Se acabaron las prórrogas. El Gobierno ha aprobado hoy el
real decreto ley de reforma de la estiba y lo hace sin haber alcanzado un
acuerdo con el sector. Pero desde Fomento aseguran que el tiempo se ha agotado.
"Tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros
si no lo hiciéramos", subrayó ayer el ministro, que confía en la
convalidación del real decreto en el Congreso, lo que permitiría evitar la
multa de Bruselas.
Con este objetivo, Íñigo de la Serna hizo este viernes
"un llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos" para
que convaliden esta norma en la Cámara Baja, "teniendo en cuenta",
dijo, que "se trata de un fallo de obligado
cumplimiento".
El ministro recordó que de no hacerlo, España se enfrenta a
una multa de 134.000 euros diarios. Además, subrayó, que"se trataría del
primer incumplimiento de España de un tratado de la Unión".
Asimismo, pidió a sindicatos y patronal que intensifiquen
las reuniones en el ámbito de la negociación colectiva. "Estamos
convencidos de que van a alcanzar un acuerdo", añadió.
Pero por si el desencuentro entre ambas partes continuara y
los paros parciales convocados en los puertos a partir del próximo 6 de marzo
siguieran adelante, Fomento cuenta ya con un plan de contingencia, que incluye
servicios mínimos para asegurar el abastecimiento de las islas, y evitar que se
colapsen las entradas y salidas de las instalaciones portuarias.
Algo que no extraña teniendo en cuenta que se trata de un
sector clave para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y
descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga
anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las
exportaciones el 60% de las importaciones. Una huelga, por tanto, en los
puertos supondría, en palabras del ministro, "un importante daño para la
economía del país". Además, según señaló De la Serna, podría venir
acompañada de otros efectos colaterales como que las empresas decidan
trasladarse a otros puertos de forma definitiva.
Fase parlamentaria
El conflicto afronta a partir de hoy una nueva etapa en dos
frentes. La reorganización del sector debe ser avalada en el plazo de un mes
por el Congreso. Y para lograrlo, el Gobierno tendrá que conseguir apoyos entre
los distintos grupos parlamentarios.
Por otro lado, los sindicatos y la patronal disponen de un
año para negociar un nuevo convenio colectivo y resolver algunas de las
cuestiones que están sobre la mesa como la subrogación de los actuales
trabajadores o el establecimiento de cuál debe ser la formación necesaria para
poder ejercer esta actividad.
Pese a que desde Fomento aseguran que el real decreto no se
puede tocar porque ya se ha negociado todo lo que se podía con Bruselas, los
estibadores todavía no han arrojado la toalla y confían en que se puedan
introducir modificaciones al texto en su tramitación parlamentaria, vía
enmiendas; algo que De la Serna ve inviable, ya que entonces, insiste, el
decreto se encontraría con la negativa de la Comisión. Además, según el
ministro, esto no detendría el proceso y sólo serviría para que España tuviera
que pagar la multa de 134.000 euros diarios.
El real decreto de reforma del actual modelo de estiba que
se ha aprobado hoy liberaliza un sector que ha sido controlado por las sociedades
de gestión de estibadores portuarios, las llamadas Sagep, de las que dependen
los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos. Hasta ahora, las empresas
sólo podían contratar a aquellos trabajadores que formaran parte de estas
sociedades.
"Desregulación salvaje"
Las palabras de De la Serna en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros no fueron muy bien recibidas por los sindicatos. UGT
acusó al Ejecutivo de imponer, vía decreto, la reforma del sector de la estiba,
lo que confirma, a juicio de esta organización sindical, "la nula voluntad
de consenso manifestada por la Administración durante estos días y su desprecio
a los principios democráticos más elementales".
El sindicato que lidera Pepe Álvarez considera que "no
se han tomado en consideración ninguna de las alternativas planteadas por los
sindicatos", a pesar de que el Ministerio de Fomento lo niega.
Además, sostienen que "el contenido del real decreto
excede con mucho los límites y condiciones establecidos por la sentencia del
Tribunal de Justicia de la UE" y afirman que este fallo "ha sido
utilizado torticeramente por el Ministerio de Fomento para poner en marcha una
desregulación salvaje que acarreará altos índices de precariedad e inseguridad,
y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo
temporal".
Por último, aseguran que "la intransigencia del
Gobierno -al decretar a las bravas y sin consenso la reforma- y los cambios de
criterio de la patronal Anesco condicionan y comprometen gravemente las
negociaciones abiertas en el marco de la negociación colectiva".
Bruselas
también está presionando a España a reformar la ley de Puertos.
NO OLVIDEMOS QUE LA REFORMA SANITARIA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA EN LA AGENDA DE BRUSELAS Y TAMBIÉN VENDRÁ IMPUESTA A GOLPE DE DECRETO LEY.