Saturday, 25 February 2017

UNA DESREGULACIÓN SALVAJE.




Se acabaron las prórrogas. El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto ley de reforma de la estiba y lo hace sin haber alcanzado un acuerdo con el sector. Pero desde Fomento aseguran que el tiempo se ha agotado. "Tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros si no lo hiciéramos", subrayó ayer el ministro, que confía en la convalidación del real decreto en el Congreso, lo que permitiría evitar la multa de Bruselas.

 Con este objetivo, Íñigo de la Serna hizo este viernes "un llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos" para que convaliden esta norma en la Cámara Baja, "teniendo en cuenta", dijo, que "se trata de un fallo de obligado cumplimiento".


El ministro recordó que de no hacerlo, España se enfrenta a una multa de 134.000 euros diarios. Además, subrayó, que"se trataría del primer incumplimiento de España de un tratado de la Unión".

Asimismo, pidió a sindicatos y patronal que intensifiquen las reuniones en el ámbito de la negociación colectiva. "Estamos convencidos de que van a alcanzar un acuerdo", añadió.
Pero por si el desencuentro entre ambas partes continuara y los paros parciales convocados en los puertos a partir del próximo 6 de marzo siguieran adelante, Fomento cuenta ya con un plan de contingencia, que incluye servicios mínimos para asegurar el abastecimiento de las islas, y evitar que se colapsen las entradas y salidas de las instalaciones portuarias.
Algo que no extraña teniendo en cuenta que se trata de un sector clave para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones el 60% de las importaciones. Una huelga, por tanto, en los puertos supondría, en palabras del ministro, "un importante daño para la economía del país". Además, según señaló De la Serna, podría venir acompañada de otros efectos colaterales como que las empresas decidan trasladarse a otros puertos de forma definitiva.


Fase parlamentaria



El conflicto afronta a partir de hoy una nueva etapa en dos frentes. La reorganización del sector debe ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso. Y para lograrlo, el Gobierno tendrá que conseguir apoyos entre los distintos grupos parlamentarios.

Por otro lado, los sindicatos y la patronal disponen de un año para negociar un nuevo convenio colectivo y resolver algunas de las cuestiones que están sobre la mesa como la subrogación de los actuales trabajadores o el establecimiento de cuál debe ser la formación necesaria para poder ejercer esta actividad.
Pese a que desde Fomento aseguran que el real decreto no se puede tocar porque ya se ha negociado todo lo que se podía con Bruselas, los estibadores todavía no han arrojado la toalla y confían en que se puedan introducir modificaciones al texto en su tramitación parlamentaria, vía enmiendas; algo que De la Serna ve inviable, ya que entonces, insiste, el decreto se encontraría con la negativa de la Comisión. Además, según el ministro, esto no detendría el proceso y sólo serviría para que España tuviera que pagar la multa de 134.000 euros diarios.
El real decreto de reforma del actual modelo de estiba que se ha aprobado hoy liberaliza un sector que ha sido controlado por las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las llamadas Sagep, de las que dependen los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos. Hasta ahora, las empresas sólo podían contratar a aquellos trabajadores que formaran parte de estas sociedades.


"Desregulación salvaje"



Las palabras de De la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no fueron muy bien recibidas por los sindicatos. UGT acusó al Ejecutivo de imponer, vía decreto, la reforma del sector de la estiba, lo que confirma, a juicio de esta organización sindical, "la nula voluntad de consenso manifestada por la Administración durante estos días y su desprecio a los principios democráticos más elementales".

El sindicato que lidera Pepe Álvarez considera que "no se han tomado en consideración ninguna de las alternativas planteadas por los sindicatos", a pesar de que el Ministerio de Fomento lo niega.
Además, sostienen que "el contenido del real decreto excede con mucho los límites y condiciones establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE" y afirman que este fallo "ha sido utilizado torticeramente por el Ministerio de Fomento para poner en marcha una desregulación salvaje que acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal".
Por último, aseguran que "la intransigencia del Gobierno -al decretar a las bravas y sin consenso la reforma- y los cambios de criterio de la patronal Anesco condicionan y comprometen gravemente las negociaciones abiertas en el marco de la negociación colectiva".

Bruselas también está presionando a España a reformar la ley de Puertos.


NO OLVIDEMOS QUE LA REFORMA SANITARIA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA EN LA AGENDA DE BRUSELAS Y TAMBIÉN VENDRÁ IMPUESTA A GOLPE DE DECRETO LEY.








Wednesday, 22 February 2017

FELIPE VI CONMEMORA UN HITO DEL CRIMINAL EJÉRCITO FRANQUISTA JUNTO A MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.







La Asociación de Memoria Histórica critica que el rey Felipe celebre la refundación franquista de una academia militar.








Felipe de Borbón ha celebrado la refundación en 1942, durante el franquismo, de la Academia General Militar de Zaragoza. Y esto supone, según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que el Jefe del Estado celebre "hitos de la dictadura". La entidad memorialista critica también la participación de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Con su presencia, el rey Felipe, Cospedal, el presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez, "conmemoraron" este lunes la reforma que hizo Franco a "una academia destinada a formar a los mandos militares de una sangrienta dictadura". Asistieron además la presidenta de las Cortes aragonesas, Violeta Barba, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcaide, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.
Este "gran centro de formación", tras la guerra civil española, estuvo destinado a formar a "unas fuerzas armadas cuyo principal objetivo era mantener las leyes represivas, participar y proteger a quienes cometían violaciones de derechos humanos y mantener el uso de la fuerza para que continuara secuestrada la democracia", apunta la Asociación de Memoria Histórica en un comunicado. Casa Real y el Ministerio de Defensa, a preguntas de eldiario.es, prefieren no realizar declaraciones.
El Rey regresa a la Academia General Militar de Zaragoza en su 75 aniversario© Proporcionado por El Diario de Prensa Digital SL El Rey regresa a la Academia General Militar de Zaragoza en su 75 aniversario

"Don Felipe presidió el acto", dice Casa Real

Como informa la Casa Real: "don Felipe presidió el acto que se ha celebrado en la Academia General Militar para conmemorar el 75 aniversario de la tercera época de la institución". La primera época, dice la institución, "tuvo lugar entre los años 1882 y 1893, la segunda entre 1927 y 1931, y la tercera desde 1942". Es decir, se celebró la de 1942.
La jefatura del Estado y el Ministerio de Defensa "no deberían participar en actos que conmemoren hitos de la dictadura franquista", subraya la ARMH. Y propone la asociación: "sería mucho más honroso desde un punto de vista democrático que dentro de la Academia Militar de Zaragoza se instalara un monumento dedicado a todos los militares que murieron defendiendo el Gobierno elegido democráticamente contra el que los franquistas iniciaron una terrible guerra".
En el acto de aniversario intervino el general jefe de la Academia Militar, Luis Lanchares, que resaltó la larga tradición del centro "en su permanente aspiración de dar a España los mejores oficiales". Lanchares recordó que Zaragoza es sede de la escuela castrense desde su segunda época, ya que se creó en el Alcázar de Toledo y se reabrió en la capital aragonesa en 1927, siendo director de esa época el general Francisco Franco.
La asociación de Memoria Histórica refiere cómo "en su pasado discurso navideño el monarca se refirió a los conflictos de la sociedad española con el pasado de la dictadura". Decía Felipe de Borbón: "Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas". La asociación presentó una queja al Defensor del Pueblo, que rechazó la denuncia de las víctimas del franquismo.
Aquella afirmación del rey Felipe es "poco coherente", destaca la ARMH, con la "conmemoración de un hito de la dictadura franquista". La celebración queda agravada, sostienen, "por llevarse a cabo en un país en el que todavía hay 114.226 personas civiles asesinadas por la represión orquestada por el general Franco, que permanecen desaparecidas en fosas comunes y caminos".
El Rey regresa a la Academia General Militar de Zaragoza en su 75 aniversario© EFE El Rey regresa a la Academia General Militar de Zaragoza en su 75 aniversario

Friday, 17 February 2017

LA DERECHA ECONOMICA FRANQUISTA A FAVOR DE UNA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE VENEZUELA..


Ahí los tenemos. Bien hermanados todos con los intereses de los oligarcas venezolanos. Entre otros Bertín Osborne, el otanista Solana y el jefe del El País, Cebrian. Todo un contubernio fascista.
Desde luego España es lo peor de lo peor. Practicamente estos "demócratas franquistas" estan llamando a la intervención (incluso militar) contra ese país país hermano
¿Cómo se puede tener tamaño descaro al intervenir de esta manera en los asuntos internos de otro país?



González con su amigo, el oligarca venezolano Carlos Slim












Los think-tank europeos se extrañan de que España sea de los pocos países que no triunfan partidos de  la extrema derecha.


Thursday, 16 February 2017

NO LO DIGO YO AUNQUE LO COMPARTO.




"El PP tendría que ser juzgado y estar al nivel de Herri Batasuna (HB), es decir, tendría que ser expulsado de la democracia y refundarse, llamarse de otra manera y echar a toda esa gente que ha contribuido a la corrupción."

Jose Luis Peñas.

Ex -pepero y denunciante de la corrupción del PP.

Echarlos no. ¡Meterlos a todos en la carcel por banda criminal organizada!
 

Friday, 10 February 2017

OTRO CONSEJERO PARA LAS ELÉCTRICAS QUE TENDREMOS QUE PAGAR.

No salimos de la vergüenza y estupor que Rajoy, presidente de España, manifieste un panegírico público a Rita Barberá, que además tenemos que soportar otro "enchufao" más por la gracia de dios en el Consejo de "notables" de las eléctricas en su campaña de robo al usuario.
El señor ex director de la Guardia Cilvil, ahora consejero de las Eléctricas.
En esta ocasión el agraciado es un fascista cadenero de esos que en su juventud iba amedrentando y agrediendo a personas en su Galicia natal y que luego, este gobierno de corruptos y cleptómanos premió dándole el puesto nada menos que de Director de la Guardia Civil (en sus espaldas recae la responsabilidad del crimen no resuelto de Tarajal). 



 ¡Tiene cojones la cosa!
A este señor de democracia más que dudosa este gobierno del PP-PSOE-Ciudadanos le premia sus fascistoides servicios a España con un puesto en el consejo de las eléctricas con 150.000 euros al año. Así se explica estas contínuas subidas tarifarias para pagar tan ilustre elenco de consejeros que mantiene esta ladrona empresa del IBEX. Esta situación, que se repite sin proposito de enmienda y que haría arder Troya en cualquier país con un mínimo de dignidad, en este vertedero de corrupciones y cobardías llamado España se asume como otra irremediable y desgraciada normalidad a las que ya nos tienen acostumbrados y que hay que sufrir en silencio, con las almorranas reventadas de tanto que nos den por el culo. Y encima hay que pagar sin protestar y con buena cara no vaya a ser que la ley mordaza nos agrave aún más la tragedia que arrastramos.
bucaneroerrante







Imágenes de algunos de los políticos "enchufados".

En este país de trincheras, un dato hermana a políticos de izquierdas, derechas y nacionalistas: su afición a reengancharse en empresas energéticas tras dejar el cargo. La lista de enchufados sigue creciendo mientras la factura eléctrica se dispara y algunas empresas se llevan sus inversiones al extranjero. Los últimos en alistarse han sido Isabel Tocino, Ana de Palacio y Antonio Hernández Mancha, ungidos el martes como consejeros de Enagás, una compañía que, entre otros negocios, distribuye gas natural a las centrales de ciclo combinado. Crónica ha rastreado el staff de las energéticas a la caza de ex políticos y sus familiares. Rozan el medio centenar.
Acebes, Ángel (Iberdrola). Ex ministro del Interior y ex secretario general del PP. Miembro del consejo de administración de Iberdrola. 216.000 euros.
Aracama, José María (Gamesa). Ex consejero de Economía y Hacienda de Navarra. Consejero independiente. 100.000 euros.
Amador, Ángeles (Red Eléctrica). Ex ministra de Sanidad del PSOE. Consejera externa independiente. 182.000 euros.
Atutxa, Juan María (Iberdrola). Ex consejero del Interior del País Vasco con el PNV. Consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción. 46.300 euros (estimación).
Aznar, José María (Endesa). Ex presidente del Gobierno. Asesor externo de Endesa. 200.000 euros (estimación).
Azpilicueta, Manuel (Solaria). Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria con Adolfo Suárez. Consejero independiente de Solaria. 75.000 euros (estimación).
Becerril, Carmen (Acciona). Ex directora general de Política Energética y Minas con el PP. Directora general de internacional de Acciona. Sueldo no público.
Borbón-Dos Sicilias, Carlos (Abengoa). Primo de Juan Carlos I. Consejero independiente de Abengoa Solar. Salario no público.
Borrell, Josep (Abengoa). Ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ex presidente del Parlamento Europeo. Consejero independiente externo. 300.000 euros.
Boyer, Miguel (Red Eléctrica). Ex ministro de Economía del PSOE. Consejero externo independiente. 153.000 euros.
Cabanillas, Pío (Acciona). Ex director general de RTVE y ex portavoz del Gobierno. Director general de imagen corporativa y marketing global de Acciona. Remuneración no pública.
Cobo Cobo, Santiago (Gas Natural Fenosa). Marido de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. Consejero independiente de Gas Natural Fenosa. 138.500 euros.
Cuevas Tello, Ana (Red Eléctrica). Ex jefa de gabinete del secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial e hija de José María Cuevas, el ex presidente de la CEOE. Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales. Sueldo no público.
De Vicente-Tutor, Manuel(Solaria). Ex director del gabinete del director general de la Agencia Tributaria. Secretario del consejo de Solaria. Sueldo no público.
Domínguez Abascal, José (Abengoa). Ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Secretario general técnico de Abengoa. Sueldo no público.
Espinosa de los Monteros, Carlos (Acciona). Ex vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. Consejero independiente. 175.000 euros.
Fernández-Cuesta, Nemesio (Gas Natural Fenosa). Ex secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales. Consejero dominical en nombre de Repsol. 126.500 euros.
Folgado, José (Red Eléctrica). Ex secretario de Estado de Energía, de Economía y de Presupuestos. Presidente de Red Eléctrica. 650.000 euros.
González, Felipe (Gas Natural Fenosa). Ex presidente del Gobierno. Consejero independiente (hasta abril). 126.500 euros.
González, Miriam (Acciona). Esposa de Nick Clegg, viceprimer ministro británico. Consejera independiente. 125.000 euros.

Hernández Mancha, Antonio (Enagás). Ex líder de Alianza Popular. Consejero independiente de Enagás a falta de confirmación por la Junta. 64.000 euros (estimado).
López del Hierro, Ignacio (Iberdrola). Marido de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. Consejero de Iberdrola Inmobiliaria e Iberdrola Ingeniería. 75.000 euros (estimado.)
Madí, David (Endesa). Ex secretario de comunicación y estrategia de Convergència Democràtica de Catalunya. Presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña. 25.000 (estimado).
Majó Cruzate, Joan (Endesa). Ex ministro de Industria con el PSOE. Miembro del consejo asesor de Endesa en Cataluña. 25.000 euros (estimado).
Marín, Manuel (Iberdrola). Ex presidente del Congreso de los Diputados y ex vicepresidente de la Comisión Europea. Presidente de la Fundación Iberdrola. Sueldo no público.
Martín Villa, Rodolfo (Endesa). Ex vicepresidente del Gobierno con la UCD. Presidente de honor de Endesa. Sin remuneración.
Martínez-Rico, Ricardo(Abengoa). Ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Consejero independiente. 136.000 euros.
Medel, Braulio(Iberdrola). Ex viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía. Consejero independiente de Iberdrola. 297.000 euros.
Oreja Arburua, Marcelino (Enagás). Ex eurodiputado e hijo del ex comisario europeo de Energía. Consejero delegado de Enagás. 423.000 euros.
Padrol Munté, Heribert (Gas Natural Fenosa). Ex número dos de la lista de CiU al Congreso. Consejero dominical por Criteria CaixaHolding. 126.500 euros.
Palacio, Ana (EDP y Enagás). Ex ministra de Exteriores. Consejera independiente de EDP y consejera de Enagás a falta de confirmación por la Junta. 100.000 euros (estimación).
Pérez Simarro, Ramón (Enagás). Ex director general de la Energía. Consejero independiente. 72.000 euros (estimación).
Roca Junyent, Miquel (Endesa). Ex portavoz de CiU en el Congreso, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina. Consejero independiente. 308.378 euros.
Rupérez, Javier (Abengoa). Ex diputado y ex embajador en EEUU. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (est).
Salgado, Elena (Endesa). Ex ministra de Economía. Vocal del consejo de administración de Chilectra. 60.000 euros (est).
Sendín, Paloma (Red Eléctrica). Ex directora general de Minas. Consejera independiente. 153.000 euros.
Solana, Luis (Abengoa). Ex diputado socialista, ex director de RTVE y hermano del socialista Javier Solana. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (estimado).
Solana, Gonzalo (Enagás). Ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).
Solbes, Pedro (Enel). Ex ministro de Economía y ex comisario europeo. Consejero de Enel (accionista de referencia de Endesa). 132.000 euros.
Terceiro Lomba, José (Abengoa). Subsecretario de la presidencia del Gobierno. Vicepresidente ejecutivo de Abengoa en representación de la empresa Aplidig SL. 3.099.000 euros.
Tocino, Isabel (Enagás). Ex ministra de Medio Ambiente con el PP. Consejera independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).
Valero, Luis (Enagás). Ex secretario general de Industria. Consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).
Verde, Juan(Abengoa). Asesor de Barack Obama. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (estimado).

diario El Mundo

¡A PREPARAR LA PASTA DEL PRÓXIMO RECIBO QUE VIENE CON SUBIDA!
 

Sunday, 29 January 2017

LA ILUSTRACIÓN DEL WASHINGTON POST.


THE WASHINGTON POST REVISTE CON EL UNIFORME DE PINOCHET A DONALD TRUMP Y LO LLAMA EL CAUDILLO YANQUI"

...y se olvida graciosamente que fue otro presidente democrático de los USA, Richard Nixon que junto al respetable, Henry Kissinger, pusieron al dictador fascista, Pinochet, en el poder y por ende fueron los responsables morales del asesinato de Salvador Allende.
¿Donde estaba este prestigioso y democrático periódico cuando pasó aquello? Denunció en sus páginas aquella criminal y salvaje intervención de su gobierno en Chile?
¿O le pagaron por defender la sanguinaria dictadura los mismos que ahora le pagan por denostar a Trump? 

Ciertamente, que con esta mafia de periodismo habría que acabar cuanto antes.

Saturday, 28 January 2017

EL NODO Y LA TELEVISIÓN PÚBLICA.


En España es todo cada vez más indignante. Los partidos constitucionalistas, los políticos, la gente... Y no digamos la televisión, esa mala puta que amamanta la gran borregada de este país. 
La desinformación está a la orden del día en esos telediarios de las cadenas privadas y sobre todo de una cadena pública con intenso sabor a NODO, que debía avergonzar a los periodistas, ¡algunos de ellos premiados por su labor!, seguramente de contribuir de manera activa a esta macro estafa informativa.

Wednesday, 25 January 2017

VÍCTIMAS DEL NUEVO CÓDIGO PENAL FRANQUISTA.


VICTIMAS DEL NUEVO CÓDIGO PENAL FRANQUISTA. AL ANCIANO PROFESOR VESTRINGE LE PUEDEN CAER TRES AÑOS POR "OCASIONAR LESIONES A UN ANTIDISTURBIO" ¿Y LA SIGUEN LLAMANDO DEMOCRACIA?
 

 
Examen del nuevo Código Penal. Las modificaciones más peligrosas para la democracia.

Foro de Abogados de Izquierdas . Antonio Segura, Juan Moreno y Miguel Angel Garrido. 18/10/2013

 
Una reforma al servicio del capital y las fuerzas de seguridad. En pocas palabras esta sería una buena forma de definir el significado de la reforma del Código Penal que ha remitido a las Cortes el gobierno del Partido Popular, una reforma que no pasará desapercibida y que, desgraciadamente, padecerán las clases populares y aquellos que osen contestar en las calles las políticas antisociales de la Troika, la banca y su gobierno faldero.

 
Ya desde su remisión como anteproyecto de ley ante el Consejo de Ministros, no se ocultaba uno de los fines más inmediatos de la contrarreforma, y así lo exponía el Ministro Gallardón: “reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia callejera”. Es evidente la utilización instrumental en defensa de la clase dirigente que cualquier régimen hace no solo de las instituciones, sino además de los propios instrumentos jurídicos como los códigos penales. Lo curioso de este caso es que se viene a legislar previendo lo que, a ojos del propio gobierno, se nos viene encima: más recortes de derechos, más miseria, más desahucios, más violaciones a los principios que inspiraron la Constitución y más respuesta democrática de los ciudadanos en la calle. Es esa presunción la que obliga a los dirigentes de este régimen en decadencia a fortalecer sus mecanismos de coerción ante esa nueva realidad social y a reprimir con mayor dureza las infracciones derivadas de la pobreza y el estado de necesidad económica. Y todo ello lo hace dentro de esa lógica neoliberal que en nuestro Estado tiene una deriva franquista, que es la de reprimir sin contemplación al ciudadano que se resista, aún pacíficamente, a los mandatos de la dictadura político-financiera que pretende capitanear la sociedad de los próximos años.

 
Será delito hurtar una barra de pan.

Por un lado, del nuevo Código Penal cabe destacar la desaparición de las faltas, una medida que el gobierno presenta como de racionalización de la administración de justicia, pero que va a suponer una mayor criminalización de determinadas conductas relacionadas con la penuria económica y los pequeños problemas comunitarios. Así, el mero hecho de hurtar un paquete de arroz, trabajar como mantero o conectarse sin autorización a la red eléctrica de Iberdrola pasará a ser delito, aunque sea leve, lo que en la práctica significa la facilitación de la detención en comisaría de la persona denunciada, un aumento de la pena y la generación de antecedentes penales. Sobre la cuestión del aumento de las detenciones, hay que recordar que a día de hoy la mera imputación de una falta nunca puede justificar la detención por parte de la policía si existe capacidad de identificación de la persona denunciada, situación que se revierte con la reforma, ya que la conversión de muchas faltas en delitos leves abre la puerta a que la mera imputación de dicho delito leve conlleve la detención de la persona y su confinamiento en una celda de la comisaría más cercana.

 
Además, la supresión de determinadas faltas y su definitiva remisión a la jurisdicción administrativa, como la anacrónica de falta de respeto a un agente de policía, va a suponer un incremento de la sanción que impone la administración y dificultar el acceso a la revisión judicial, ya que el actual sistema de tasas judiciales va a imposibilitar o desincentivar a las clases populares el recurso judicial ante las decisiones arbitrarias de la administración.

 
Acallar la protesta social

Por otra parte, además de esta mayor criminalización de la pobreza, la reforma tiene como objetivo el de acallar la protesta social. Es un paso más, pero profundo y ajustado a las necesidades de represión ante una mayor movilización y organización de la ciudadanía y sus medios de lucha, respuesta represora que encaja en lo que desde hace años se ha venido llamando derecho penal del enemigo. Otros gobiernos ya han venido utilizando este instrumento de la misma manera, como la famosa “ley Corcuera” diseñada para reprimir los derechos y libertades y garantizar la impunidad de las actuaciones desproporcionadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque en esta ocasión se va más lejos castigando severamente todo tipo de discrepancias con los agentes de policía. Es innegable que las mayorías absolutas favorecen dichos retrocesos, pero no es menos cierto que todos los gobiernos desde la proclamación de la Constitución vigente han apuntado en esa dirección de restringir los derechos que en la misma sólo se definen sobre el papel.

 
Este proyecto de código va un paso más allá, ya que pretende criminalizar incluso la opinión y el pensamiento. Si el Código Penal hoy vigente solamente castiga acciones u omisiones, con la contrarreforma se pretende castigar el mero uso de consignas y mensajes, incluidos también los de carácter político. Cómo si no se puede interpretar que en el nuevo Art. 559 CP se sancione como delito “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557CP Bis, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Indudablemente se quiere punir a los que simpaticen con las luchas sociales, en especial a los usuarios de las redes sociales que difundan convocatorias disidentes con el poder establecido.

 
Con el actual Código Penal en la mano, en teoría, los jueces de este país no pueden sancionar los llamamientos a participar en una manifestación no comunicada que pretenda, por ejemplo, mostrar su rechazo contra la monarquía cortando el tráfico en el Paseo de la Castellana, siendo excepcionales, y deplorables, los casos de algunos jueces y fiscales que así lo intentan. Pero con esta nueva redacción se abre la mano a que la policía y la fiscalía persigan y los jueces condenen este tipo de conductas que se desarrollan en diferentes redes sociales, lo que a todas luces puede ser inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que, de aprobarse definitivamente este proyecto de nuevo Código Penal, cientos de ciudadanos podrán pasar por la comisaría por el sólo hecho de haber repartido o distribuido propaganda para el ejercicio de derechos fundamentales. Y lo peor, poco podemos esperar del Tribunal Constitucional, presidido hoy por un (ex)militante del PP, como órgano que vele por nuestras garantías constitucionales y declare inconstitucional dicho precepto.

 
Un paso pues que nos lleva a un tablero de juego más parecido al de una dictadura que al de una democracia, y por ello es necesario una oposición clara a esta reforma, una toma de conciencia de lo que significa y de organizar a la ciudadanía y a los interlocutores jurídicos, jueces, fiscales, abogados etc. que creen en la democracia con independencia de su ideología para crear una respuesta contundente a este atropello, a este golpe contra nuestro sistema de libertades, ya de por sí frágil, pero que con la aprobación de esta contrarreforma prácticamente desaparece.

 
Esta reforma muestra cómo el poder carece de soluciones para salvar el Estado social, porque no está entre sus objetivos, por lo que no tiene más remedio que acabar también con el Estado democrático y de derecho. La sociedad en su conjunto está obligada a reaccionar, empezando por el poder judicial que se va encontrar en la encrucijada de demostrar si forma parte de la solución o del problema, si quiere ser activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos o indiferente ante los abusos de los derechos de las personas. Y, en este momento, la indiferencia sólo puede ser interpretada como complicidad.

COMPLICIDAD LA DEL PSOE QUE NO HA MOVIDO UN DEDO PARA EXIGIR AL PP LA DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA. LUEGO TIENEN LA DESFACHATEZ DE IR DE IZQUIERDAS POR LA VIDA.