23 DE JULIO de 1980, BILBAO La extrema derecha franquista pone una bomba en una guardería infantil.
MARIA CONTRERAS, de 17 años,
embarazada de 9 meses (muere por bomba de la Triple A contra la guarderia
Iturriaga).
ANTONIO CONTRERAS, de 12 años
(muere por bomba de la Triple A contra la guarderia Iturriaga).
ANASTASIO LEAL, (muere por bomba
de la Triple A contra la guarderia Iturriaga).
Los tres fallecidos eran transeúntes. Hijos de Anastasio Leal son Saturio, Antonio, Esperanza, Mª Hermelinda y Ramira Leal González. Hijo de Antonio Contreras es Francisco Contreras Santiago. Hija de Mª Concepción Contreras es Soledad Gabarri Díaz. ASESINADOS POR LA TRIPLE A (Organización vinculada a los aparatos represivos del tardofranquismo.
TELEVISIÓN ESPAÑOLA SILENCIA LAS PROTESTAS FRENTE A LA EMBAJADA USA EN MADRID.
En las noticias de las 3, Televisión Española ha dado una amplia cobertura de la visita del amo OBAMA a nuestro país así como de su entrevista con el actual capataz en funciones de la colonia, Mariano Rajoy. Esta televisión que pagamos todos no ha querido ensuciar en ningún momento la visita del siniestro Premio Nobel, ocultando la voz de la calle que en esos momentos se manifestaba frente a la embajada de los USA en protesta por los crímenes y políticas belicistas y violentas llevadas a cabo contra aquellos que no se someten al imperio. Pero la calle ha funcionado y centenares de personas han mostrado su disgusto con la visita con un "OBAMA GO HOME".
¿Manifestarse nunca sirve de nada? El TTIP ha descarrilado por las protestas.
El poder de la gente da resultados. Los políticos europeos nunca
habrían imaginado que un acuerdo comercial suscitaría ningún interés, ni
mucho menos protestas masivas. La causa anti-TTIP se ha manifestado por
toda Europa
Para aquellos que queremos
sociedades dirigidas según los intereses de la mayoría y no los
inexplicables intereses empresariales, "ardua lucha" es la mejor forma
de definir esta era. Por eso, cuando se logran victorias, habría que
darles gran difusión para motivarnos de cara a una lucha más amplia
contra una poderosa élite de grandes empresas, medios de comunicación,
políticos, burócratas y thinktanks financiados por corporaciones.
Hoy es uno de esos momentos. El Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversión (TTIP) –esa infame propuesta de acuerdo comercial que da un
poder incluso más amplio a los gigantes empresariales– está herido,
quizá de muerte. Aún no ha fallecido, pero el TTIP es un conjunto de
restos que será difícil volver a unir.
A los que hemos hecho campaña contra el TTIP –en particular otro columnista de the Guardian, George Monbiot– nos
han tachado de alarmistas. Dijimos que el tratado llevaría a una
carrera hacia el abismo en todo, desde la protección del medio ambiente a
la de los consumidores, y nos empujaría al nivel más bajo que hay en
Estados Unidos. Advertimos de que socavaría nuestra democracia y nuestra
soberanía y permitiría a los intereses empresariales usar tribunales
secretos para bloquear políticas que no les gustaran.
Alarmistas, nos llamaron. Pero cientos de documentos filtrados de las
negociaciones revelan, de alguna forma, que la realidad es peor, y ahora
el gobierno francés se ha visto obligado a insinuar que podría bloquear el acuerdo.
Los documentos insinúan que incluso los líderes europeos más cobardes
creen que las demandas de EEUU van demasiado lejos. Como dice War on Want,
muestran que el TTIP "abriría la puerta" a productos ahora prohibidos
en la UE "por razones de salud pública y medioambiental".
Como revelan los documentos, ahora hay diferencias "irreconciliables" entre las posturas de
la Unión Europea y Estados Unidos. Según Greenpeace, "la postura de la
UE es muy mala, y la de EEUU es terrible". Los documentos muestran que
Washington está intentando activamente diluir las regulaciones europeas
sobre protección del consumidor y del medio ambiente. En el futuro, para
que la UE pudiera siquiera aprobar una normativa, podría estar obligada
a implicar a las autoridades y las grandes empresas estadounidenses,
dando a estas últimas el mismo peso que a las europeas.
Con estas revelaciones condenatorias, las autoridades francesas,
asediadas, se han visto obligadas a decir que rechazan el TTIP "en esta
fase". El presidente Hollande dice que Francia rechazaría "que se pongan
en duda los principios esenciales de nuestra agricultura, nuestra
cultura y el acceso mutuo a los mercados públicos". Y con el responsable
de comercio del país diciendo que "no puede haber un acuerdo sin
Francia y mucho menos contra Francia", el TTIP tiene ahora un futuro
verdaderamente sombrío.
Hay varias cosas que podemos
aprender de esto, y todas ellas deberían dar esperanzas. En primer
lugar, el poder de la gente da resultados. Los políticos y burócratas
europeos nunca habrían imaginado que un acuerdo comercial suscitaría
ningún interés, ni mucho menos protestas masivas. Como síntoma de su
desprecio hacia la gente a la que se supone que sirven, por la que
existen, las negociaciones sobre los aspectos más importantes del
tratado se llevan en secreto. Es fácil, entonces, acusar a los
activistas anti-TTIP de "alarmismo" mientras revelan poco de la realidad
en público.
Sin embargo, en lugar de rendirse, los
activistas de todo el continente se han organizado. Han intoxicado el
TTIP y obligado a sus diseñadores a ponerse a la defensiva. Alemania –el
mismísimo núcleo del proyecto europeo– ha tenido manifestaciones
masivas con la participación de hasta 250.000 personas.
De Londres a Varsovia, de Praga a Madrid, la causa anti-TTIP se ha
manifestado. Los eurodiputados se han visto sometidos a la presión
apasionada de ciudadanos enfadados. Sin esta presión popular, el TTIP
habría tenido poca vigilancia ciudadana y seguramente se habría
aprobado, con consecuencias catastróficas.
En segundo
lugar, esta es una situación muy embarazosa para el gobierno británico.
En 2011, David Cameron vetó un tratado de la UE para defender
supuestamente el interés nacional. En realidad, le preocupaba que fuera
una amenaza para el sector financiero británico. Está claro que la City
de Londres y Reino Unido no son lo mismo, pero Cameron está entre los
defensores más acérrimos del TTIP. Está más que satisfecho de socavar la
soberanía y la democracia británicas, siempre y cuando los intereses
empresariales sean los beneficiados. Por eso acabamos en la perversa
situación en la que es el gobierno francés, y no el nuestro propio, el
que protege nuestra soberanía.
Y en tercer lugar,
esto tiene consecuencias reales para el debate del referéndum sobre la
UE. De forma bastante cínica, el UKIP se ha apropiado del argumento del
TTIP. Ha criticado, con razón, que el tratado amenaza nuestro Servicio
Nacional de Salud (NHS). Pero, teniendo en cuenta que su líder, Nigel
Farage, ha propuesto suprimir el NHS en favor de los seguros de salud
privados, eso es el colmo de la desfachatez.
El UKIP
se ríe de la gente de izquierdas que, como yo, en este asunto del
referéndum del Brexit respalda la postura de permanecer en la UE con una
postura crítica. Pero si saliéramos de la unión, no solo se abandonaría
el capítulo social y varios derechos de los trabajadores –sin que
nuestro gobierno de derechas los reemplace–, sino que Reino Unido
acabaría negociando una serie de acuerdos TTIP. Acabaríamos viviendo con
las consecuencias del TTIP, pero sin los elementos progresistas que
quedan en la UE.
En lugar de eso, hemos visto lo que
pasa cuando los europeos corrientes dejan de lado los obstáculos
culturales y lingüísticos y se unen. Su fuerza colectiva puede lograr
resultados. Esto sin duda debería ser el punto de partida de un
movimiento que construya una Europa democrática, sensata y transparente
gobernada según los intereses de sus ciudadanos, y no de las grandes
empresas. Esto también implicaría extenderse a través del Atlántico.
A pesar de la retórica de esperanza y cambio del presidente Obama, su
gobierno –que ha promovido con fervor el TTIP– ha defendido con
demasiada frecuencia los intereses empresariales. Sin embargo, aunque
Bernie Sanders tiene pocas probabilidades de ser el candidato demócrata,
el increíble movimiento que hay tras él muestra –en particular entre
los estadounidenses más jóvenes– un deseo creciente de unos Estados
Unidos diferentes.
En los próximos meses, esos
europeos que han hecho campaña contra el TTIP deberían sin duda ponerse
en contacto con sus homólogos estadounidenses. Incluso si se frustra el
TTIP, seguimos viviendo en un mundo en el que las empresas más
importantes tienen a menudo más poder que los Estados-nación: solo los
movimientos organizados que crucen fronteras pueden tener alguna
esperanza de desafiar ese dominio incomprensible.
Desde la justicia fiscal hasta el cambio climático, se ha demostrado que
la brigada del "las protestas nunca sirven de nada" estaba equivocada.
Aquí hay una posible victoria en la que deleitarse y sobre la cual
construir algo más.
CARTEL DE LA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO DOMINGO FRENTE A LA EMBAJADA DE EEUU EN MADRID POR LA VISITA DEL PRESIDENTE OBAMA A LA COLONIA ESPAÑOLA.
Según informes de la Junta de Andalucía, Endesa realizó una sobrefacturación de 274 € de media sobre un total de 424.194 afectados, y debería haber devuelto unos 115 millones. Sin embargo la multinacional reconoce haber devuelto unos 50€ de media, alrededor de 20 millones, cantidad que la propia Junta reconoce no poder verificar.
El fraude fue denunciado por el ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, autor del blog www.estafaluz.com,
en 2009 tras detectar que Endesa modificó unilateralmente la potencia
de los contratos sin advertir a los usuarios. Entre los afectados se
encuentra un colectivo vulnerable por sus recursos económicos, que al
incrementar su potencia excedieron el límite de 3 kW perdiendo el Bono Social e incrementando un 25% su factura en consecuencia.
El ingeniero denuncia que dicho fraude
fue aplicado no sólo por Endesa en Andalucía, sino en otras regiones
donde opera, así como por las empresas del sector, Iberdrola, Unión
Fenosa e Hidrocantábrico, y calcula muy a la baja una estafa de 1.500 millones de sobrecostes en la facturación a 2,5 millones de usuarios en toda España.
Connivencia de la Junta y reincidencia
Pese a la denuncia, la Junta de
Andalucía no ordenó la devolución del dinero a los clientes hasta 2015, 6
años más tarde, y reconoció no disponer de personal suficiente para
verificar el cumplimiento de la orden a la multinacional, cuestión que
la multinacional utilizó para devolver cantidades inferiores, ya que
según denunció Moreno Alfaro nuevamente ante la Junta, “no constan los
datos necesarios” para que sepan cuánto dinero se les devuelve a los
usuarios “y comprueben que las cantidades devueltas son las correctas”.
A su vez, el ingeniero denunció a la
directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio,
“por complicidad omisiva en la sobrefacturación por Endesa”, y que las
devoluciones se realizaron en el más completo silencio para evitar la
alarma social que se produciría en la opinión pública al conocer el
fraude utilizado por la multinacional y la demora de 6 años de la Junta
en obligar a su devolución. De esta forma se entiende cómo la Resolución
publicada en el BOJA del 21 de octubre de 2015, donde se insta a Endesa
a la devolución de las cantidades, fue publicada en la sección de
anuncios y sólo de forma parcial, lo que permitiría a la empresa negarse
a su cumplimento, con lo que la propia Junta incumple las leyes de la administración pública, para así ocultar a la opinión pública datos de la resolución.
También destaca que “la Junta de
Andalucía ignora el número total de afectados a los que Endesa les ha
devuelto el dinero y la cantidad”. Y añade que existen “numerosos
afectados” a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, “sino que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia contratada”.
Además con éste fraude, la multinacional y la Junta reinciden en su comportamiento, pues en 1987 Sevillana de Electricidad (absorbida en 1996 por Endesa), devolvió solo 431 millones de pesetas de los 20.000 millones facturados en excesocon
29 irregularidades, una de las cuales era, precisamente, el incremento
unilateral de la potencia contratada, como consta en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía. Moreno Alfaro denuncia en su blog a miembros del PSOE por estos hechos.
Corrupción, Acoso, dimisión y prescripción de la multa
El pasado mes de Enero el funcionario de la Junta de Andalucía Santiago Ochoa Fernández presentó su dimisión irrevocable tras denunciar por escrito los hechos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco , y a la secretaria general técnica de la consejería, Susana Díaz Calderón. Escrito que no tuvo respuesta.
Acusa a sus dos superioras, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, y la jefa de servicio de Energía de la dirección general, María Isabel González Cuenca, de haber sido sometido por ellas a “Violencia Psíquica” y “obstrucción y perturbación grave de la instrucción”,
cuando en la tramitación del expediente de sanción a Endesa que tenía
asignado intentó incrementar la multa hasta 6 millones de euros por
infracción grave. El ingeniero sevillano denunciante calculó no
obstante, que “imponiendo las mínimas multas“ la sanción sería al menos de 105 millones.
La directora María José Asensio Coto,
estando en el cargo, ya fue imputada anteriormente por prevaricación en
el caso Aznalcóllar, por favorecer a la empresa Minorbis en la adjudicación de la explotación,
así como en su etapa como delegada provincial de la Consejería de
Economía en Huelva, donde fue denunciada por “presiones y amenazas” a
técnicos de la Junta, para beneficiar a la empresa donde era apoderada la hija del expresidente Chaves. Ambos litigios cerrados por la decisión de los jueces.
Tras la dimisión del funcionario en
febrero, la directora nombró un nuevo instructor que propuso “declarar
caducado el presente procedimiento, al haber transcurrido el plazo
máximo legal para dictar y notificar resolución expresa”.
Parte de un fraude mayor. El Estado al servicio del Capital.
La actuación de la Junta de Andalucía en
este caso se corresponde con el papel que el Estado tiene en una
sociedad dividida en clases: servir a los intereses de la clase
dominante, que en un sistema de producción capitalista es la oligarquía
financiera-industrial propietaria de las grandes corporaciones como
Endesa. Es por eso que a golpe de decreto desde el gobierno de uno y
otro signo político, pero siempre afín al capital, como se han
privatizado las grandes empresas energéticas estatales para ceder esa
riqueza a una minoría, condenándola a la riqueza eterna, y cómo
posteriormente se ha legislado para beneficiar a esas corporaciones,
bien permitiendo la extracción de riqueza del pueblo con la reordenación
del mercado energético que ha supuesto el mayor incremento posible de
la factura de la luz, bien legislando para eliminar la competencia que
pudiera suponer las empresas de energías renovables, o bien machando a
impuestos a aquel que pretenda autoabastecerse mediante sistemas de
generación particulares a partir de la energía solar, así como
reprimiendo con multimillonarias multas al que trate de evadirlos, o
bien haciendo la vista gorda permitiendo todo tipo de fraudes, y
legislando para facilitarlos.
Es este último apartado en el que el
ingeniero sevillano viene trabajando sin descanso desde hace 21 años,
donde desde su propia web www.estafaluz.com persigue el fraude que a diario perpetran las eléctricas con el alquiler de los contadores, y que hasta el año 2015 suponen unos 11.600 millones de euros que han estafado al pueblo español.
En su web denuncia que la mitad de esta cantidad ha sido cometida desde
el B.O.E., por el PSOE en 1984, y por el PP en 2001. El ingeniero
jubilado denuncia además la red de corrupción que el Estado ha tejido y
que abarca a gobiernos, parlamentos y jueces, que han archivado
fraudulentamente todas las querellas que ha emprendido contra el caso,
pese a que en 2007 el propio gobierno reconoció su existencia en un
documento remitido al parlamento.
Hoy, 1 de julio de 2016 ha muerto a los 68 años Ángel Marcos Rodriguez. Su labor de compromiso con sus ideales fue siempre reconocida entre los vecinos de Mairena del Aljarafe, población de la que fue concejal del Partido Comunista al principio de la Transición y también, en los últimos años de Izquierda Unida.
Ángel fue un hombre dado a los demás, que siempre ayudó a los que lo necesitaron y cuyo compromiso con los trabajadores fue siempre guia de su quehacer político y profesional. Su muerte deja un enorme vacio difícil de llenar para todos los que aún creemos en la dignidad y la honradez en el ejercicio de la política. Porque Ángel fue siempre un comunista fiel a sus principios y nunca se vendió ni cambió de chaqueta aunque oportunidades no le faltaron.
Con su muerte además de un camarada también pierdo un amigo que siempre estuvo ahí en los momentos difíciles. Adiós, Ángel. Nos quedó pendiente esa cervecita con boquerones aliñados que tanto nos gustan.
Varios pueblos de la Cisjordania
ocupada llevan más de dos semanas con constantes cortes de agua
corriente promovidos por las autoridades israelíes.
“Algunos vecinos llevan 14 días sin agua corriente”,
se queja Eyad Yaqob, asesor estratégico de la Comisión Conjunta
(israelo-palestina) de Gestión del Agua, organismo creado como parte de
los Acuerdos de Oslo para evaluar el tratamiento y el mantenimiento de
las fuentes de agua en Cisjordania. “Desde hace más de dos décadas la
cantidad de agua disponible en Cisjordania ha sido de 150 millones de
metros cúbicos al año, pero los israelíes han reducido esa cantidad un 40% y lo peor es que lo han hecho a comienzos del verano, en pleno Ramadán y con las olas de calor que estamos sufriendo”, añade este experto. Yacob se encuentra en la ciudad de Salfit, en una provincia de 70.000
habitantes que colinda con una veintena de colonias israelíes (ilegales
según el derecho internacional), entre ellas la de Ariel, el
asentamiento más grande de Cisjordania. Allí sí abundan las piscinas que solo los colonos israelíes, que consumen siete veces más agua que sus vecinos palestinos (según los datos de la ANP), pueden pagar. Los residentes de Salfit no son los únicos que se han quedado sin
agua corriente, según datos de la Autoridad del Agua palestina, órgano
perteneciente al gobierno de facto de Ramala. También les han reducido
el suministro a los habitantes de los territorios de Nablus o Qalqilia,
cuyas poblaciones suman un total 150.000 personas que
“o no cuentan con agua en casa o no pueden regar sus campos, dar de
beber a su ganado –viéndose obligados a venderlo por no poder costear
los sobrecostes– o poner en marcha sus fábricas”, apunta Yacob. Estos cortes en el suministro “han provocado que los ayuntamientos
tengan que contratar la distribución de agua a través de
camiones-cisterna y forzado a los habitantes de ciudades como Salfit a
consumir agua embotellada, disparando sus costes de avituallamiento
hídrico”, apostilla el experto. “Si cada metro cúbico de agua está costando ahora unos 40 shequels (unos nueve euros), ¿qué hará la gente que no lo pueda pagar?”, se pregunta Yacob. El conglomerado israelí de producción y distribución del agua Mekorot,
cuyos medidores son fácilmente visibles a la entrada de cada una de las
comunidades de esta zona de Cisjordania, cortó el volumen de agua
proporcionado a estas poblaciones bajo el argumento de que necesitan
restringir el bombeo para así mantener la presión del agua y garantizar
la supervivencia de los dos acuíferos que hay en esta región. “En realidad lo que quieren decir es que no hay suficiente agua en el
asentamiento de Ariel (adyacente a Salfit) y que van a cortar el
suministro de la red para mantener allí la presión”, asegura el director
general del Grupo Hidrológico Palestino, Abdel Rahman Tamimi. “Desde mi
punto de vista los israelíes han elegido este momento, justo al
comienzo del verano, para que la Autoridad Nacional Palestina les
compre agua procedente de las plantas desalinizadoras”, añade Tamimi.
El agua, una cuestión de negocio
“Israel quiere que los palestinos no sólo les compremos agua embotellada, también que ésta sea desalinizada y que la obtengamos de su sector privado”,
continúa el especialista, un referente en el sector hídrico palestino.
Según Tamimi, Israel ha hecho grandes inversiones en potabilización del
agua del mar –como la planta de desalinización de agua de Ashdod a
través de la empresa española Sadyt perteneciente al grupo Sacyr– y
necesita amortizar sus altos costes de producción. “Es una fórmula más para obligarnos a comprar sus excedentes de agua desalinizada”,
agrega Tamimi, cuando resulta que según los Acuerdos de Oslo los
palestinos deberían tener acceso hasta el 20% del agua almacenada en los
acuíferos subterráneos de Cisjordania. Sin embargo, en la actualidad
apenas alcanzan el 14% de extracción del acuífero, lo que hace que
Mekorot venda a la ANP unos 65 millones de metros cúbicos al año, en vez
de los 31 millones anuales previstos a mediados de la década de los 90. En opinión de Tamimi, se trata más de un juego económico que de
realmente una situación de sequía extrema. “Nuestro acuerdo era
comprarle agua a Israel a un precio tasado de 1,7 shequels (unos 40
céntimos de euros) por metro cúbico, que ahora nos quieren aumentar a
5,2 shequels (un euro y 20 céntimos), más del triple, y que compremos el agua que procede de las plantas desalinizadoras porque no tienen mercado”, asevera. “Al final es una cuestión de negocio”. Desde la Autoridad de Aguas israelí ponen la pelota en el tejado de
los palestinos. “La Autoridad Palestina se niega a mejorar las
infraestructuras a través de la Comisión Conjunta de Gestión del Agua”,
aseguró recientemente en medios locales el portavoz del órgano
competente israelí, Uri Schor. “Esto hace que las canalizaciones estén
obsoletas y no puedan hacer frente a la demanda”, agregó. La Autoridad del Agua palestina desmiente esta argumentación. ” Hay
docenas de proyectos de infraestructuras para los asentamientos ilegales
que Israel, como poder ocupante, ha puesto en marcha sin la aprobación
de la Comisión Conjunta de Gestión del Agua”, señala un comunicado
difundido por el organismo desde el que se señala que “continuarán
rechazando la extorsión de Israel” para obtener su aprobación en tanto
en cuanto las infraestructuras beneficien a las colonias ilegales de
Cisjordania. Yacob aporta la visión científica para desacreditar las afirmaciones
de Uri Schor. “Mire, hablan de que no hemos reparado las tuberías, pero
acabamos de medir qué cantidad de agua llega exactamente a las
comunidades y las filtraciones que pueda haber. Puedo decirle que son
sólo de un 12%”, apostilla el palestino. “No es verdad que no funcionen
bien porque los americanos, que han sido los donantes, acaban de
reemplazar toda la red”, agrega.
Israel controla el “grifo”
Tamimi reconoce que las palabras de Schor tienen algo de razón en
cuanto que hay motivaciones políticas detrás, pero desde su punto de
vista el problema de fondo es otro. “No hay nada que gestionar o
construcciones que impulsar en cuanto que la titularidad del agua es de los israelíes”, concluye. Según los Acuerdos de Oslo –unos pactos interinos firmados en 1994
que habrían de funcionar durante sólo 5 años hasta que en 1999 tuviera
lugar la creación de un Estado palestino independiente– Israel actuaría
como productor y distribuidor del agua hasta que la ANP tuviera sus
capacidades propias. La prórroga indefinida en que la segunda Intifada colocó a los
Acuerdos de Oslo y la imposibilidad de conseguir la aplicación del
modelo de dos Estados a través de la diplomacia internacional –tal como
ha quedado patente en la reciente cumbre de París para poner en marcha
la conocida como “iniciativa francesa para Oriente Próximo”– siguen
permitiendo a Israel monopolizar la extracción e imponer cuotas de
consumo a los palestinos de Cisjordania. De acuerdo a las estadísticas, la media de consumo israelí
supone más de 180 metros cúbicos anuales por persona. En el caso de los
palestinos esta cifra se queda en 73, por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En zonas como la de Salfit y los pueblos del sur de Hebrón, situados
junto a los grandes bloques de asentamientos israelíes en Cisjordania,
este patrón de consumo puede verse reducido hasta unos 20 metros cúbicos
anuales, lo cual constituye la denegación de acceso a un derecho básico
universal como es el agua, según la ONG de derechos humanos israelí
Btselem. Desde el Coordinador de Actividades en los Territorios Ocupados
(COGAT, que es la institución del Ministerio de Defensa israelí que
lidia con los asuntos civiles de los palestinos), aseguran que las
restricciones de agua afectan también a los colonos. “Debido al
incremento de las temperaturas y del consumo de agua durante el verano
se ha activado el pozo de Ariel 1 (situado bajo el asentamiento del
mismo nombre) para abastecer a la zona de Salfit, y otros 5.000 metros
cúbicos están siendo bombeados diariamente para la zona del sur de
Hebrón”, señala un comunicado. Por su parte, los palestinos se sienten víctimas de los
tejemanejes económicos del nuevo ministro de Defensa, el
ultranacionalista Avigdor Lieberman, quien por un lado querría
poner más presión política sobre la ANP y, por otro, ayudar a promover
los intereses económicos de las plantas desalinizadoras israelíes. Su
construcción ha vivido un boom en los últimos años, pero resulta cara y
su amortización es a medio-largo plazo. De momento, los palestinos de Cisjordania ya sufren las restricciones
de agua en un verano que promete ser caluroso, mientras sus vecinos de
las colonias se bañan en las piscinas. La imagen es similar a la que se
daba en la Franja de Gaza antes de la “desconexión” israelí en 2005,
aunque ahora los problemas de abastecimiento de agua corriente son
incluso peores. Publicado en Pájaro Rojo.
