OTRO CAPO DEL PP DETENIDO POR LA POLICÍA.

 
© EFE El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (EFE)

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han lanzado una gran operación a primera hora de esta mañana contra una trama corrupta que habría desviado fondos del Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña de gestión del agua, utilizando una red de cuentas y sociedades en el extranjero. Los agentes han detenido en su casa de Aravaca al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cerebro del desfalco y también uno de los más beneficiados. El Partido Popular lo ha suspendido de militancia. El registro en casa de González, un chalé del barrio madrileño de Aravaca, finalizó a las 19 horas tras 10 horas de registro. Los agentes de la UCO se encuentran ahora con el expresidente regional en su despacho.
Otros once colaboradores del exdirigente popular también han sido arrestados, entre ellos, Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia; María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del mismo ente del agua. Además, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, ha sido detenido un hermano del expresidente madrileño, Pablo González, director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa, y su cuñado, Juan José Caballero. Entre los investigados también estaría la secretaria de Edmundo Rodríguez y el ex directivo del Canal Ildefonso de Miguel.
Asimismo, la Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de extradición para otros dos detenidos que se encuentran en Brasil y en Colombia. Los investigadores prevén una treintena de imputaciones por organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. El juzgado confirma que la investigación se centra "en personas vinculadas a la Administración Autonómica anterior" y en "operaciones llevadas a cabo para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio".
El dispositivo, que ha recibido el nombre de operación Lezo, está coordinado por agentes del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y está dirigido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, responsable también de los casos Púnica y Acuamed.
Operación coordinada contra la trama de Mercasa
No es la única operación que se está desarrollando este miércoles, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso. Desde primera hora, de forma coordinada con el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, está dirigiendo otra operación por el presunto desvío de fondos público de la empresa Mercasa en el proyecto de construcción de un mercado público en la capital de Angola, Luadna. En esta otra pieza hay una decena de imputados por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal. Es la primera vez que dos juzgados de la Audiencia Nacional se coordinan para desarrollar al mismo tiempo una operación de esta magnitud. Ambos casos confluyen en una persona, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Pablo González.
Según fuentes cercanas al caso, se están produciendo registros en la propia sede del Canal y también se han realizado requerimientos a la constructora OHL, la multinacional tecnológica Indra, ICM y Mercasa. También se está registrando el despacho profesional que había abierto Ignacio González en el centro de Madrid tras dejar la política y la firma de subastas Segre, propiedad de su mujer, Lourdes Cavero. Además, la investigación afecta a personas del entorno de la constructora ACS.
Entre las operaciones investigadas se encuentra el desembolso que realizó la filial suramericana del Canal de Isabel II en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Como adelantó El Confidencial, el Gobierno regional presidido entonces por Ignacio González pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros) por esta compañía, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros, es decir, cuatro veces menos. Esta ruinosa operación provocó la destitución de María Fernanda Richmond por haber avalado compra.
Para materializar esa compra, el Canal utilizó una firma pantalla en Uruguay. Los investigadores sostienen que ese movimiento fue utilizado por González y sus colaboradores para desviar a sociedades instrumentales y cuentas opacas en el extranjero parte del dinero abonado por el Canal de Isabel II. No obstante, la compra de Brasil fue la última de una serie de operaciones comerciales que el Canal, primero bajo el mandato de Ruiz-Gallardón, y luego de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ha hecho al otro lado del Atlántico en los últimos años.
Esas operaciones bajo sospecha salpicaban directamente al que fuera director de Inassa, la filial del Canal en Suramérica que centralizó muchas de las operaciones ahora investigadas. Como ya publicó El Confidencial, Edmundo Rodríguez Sobrino aparecía en los papeles de Panamá con varias empresas offshore en Hong Kong. Cifuentes le destituyó y es uno de los nombres claves que aparece en la denuncia que la Comunidad de Madrid puso en Anticorrupción. Rodríguez Sobrino fue una de las personas que acompañaron al expresidente madrileño Ignacio González en el ya famoso viaje a Cartagena de Indias y Bogotá (en Colombia), que acabó con una denuncia en los juzgados después de que se hiciera público que González y su séquito habían sido espiados.
Aunque la investigación arrancó por las sospechas de fraude en las compras del Canal de Isabel II en Suramérica, las pesquisas han terminado extendiéndose a operaciones ejecutadas en territorio nacional que también habrían sido utilizadas por la trama de González para embolsarse comisiones.

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