatorianas contra Chevron”, expuso.
“Además de la monstruosidad jurídica que
representa el aplicar retroactivamente un tratado, es necesario anunciar al
mundo cómo estos tratados atentan contra nuestras soberanías, cómo esos centros
de arbitraje están absolutamente cooptados por las transnacionales, y cómo en
este orden mundial tan injusto el capital tiene más derechos que los seres
humanos”, manifestó.
El Presidente Correa
habló ante representantes de 195 países miembros y ocho asociados de la Unesco.
CASO CHEVRON EN ECUADOR
El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana
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Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó a principios de 2011 que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
.En una suerte de furia incontenida, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones.
.La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, PERO TIENE A SU FAVOR QUE ECUADOR NO HAYA FIRMADO EL TLC CON EEUU y así puede continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana
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.En una suerte de furia incontenida, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones.
.La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, PERO TIENE A SU FAVOR QUE ECUADOR NO HAYA FIRMADO EL TLC CON EEUU y así puede continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
Son 33.000 los pobladores que demandan una indemnización. Industria petrolera inició extracción y contaminación en la década del 70
La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.
Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
.
Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.
Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.
No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.
LAS VÍCTIMAS
.
Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.
Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.
James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.
En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.
La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.
Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
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Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.
Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.
No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.
LAS VÍCTIMAS
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Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.
Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.
James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.
En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.
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