La Junta de Andalucía acosó a un funcionario para evitar a Endesa una multa de 6 millones de euros por una estafa de 115 millones
El Fraude
Según informes de la Junta de Andalucía, Endesa realizó una sobrefacturación de 274 € de media sobre un total de 424.194 afectados, y debería haber devuelto unos 115 millones. Sin embargo la multinacional reconoce haber devuelto unos 50€ de media, alrededor de 20 millones, cantidad que la propia Junta reconoce no poder verificar.
El fraude fue denunciado por el ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, autor del blog www.estafaluz.com,
en 2009 tras detectar que Endesa modificó unilateralmente la potencia
de los contratos sin advertir a los usuarios. Entre los afectados se
encuentra un colectivo vulnerable por sus recursos económicos, que al
incrementar su potencia excedieron el límite de 3 kW perdiendo el Bono Social e incrementando un 25% su factura en consecuencia.
El ingeniero denuncia que dicho fraude
fue aplicado no sólo por Endesa en Andalucía, sino en otras regiones
donde opera, así como por las empresas del sector, Iberdrola, Unión
Fenosa e Hidrocantábrico, y calcula muy a la baja una estafa de 1.500 millones de sobrecostes en la facturación a 2,5 millones de usuarios en toda España.
Connivencia de la Junta y reincidencia
Pese a la denuncia, la Junta de
Andalucía no ordenó la devolución del dinero a los clientes hasta 2015, 6
años más tarde, y reconoció no disponer de personal suficiente para
verificar el cumplimiento de la orden a la multinacional, cuestión que
la multinacional utilizó para devolver cantidades inferiores, ya que
según denunció Moreno Alfaro nuevamente ante la Junta, “no constan los
datos necesarios” para que sepan cuánto dinero se les devuelve a los
usuarios “y comprueben que las cantidades devueltas son las correctas”.
A su vez, el ingeniero denunció a la
directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio,
“por complicidad omisiva en la sobrefacturación por Endesa”, y que las
devoluciones se realizaron en el más completo silencio para evitar la
alarma social que se produciría en la opinión pública al conocer el
fraude utilizado por la multinacional y la demora de 6 años de la Junta
en obligar a su devolución. De esta forma se entiende cómo la Resolución
publicada en el BOJA del 21 de octubre de 2015, donde se insta a Endesa
a la devolución de las cantidades, fue publicada en la sección de
anuncios y sólo de forma parcial, lo que permitiría a la empresa negarse
a su cumplimento, con lo que la propia Junta incumple las leyes de la administración pública, para así ocultar a la opinión pública datos de la resolución.
También destaca que “la Junta de
Andalucía ignora el número total de afectados a los que Endesa les ha
devuelto el dinero y la cantidad”. Y añade que existen “numerosos
afectados” a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, “sino que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia contratada”.
Además con éste fraude, la multinacional y la Junta reinciden en su comportamiento, pues en 1987 Sevillana de Electricidad (absorbida en 1996 por Endesa), devolvió solo 431 millones de pesetas de los 20.000 millones facturados en excesocon
29 irregularidades, una de las cuales era, precisamente, el incremento
unilateral de la potencia contratada, como consta en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía. Moreno Alfaro denuncia en su blog a miembros del PSOE por estos hechos.
Corrupción, Acoso, dimisión y prescripción de la multa
El pasado mes de Enero el funcionario de la Junta de Andalucía Santiago Ochoa Fernández presentó su dimisión irrevocable tras denunciar por escrito los hechos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco , y a la secretaria general técnica de la consejería, Susana Díaz Calderón. Escrito que no tuvo respuesta.
Acusa a sus dos superioras, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, y la jefa de servicio de Energía de la dirección general, María Isabel González Cuenca, de haber sido sometido por ellas a “Violencia Psíquica” y “obstrucción y perturbación grave de la instrucción”,
cuando en la tramitación del expediente de sanción a Endesa que tenía
asignado intentó incrementar la multa hasta 6 millones de euros por
infracción grave. El ingeniero sevillano denunciante calculó no
obstante, que “imponiendo las mínimas multas“ la sanción sería al menos de 105 millones.
La directora María José Asensio Coto,
estando en el cargo, ya fue imputada anteriormente por prevaricación en
el caso Aznalcóllar, por favorecer a la empresa Minorbis en la adjudicación de la explotación,
así como en su etapa como delegada provincial de la Consejería de
Economía en Huelva, donde fue denunciada por “presiones y amenazas” a
técnicos de la Junta, para beneficiar a la empresa donde era apoderada la hija del expresidente Chaves. Ambos litigios cerrados por la decisión de los jueces.
Tras la dimisión del funcionario en
febrero, la directora nombró un nuevo instructor que propuso “declarar
caducado el presente procedimiento, al haber transcurrido el plazo
máximo legal para dictar y notificar resolución expresa”.
Parte de un fraude mayor. El Estado al servicio del Capital.
La actuación de la Junta de Andalucía en
este caso se corresponde con el papel que el Estado tiene en una
sociedad dividida en clases: servir a los intereses de la clase
dominante, que en un sistema de producción capitalista es la oligarquía
financiera-industrial propietaria de las grandes corporaciones como
Endesa. Es por eso que a golpe de decreto desde el gobierno de uno y
otro signo político, pero siempre afín al capital, como se han
privatizado las grandes empresas energéticas estatales para ceder esa
riqueza a una minoría, condenándola a la riqueza eterna, y cómo
posteriormente se ha legislado para beneficiar a esas corporaciones,
bien permitiendo la extracción de riqueza del pueblo con la reordenación
del mercado energético que ha supuesto el mayor incremento posible de
la factura de la luz, bien legislando para eliminar la competencia que
pudiera suponer las empresas de energías renovables, o bien machando a
impuestos a aquel que pretenda autoabastecerse mediante sistemas de
generación particulares a partir de la energía solar, así como
reprimiendo con multimillonarias multas al que trate de evadirlos, o
bien haciendo la vista gorda permitiendo todo tipo de fraudes, y
legislando para facilitarlos.
Es este último apartado en el que el
ingeniero sevillano viene trabajando sin descanso desde hace 21 años,
donde desde su propia web www.estafaluz.com persigue el fraude que a diario perpetran las eléctricas con el alquiler de los contadores, y que hasta el año 2015 suponen unos 11.600 millones de euros que han estafado al pueblo español.
En su web denuncia que la mitad de esta cantidad ha sido cometida desde
el B.O.E., por el PSOE en 1984, y por el PP en 2001. El ingeniero
jubilado denuncia además la red de corrupción que el Estado ha tejido y
que abarca a gobiernos, parlamentos y jueces, que han archivado
fraudulentamente todas las querellas que ha emprendido contra el caso,
pese a que en 2007 el propio gobierno reconoció su existencia en un
documento remitido al parlamento.
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