El primer motivo es que se produce un choque con la realidad y una
pérdida de confianza de personas que creían en el sistema, por un lado, y
por otro, más gente tiene miedo a denunciar. "En 2011, muchas de las
personas que fueron agredidas eran personas muy jóvenes que creían en la
democracia", explica el portavoz, que cuenta que al ver que "los
encargados de defenderles [la Policía], son los que vejan", se animaban a
denunciar. "Cuando han visto que el trato que se les daba en los
juzgados era bastante lamentable, han decidido que no valía la pena",
concluye. Los activistas antiguos, que "daban por hecho que el maltrato
era algo posible, casi seguro", se han retraído desde 2013 porque "ha
habido represalias (multas, sanciones, y demás)".
Otra de las
causas del bajón es que, con la crisis, disminuye el número de abogados
disponibles para defender a los agredidos y, a la vez, aumenta su
trabajo. "La gente que trabaja en el tema de las torturas es la misma
gente que trabaja en despidos y desahucios, y ante la avalancha de todo
esto, los compañeros han tenido que ir eligiendo lo más urgente", según
del Cura. Cuando se encuentran con estos casos, "se ven obligados a
elegir entre perder el tiempo, entre comillas, en defender una
denuncia penal [contra un agente] que no va a ningún sitio, o intentar
defender [al agredido] de la multa" por haber participado en una
manifestación. "Apaleado y encima pagando, no", ironiza.
La
tercera causa tiene más que ver con los abusos que se cometen en centros
de privación de libertad (prisiones, centros de menores, centros de
internamiento de extranjeros, etc) y está también relacionada con la
crisis. Con "la desaparición de algunos mecanismos institucionales como
el servicio de atención jurídica penitenciaria, que ya no existe en
muchas Comunidades o está en mínimos, es más difícil entrar en centros
de detención" y comprobar la información sobre malos tratos que a veces
les llegan, según el portavoz de la coordinadora.
SUBEN LAS CONDENAS
Las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes,
contribuye a que aumente el número de sentencias condenatorias en los
tribunales españoles.
La última sentencia de Estrasburgo, del 7 de octubre, condenó a España por no investigar las supuestas torturas denunciadas
por una etarra. Hay jueces que sí quieren
investigar [denuncias de abusos], y la sentencia de Estrasburgo les da
un argumento para hacerlo. De hecho, asegura que en los últimos dos
años el número de condenas ha subido bastante comparado con años
anteriores. "Si antes había unas 30 o 40 sentencias condenatorias, este
año están en torno a las 100".
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