"La operación de la Guardia Civil contra miembros supuestamente violentos
de los autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR) se
inició a primera hora del lunes. Sobre las cinco de la madrugada, 500
agentes del instituto armado, entre ellos integrantes de las unidades
antiterroristas, se desplegaron en una decena de domicilios y locales de
Barcelona, Sabadell y Santa
Perpètua de Mogoda para efectuar las
detenciones y los registros. Se trata de la operación de mayor
envergadura contra los CDR y ha implicado el dispositivo policial más
numeroso del Estado en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de
octubre de 2017.
Fuentes de la investigación afirman que la operación es independiente de
la de abril de 2018 contra dos supuestos cabecillas de los CDR, Tamara
Carrasco García y Adrià Carrasco Tarrés, por los sabotajes y cortes de
la AP-7 en la Semana Santa de aquel año. Ambos fueron imputados
inicialmente por terrorismo y rebelión, y la Fiscalía pidió prisión
provisional para ellos, aunque después el entonces juez de la Audiencia
Nacional Diego de Egea descartó estos delitos y los redujo a desórdenes
públicos, enviando la causa a los juzgados de Cataluña."(El País)
Derecho de defensa
Eva Pous, abogada y portavoz de los cinco detenidos que se han negado a declarar, ha lamentado tras finalizar las comparecencias que se les haya "negado" ver el expediente donde figuran "los indicios básicos" que hay contra ellos, y con ello el "derecho básico de defensa".Tampoco se les ha permitido presenciar el interrogatorio de los dos detenidos que sí han contestado a las preguntas del juez, porque la causa está bajo secreto. Estos dos investigados presentaron el miércoles un habeas corpus, figura que permite la puesta a disposición inmediata ante el juez para hacer alegaciones si se considera que el arresto no se ha ajustado a la ley. Ante el magistrado expresaron su deseo de mantener a su abogada de oficio.
Los cinco representados de Pous solo han contestado a sus preguntas, con las que han intentado "acreditar" que son "personas normales y corrientes" y con ello desvincularse de los delitos que el fiscal les atribuye.
Fuentes de Alerta Solidaria han indicado a Efe que creen sospechosa la forma en que se asignó abogado de oficio a los otros dos presuntos miembros de los CDR que confesaron ante la Guardia Civil y apuntan a que podrían haber sufrido presiones.
Creo que es alarmante que una operación de esta envergadura no se haya informado al Ministro del Interior. ¿Qué está pasando? ¿Quién o quiénes dan la orden de estos operativos? ¿Cómo puede ser que Marlaska no supiera nada? ¿A quién informa el Fiscal que está al mando?
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