Sunday, 25 November 2012

¿TAMBIÉN LA LIBERTAD DE PRENSA ES UN DELITO?


Rajoy y sus banqueros no quieren testigos en los criminales desahucios.
La policía detiene y le quita la cámara a una periodista de la Sexta por hacer su labor en una manifestación en Sevilla contra los desahucios.
Ana García, ha sido puesta hoy en libertad con cargos
después de pasar la noche en comisaría incomunicada y con otros cuatro detenidos. Todos han quedado en libertad con cargos. Se les imputa ocupación ilegal de un inmueble, atentado a la autoridad, desobediencia, daños y lesiones. Además, a Ana le han requisado la cámara y las grabaciones. “Consideran que alboroté a la gente, cuando yo allí no conocía a nadie y solo estaba haciendo mi trabajo”, lamenta Ana García. “Hasta hoy había ido a coberturas y nunca había tenido problemas: nunca me habían dicho que no pudiera grabar”.
Parece increíble las barbaridades que ha hecho esta joven con una cámara en la mano (¡atentado a la autoridad, desobediencia y daños y lesiones!). 
De momento ha estado presa e incomunicada toda una noche por ejercer su profesión.


Ana Garcia a la salida de los juzgados de Sevilla.
 

LA POLICÍA DE CIU Y DEL PP.



INADMISIBLE ACTITUD DE UN GOBIERNO
QUE DICE SER DEMOCRÁTICO.

RAJOY VUELVE A INDULTAR POR SEGUNDA VEZ Y EN FRAUDE DE LEY A LOS MOSSOS CONDENADOS POR TORTURAS Y MALOS TRATOS POR LA AUDIENCIA DE BARCELONA.


 
"El Consejo de Ministros ha indultado este viernes por segunda vez a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Los policías debían cumplir penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión decretadas por el Tribunal Supremo, que consideró probado que apalearon, amenazaron e incluso introdujeron una pistola en la boca al detenido. En febrero, el Gobierno del PP ya concedió la medida de gracia, rebajando la pena a dos años de prisión, con el convencimiento de que los agentes no entrarían en la cárcel —normalmente si el reo no tiene antecedentes, como es el caso, se suspende la ejecución—. También cambió la inhabilitación por la suspensión de cargo público durante dos años.
Pero la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, en una resolución atípica, ordenó el ingreso en prisión de los policías, alegando “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social”. Los mossos d’esquadra, respaldados por el Departamento de Interior, presentaron diversos recursos para retrasar la ejecución de la condena y confiando en que se les concedería un segundo indulto, que también pidieron.
El próximo 10 de diciembre era la fecha límite: o el Gobierno atendía su petición o entraban en la cárcel. El Ejecutivo del PP conmutó este viernes la pena de prisión por una multa con una cuota diaria de 10 euros, durante dos años, lo que supone pagar 7.200 euros en lugar de la prisión. En una nota de prensa, el Ministerio de Justicia alegó que la medida se concede tras “analizar la amplia documentación e información que contienen los expedientes aportados”. Una portavoz aclaró después que se han basado en los mismos informes que estudiaron para conceder el primer indulto: investigaciones policiales posteriores sobre los hechos y el currículo de los agentes.
La Audiencia ya advirtió en un auto en agosto que un segundo indulto sería “una suerte de fraude de ley o abuso de derecho”  EL PAÍS. Edición digital. 

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