LA REPRESIÓN CONTRA EL CIUDADANO SE PRIVATIZA.

No contento con la nueva ley mordaza, el PP ha decidido que los seguratas participen de la represión general contra los ciudadanos, otorgándole el poder de pararlos e identificarlos fuera de los límites donden cumplen su servicio de vigilancia e incluso ¡detenerlos! a los que consideren sospechosos. Y esto es el colmo de los colmos. ¿Acaso este gobierno opresor no dispone ya de los suficientes policias, guardias civiles, antidisturbios, policias autonómicos, policías locales, para tener que echar mano también de la represión privada?

Ponle una gorra a cualquier descerebrado y se creerá capitán general con mando en plaza. Hay innumerables casos de graves sucesos de agresiones violentas por parte de la seguridad privada que en más de una ocasión se ha pasado tres pueblos en sus funciones de "autoridad". Ya tuvimos ocasión de comprobar como los seguratas del metro de Madrid enloquecian de violencia, uniéndose a los antidisturbios en la festiva tarea de descalabrar a manifestantes y ciudadanos que allí se refugiaban. Y todo ello con la babeante complacencia del siniestro Ministerio del Interior. 
Pero esta nueva disposición del gobierno es ya del todo inasumible. Que cualquier matón de discoteca, sin principios ni preparación, tenga la licencia de detenerte en plena calle y si te resistes pueda propinarte una paliza, supera con creces lo que se puede soportar en democracia.

Desde el momento que esta nueva disposición entre en vigor será imposible manifestarse allá donde exista seguridad privada. Por poner un ejemplo, los estafados por las preferentes no podrán manifestarse ni quejarse en las sucursales bancarias sin el peligro de ser apaleados por matones contratados por el propio banco. Con estas nuevas disposiciones, Rajoy y los suyos estrechan el cerco de la represión ciudadana hasta lo indecible. 

Y lo vomitivo de la cuestión es que todo se traga, todo se se asume entre estériles quejas por parte de la cobarde oposición política que tenemos. Una Oposición que con su presencia, enjuagues y participación en el Parlamento de Madrid está dando soporte de legalidad a la sistemática demolición de nuestras libertades democráticas. Esa es la triste realidad por más que la quieran negar o justificar.

j.m.boix