"¡A VER SI OS HABÉIS CREIDO QUE ESTO ES VENEZUELA!"

Susana Díaz, Presidenta del actual gobierno andaluz, un personaje nacido y amamantado por las ubres del corrupto aparato del PSOE, acaba de dar la nota al desautorizar a su Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), el realojo de algunas familias procedentes del brutal desalojo de la Corrala Utopía.

El desalojo criminal de 35 familias, dejándo en la calle a niños y ancianos ha producido la valiente y necesaria respuesta de la consejera de IU, Elena Cortés, al propiorcionar viviendas de la Junta a varias de las familias más necesitadas que se han quedado sin techo. Sin embargo, a Susana Díaz, que le importa un comino los problemas de sus gobernados más necesitados, ha reaccionado de manera furibunda, desautorizando a la consejera e incluso, cesándola como responsable del área más combativa del actual gobierno de la Junta. Desde luego esto no debería sorprender a nadie cuando el cumplimiento de la legalidad vigente que enarbola esta señora, es la legalidad del PSOE, construida en base a una economía capitalista injusta, asfixiante, depredadora y corrupta que Felipe González impulsó con sus gobiernos y ministros de economía (Boyer y Solchaga), que se ha mantenido con Zapatero, y que ahora potencia el gobierno de Rajoy de manera más descarnada. Susana Díaz es una arpía peligrosa, tanto por su desmedida ambición como su manifiesta insesibilidad social puesta al descubierto en el desalojo de la Corrala Utopia. Ella habla de legalidad y se olvida en absoluto de la inhumanidad que supone mantener decenas de familias en la calle. Ella habla de unas listas de espera que no se pueden saltar, unas listas de espera que se eternizan sin saber por qué a la hora de ponerlas en ejecución. Y no hablemos del fracaso de las viviendas públicas en la Andalucía gestionada por el PSOE, ni tampoco del incumplimiento manifiesto que en este área tan sensible ha cometido el gobierno de la Junta. En este sentido, los gobiernos del PSOE está hartos de saltarse la legalidad en incumplimientos de los porcentajes de suelo público reservados por ley en los diferentes y salvajes PGOU diseñados a la sombra de la especulación. En las políticas de viviendas la Junta ha primado por encima de todo la suculenta rentabilidad de la especulación y el pelotazo. También ha quedado de manifiesto que a lo largo de la última década la política pública de viviendas de protección, que no hay que confundirlas con las sociales, ha resultado un estrepitoso fracaso en cuanto sus precios son inasumibles para la gente, que como los vecinos de la Corrala,  rayan o están en la exclusión social. ¿Qué banco les prestaría esos quince mil euros de entrada para ocupar una vivienda pública? ¿Qué banco en una situación de exclusión social les iba a ofrecer una hipoteca? De hecho, muchos vecinos de esa ordenada lista que alude la Presidenta, que en su momento fueron agraciados en los "sorteos" oficiales con una de estas viviendas de protección ––tanto municipales como de la Junta–– tuvieron que renunciar a ellas al negársele la correspondiente financiación bancaria. Tantos años esperando en una lista para luego sufrir el fiasco de una falta de financiación. Por tanto, es obvio que los desalojados de la Corrala Utopía, por más que hubiesen respetado esa lista de demanda a la que aluden los socialistas nunca hubieran tenido acceso a una vivienda pública. Y eso lo sabe esta señora que va de legalista, la Presidenta Susana Díaz.

La desastrosa política de vivienda de la Junta. Vivienda de protección pública y vivienda social

En Andalucía no solo se ha incumplido sistemáticamente los planes de viviendas públicas de protección oficial sino también los programas de vivienda social para los que nada tienen. De estas últimas apenas se han construido y son las más necesarias para esos colectivos que no pueden acceder a un banco por su situación de exclusión social. Porque, aunque se tiende a confundir los conceptos, no todas las viviendas públicas son sociales. Estas últimas las costea en su integridad la administración ––en este caso la Junta de Andalucía–– y las oferta en régimen de un alquiler económico precisamente a los que rozan o están en la exclusión social. Pero la construcción de viviendas sociales ha sido apenas imperceptible en las políticas de viviendas del PSOE andaluz. A la Junta nunca le interesó esta necesaria modalidad imbuida como ha estado en amasar dinero con la especulación que arrasaba nuestros pueblos. 

Por poner un ejemplo que conozco

Torres Aljarafe Center

bien, en el aljarafeño pueblo de Mairena del Aljarafe se aprobó un PGOU de saturación que catapultaba la población inicial–– de mas o menos treinta mil habitantes –– a cien mil. El dinero comenzó a entrar a espuertas y la vivienda privada floreció como setas cada vez a precios más desorbitados. Sin embargo, en este municipio instalado en el derroche y la especulación solo se llegaron a construir 36 viviendas sociales en régimen de alquiler para una lista de más de tres mil personas necesitadas. Las públicas ––de protección oficial–– que se construyeron al final de un periodo de quince años solo fueron unas trescientas viviendas de las mil doscientas estimadas en el PGOU. Además, los gobiernos socialistas de entonces, espoleados por la salvaje especulación, establecieron los módulos de la pública en su máximo escalón de precio legal permitido por metro cuadrado por lo que, al final,  resultaron carísimas y totalmente inasequibles para aquellas familias y jóvenes que, "tocándoles una vivienda en sorteo" no tuvieron la fortuna de acceder a la necesaria financiación bancaria, teniendo que renunciar a ella.

La legalidad social demócrata de Susana Díaz y el PSOE.

De esta manera es imposible asumir la desfachatez de la presidenta Susana Díaz cuando predica sobre listas de espera y de supuestas legalidades a sabiendas que no lleva razón. Ella sabe muy bien que la mayoría de vecinos desahuciados de la Corrala Utopía son víctimas del paro y la exclusión social por lo que es del todo imposible que un banco les financie la hipoteca de una vivienda pública aún guardando religiosamente la "legalidad" de un orden de lista. La peligrosa falacia de que la justicia debe ser igual para todos encierra otra perversidad: la de denegar o marginar de esa justicia a los desiguales. Casi nadie de los ciudadanos que actualmente están en lista de espera por una vivienda en Andalucía viven y duermen en la calle. ¿Acaso esta Presidenta pretende que las familias desahuciadas y sin

Elena Cortés.

recursos lo hagan hasta que les llegue el turno de una vivienda allá por el año catapún? La actuación de la consejera, Elena Cortés, ha sido del todo coherente y acertada ante la situación de emergencia creada y que el propio auto de desalojo de la Corrala contempla. La legalidad capitalista no puede estar por encima de los derechos básicos de las personas, se ponga el PSOE y el PP como se pongan. Por lo demás es del todo inaceptable ese "¡A ver si os habéis creido que esto es Venezuela!" vociferado desde algunos sectores del PSOE andaluz. 

Creo que Izquierda Unida al margen de darle un portazo a este pacto ignominioso con los corruptos y parafascistas del PSOE, debería haber hecho piña con su consejera en vez de andar de enjuagues y negociaciones vergonzosas de "aquí no ha pasado nada". Porque sí que ha pasado y mucho.

¿Se puede mantener un pacto de gobierno en estas condiciones?

Entiendo que lo sucedido es muy grave además de clarificador. La presidenta Susana Díaz no va a consentir más "salidas de tono" de sus socios. Quizás lleguen al acuerdo de revocar el cese de Elena Cortés a cambio de que su consejería se olvide de los desahucios y los graves problemas de vivienda. Sin embargo, esto significaría silenciar la única apuesta de lucha que hasta el momento ha llevado Izquierda Unida en el gobierno de la Junta, porque de aquel "magnifico pacto" de gobierno bendecido a boca llena por José Luis Centella, nada se sabe y nada se ha hecho sobre los puntos programáticos firmados cuando ya estamos cruzando el ecuador de la legislatura. Nada en empleo, nada en renta básica, nada en esa nueva y necesaria reorientación productiva, nada sobre el Banco Andaluz etc. Solo acatar los recortes por imperativo legal y poco más.

Si silencian a Cortés en su eficaz y digna lucha desde su consejería de la vivienda y fomento, ¿qué va a hacer Izquierda Unida Andalucía? ¿Para qué un pacto que solo fortalece a Susana Díaz? ¿Qué utilidad tendría para los ciudadanos y sus votantes mantener  un gobierno con este PSOE? Deberían explicarlo y de manera urgente.

También podría ocurrir y ha ocurrido, según las últimas noticias,  que Susana Díaz cese a Cortés ––ya ha salido en el BOJA–– para reafirmar de manera pública su indiscutible autoridad como jefa del gobierno andaluz. A partir de estos momentos el pacto de gobierno estaría muerto y enterrado. Continuar con el mismo supondría la mayor vejación para IU–A y sus votantes en cuanto quedaría demostrado que en este desgraciado acuerdo de gobierno solo se ha perseguido sillones y dinero.

j.m.boix