Pedro Horrach se pone la venda antes que la herida y advierte de que
si hubiera detectado una conducta criminal en la hija del rey "hubiese
instado los mecanismos judiciales legalmente procedentes". Niega que
haya pruebas de que conociera que Aizoon fuera una sociedad pantalla
para defraudar: "Se trata de una especulación huérfana de sostén
indiciario, que tendría cabida sólo en el ámbito de la rumorología". Diario Público.es
Thursday, 14 November 2013
SEÑORES JUECES, VÁYANSE A CASA.
Tuesday, 12 November 2013
EL DIARIO EL PAÍS ES UNO DE ELLOS.
Ayer, el editorial de EL PAÍS lo dedicó al rifirrafe ocasionado por el diputado de la CUP y su ya célebre alpargata. En él, lejos de censurar el cinismo de Rodrigo Rato en su comparecencia en el Parlamento Catalán donde aseguró que él no ha tenido nada que ver con los robos y saqueos de Bankia, la editorial de este diario "progresista" arremetió contra todos aquellos diputados que dedicaron palabras gruesas al "insigne" invitado.
"Matonismo" fue el titular de tan brillante editorial, que trató de demagogos a los diputados, ensañándose especialmente con David Fernández por amenazar al financiero con una sandalia y por llamarle gánster.
Con esta editorial queda clara la
AFINIDAD DE EL DIARIO EL PAÍS CON EL CORIFEO DE SINVERGÜENZAS QUE DEFIENDEN LA "DIGNIDAD" DE LOS GANSTERS Y ATRACADORES DE ESPAÑA.
Fdo. Un demagogo al que han ATRACADO 1.846,67 euros para cubrir la parte alícuota de los más de treinta mil millones robados y estafados por los Rato, los Blesa y demás "dignos" sinvergüenzas.
Monday, 11 November 2013
RODRIGO RATO Y LA SANDALIA DE LA CUP.
El diputado de la Cup, David Fernández
HOY, MILLONES DE ESPAÑOLES EXPOLIADOS POR LA MAFIA ECONÓMICA DE ESTE PAÍS HAN PODIDO DECIR LO QUE PIENSAN DE RODRIGO RATO POR BOCA DE ESTE HOMBRE.
Más parlamentarios así, que acaben con el mamoneo, necesitamos.
Sunday, 10 November 2013
LA MALDAD DE CHEVRON.
Presidente Rafael Correa denunció en la
UNESCO el desastre ambiental causado por Chevron en Ecuador.
En un juicio entre privados, Chevron, la
tercera petrolera más grande de Estados Unidos, fue denunciada hace veinte años
por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación.
Recordó que Chevron se pasó la década
pasada luchando para que no se la juzgara en cortes judiciales de Nueva York
–domicilio de la empresa- sino donde se había cometido la infracción, es decir
en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).
El mandatario explicó que como la petrolera
perdió el juicio en Ecuador (por lo que fue obligada a pagar una indemnización
de 19 mil millones de dólares) se dedicó a destrozar a las cortes que con tanto
entusiasmo defendió cuando creían que podían comprarlas.
Además, la transnacional ha gastado
centenas de millones de dólares en una campaña de desprestigio contra Ecuador y
ha demandado al Estado, en base a un tratado de protección recíproca de
inversiones firmado con Estados Unidos.
El presidente Correa recalcó que el tratado
no aplica para un juicio entre privados y que este fue firmado en 1997. Texaco
dejó el país en 1992 y las leyes ecuatorianos no tienen carácter retroactivo.
“En forma inaudita, el Tribunal Arbitral
(de La Haya) se declara competente y, más aún, ordena detener la sentencia
dictada por cortes ecuatorianas contra Chevron”, expuso.
“Además de la monstruosidad jurídica que
representa el aplicar retroactivamente un tratado, es necesario anunciar al
mundo cómo estos tratados atentan contra nuestras soberanías, cómo esos centros
de arbitraje están absolutamente cooptados por las transnacionales, y cómo en
este orden mundial tan injusto el capital tiene más derechos que los seres
humanos”, manifestó.
El Presidente Correa
habló ante representantes de 195 países miembros y ocho asociados de la Unesco.
CASO CHEVRON EN ECUADOR
El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana
.
. Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó a principios de 2011 que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
.En una suerte de furia incontenida, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones.
.La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, PERO TIENE A SU FAVOR QUE ECUADOR NO HAYA FIRMADO EL TLC CON EEUU y así puede continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana
.
. Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó a principios de 2011 que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
.En una suerte de furia incontenida, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones.
.La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, PERO TIENE A SU FAVOR QUE ECUADOR NO HAYA FIRMADO EL TLC CON EEUU y así puede continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
Son 33.000 los pobladores que demandan una indemnización. Industria petrolera inició extracción y contaminación en la década del 70
La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.
Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
.
Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.
Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.
No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.
LAS VÍCTIMAS
.
Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.
Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.
James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.
En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.
La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.
Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
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Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.
Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.
No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.
LAS VÍCTIMAS
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Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.
Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.
James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.
En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.
"EMPRESA PARADA, EMPRESA EXPROPIADA".
El fascista loco, Capriles, instigador de los graves problemas de desabastecimiento en Venezuela, con el Papa. |
VENEZUELA.
Marcha contra la Corrupción y la Guerra
Económica, hasta la sede de Fedecámaras
Venezuela: "Empresa parada, empresa
expropiada" decretó el pueblo en la calle.
Marcha contra la corrupción y la guerra
económica convocada por la Central Bolivariana socialista de Trabajadores
Marcha contra la corrupción y la guerra
económica convocada por la Central Bolivariana socialista de Trabajadores
Las situaciones son distintas, pero los
elementos comunes evidencian que se está siguiendo el mismo recetario elaborado
por los chefs de Quántico, sede de la CIA, en Langley, Virginia, cerca de
Washington D.C., con la colaboración de sus hermanos de la NSA, en la llamada
Guerra Económica contra Venezuela y lo que sucedió en Chile, meses antes de la
caída y asesinato del presidente Salvador Allende. Las Realidades son
distintas, pero se están aplicando las mismas tácticas.
Escasez de alimentos de primera necesidad,
desaparición del papel higiénico, acaparamiento, que no solo debe ser castigado
con el decomiso de la mercancía, sino, meter en prisión a los culpables de
todos los niveles, tanto a los que lo ejecutan como a quienes lo promueven y
planifican. Hace falta investigación profunda por parte del Sebin e
Inteligencia Social, para neutralizarlos.
Además, el Gobierno Nacional debe informar
a la opinión pública, al pueblo, sobre los mecanismos que están usando estos
enemigos públicos, traidores a la patria, en la Guerra Económica, para poder detectarlos
y frenar su arremetida feroz. Un pueblo informado es el mejor aliado de si
mismo.
Existe un evidente paralelismo, no hay
espacio para la duda, estamos siendo atacados.
Como parte de la reacción ante esta
situación, se efectuó el jueves 31 de octubre, la marcha contra La Corrupción,
contra la Guerra Económica convocada por la Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores, que comenzó partiendo de la Torre La Previsora dirigiéndose hacia
la sede de Fedecámaras en la urbanización El Bosque, pasando por PDVSA en la
avenida Libertador.
Llovieron las recomendaciones al presidente
Nicolás Maduro para que se mantenga firme en su lucha: "Que sí se puede,
que cuente con el apoyo del pueblo, que se apliquen las leyes y que ponga mano
dura contra la Guerra Económica y La Corrupción."
"Empresa parada, empresa
expropiada" se oyó, entre otras consignas expresadas en esta marcha. Seria
advertencia contra quienes pretenden crear caos y pescar en río revuelto.
Frente a la sede de PDVSA, en la avenida
Libertador de Caracas, se vio pasar un río humano que se dirigía a la vecina
sede de Fedecámaras, a protestar contra del acaparamiento, en contra de
Fedecámaras y en contra de la Guerra Económica que está padeciendo el pueblo,
parte de la guerra de cuarta generación, con la cual las fuerzas conservadoras
pretenden volver al poder.
"Porque le estamos haciendo frente a
las pretensiones de la oligarquía y los sectores privados, de arrodillar al
pueblo cada vez que hay unas elecciones, de hacernos un saboteo económico,
desaparecer los productos de la cesta básica de nuestros supermercados. Hoy la
masa obrera unida, quiere hacerle el frente a esas pretensiones de esos
saboteadores de oficio...", señaló Gerardo Velázquez de la gerencia de
Calidad de Vida de PDVSA"
Por otra parte, oímos: "...y tu
Fedecámaras, ten cuidado, porque el pueblo está alzado", dijo con énfasis
Amada García del Frente Nacional de Campesinos y Pescadores Simón Bolivar y
Coordinadora Ejecutiva de asuntos internacionales de la Central Bolivariana
Socialista del Campo y de los Trabajadores de la ciudad, el campo y la pesca.
"Ahí están, esos son, los que roban la
nación. Ahí están, esos son, los que roban la Nación" gritó la masa,
mientras señalaban al edificio sede Fedecámaras.
aporrea
DOCUMENTO EVIDENCIA UN PLAN DE DESESTABILIZACIÓN.
Por último, además de promover el impulso de una campaña internacional para marginar, deslegitimar y desacreditar al Gobierno de Maduro a través de medios de comunicación y voceros de la derecha, el documento recomienda "una insurrección militar" contra el "Estado venezolano". Proponen "contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al Gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. (...) Es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección contra el Gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera o un levantamiento civil".
DOCUMENTO EVIDENCIA UN PLAN DE DESESTABILIZACIÓN.
En los últimos meses, el Gobierno venezolano, liderado por
el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado múltiples incidentes de sabotaje
contra el sistema eléctrico junto a una campaña continua para subvertir la
economía de la nación. Una mayoría de medios de comunicación a nivel
internacional además de medios privados dentro de Venezuela, se han burlado de
las graves denuncias del presidente venezolano, y en su lugar han intentado
responsabilizar al Gobierno de los daños causados al país. No obstante, un documento
interno de tres organizaciones de Colombia y Estados Unidos evidencia un plan
macabro contra el Estado venezolano para provocar violencia —incluso muertos—
con la intención de justificar una intervención internacional antes de las
elecciones municipales del próximo 8 de diciembre.
El documento, titulado 'Plan Estratégico Venezolano', fue
preparado por la Fundación Internacionalismo Democrático del expresidente
colombiano Álvaro Uribe Vélez, junto con la Fundación Centro de Pensamiento
Primero Colombia y la empresa estadounidense de consultores FTI Consulting. Su
fecha de redacción fue el 13 de junio de 2013, durante una reunión entre
representantes de estas tres organizaciones, dirigentes de la oposición
venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Avelado,
el experto en guerra psicológica, J.J. Rendón, y el encargado de la Agencia
Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) para América Latina, Mark
Feierstein.
El plan estratégico de desestabilización contra Venezuela
tiene el fin principal de debilitar al Gobierno en el marco de las elecciones
municipales del próximo 8 de diciembre, tal como lo articulan en el texto:
"Los objetivos planteados en el presente plan se enmarcan esencialmente
hacia las municipales previstas para el 8 de diciembre, al mismo tiempo que
incluye el desgaste acelerado paulatino de la gestión del Gobierno facilitando
el triunfo supremo de la oposición para ese evento". Y agregan: "pero
si fuera antes, mucho mejor".
El documento también detalla la estrategia para sabotear al
sistema eléctrico en Venezuela con el objetivo de responsabilizar al Gobierno
de las debilidades de la infraestructura del país y de esa manera proyectar una
imagen de crisis de Venezuela a nivel internacional. Como parte del plan, los
autores proponen "mantener e incrementar los sabotajes que afecten los
servicios a la población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan
culpar al Gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias". Desde
entonces, apagones y otros cortes eléctricos han afectado a diferentes regiones
por toda Venezuela, causando un gran descontento general, y resultando en una
percepción negativa del Gobierno. Hace poco, autoridades venezolanas detuvieron
a varias personas involucradas en sabotajes al sistema eléctrico y a finales de
septiembre el presidente Maduro expulsó a tres funcionarios de la Embajada de
Estados Unidos en Caracas por su presunto papel en los planes de
desestabilización.
En la sección titulada "Acciones", los autores del
documento detallan sus próximos pasos para desestabilizar al Gobierno
venezolano. Además de "perfeccionar el discurso confrontacional y
denunciante de Henrique Capriles", el candidato presidencial derrotado por
Maduro, hablan de "generar emoción con mensajes cortos pero que lleguen a
mayor cantidad de personas, donde retomen los problemas sociales, provocando el
descontento social. Incrementar los problemas con el desabastecimiento de
productos básicos de la canasta alimenticia".
En los últimos meses, Venezuela ha experimentado problemas
de desabastecimiento de productos básicos, como papel higiénico, azúcar, leche,
aceite, mantequilla y harina, entre otros. Las autoridades venezolanas han
incautado toneladas de estos productos dentro de almacenes que pertenecen a
empresarios vinculados con la oposición. También han confiscado grandes
cantidades de estos productos en la zona fronteriza con Colombia, donde son
vendidos como contrabando.
Según el documento, "El 'Plan estratégico venezolano',
consensuado con dignos representantes de la oposición al Gobierno de Nicolás
Maduro, se orienta hacia estos objetivos con el fuerte y constante apoyo de
varias personalidades mundiales en función de que se le devuelva a Venezuela la
verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14
años".
Durante los 14 años de gestión democrática del presidente
Hugo Chávez las amenazas contra su Gobierno abundaban y los planes de
desestabilización nunca acababan. Luego del fracaso del golpe de Estado en su
contra en 2002, que fue organizado y apoyado desde el Gobierno de Estados
Unidos, hubo numerosos intentos de derrocarlo a través de sabotajes económicos,
intervenciones electorales, planes de magnicidio, guerra psicológica,
financiamiento multimillonario a las fuerzas opositoras desde el exterior y un
plan de aislamiento internacional que finalmente no tuvo éxito.
Una de las caras visibles de los intentos de
desestabilización contra el Gobierno de Chávez fue el expresidente de Colombia
Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario colombiano finalizó su presidencia en 2010
haciendo un llamamiento para una intervención internacional en Venezuela con la
intención de destruir al presidente Chávez y su Revolución Bolivariana. Uribe
se dedicó durante los años siguientes a difamar al presidente Chávez y su
Gobierno y a fortalecer los vínculos con sectores antichavistas dentro y fuera
de Venezuela.
El fallecimiento del presidente Chávez en marzo 2013 no
impidió a Uribe continuar sus acciones contra Venezuela. Con la elección de
Nicolás Maduro a la presidencia y la continuación del proceso socialista
comenzado por Chávez, Uribe seguía con sus planes de ataque contra Venezuela.
Ahora este documento interno, producto de un encuentro de
sectores de la ultraderecha de Colombia y Venezuela, junto a representantes del
Gobierno estadounidense, demuestra los planes de desestabilización en marcha
contra el Gobierno de Maduro.
Como parte de este peligroso complot contra Venezuela, los
autores proponen "crear situaciones de crisis en las calles que faciliten
la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del Gobierno
de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o
heridos".
Venezolanos, representantes de la oposición, están
trabajando conjuntamente con fuerzas externas para provocar la muerte de
ciudadanos inocentes en su propio país con la intención de promover una
invasión militar contra su nación. Esto representa una grave amenaza —y un vil
crimen— contra la soberanía de Venezuela.
Por último, además de promover el impulso de una campaña internacional para marginar, deslegitimar y desacreditar al Gobierno de Maduro a través de medios de comunicación y voceros de la derecha, el documento recomienda "una insurrección militar" contra el "Estado venezolano". Proponen "contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al Gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. (...) Es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección contra el Gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera o un levantamiento civil".
Este documento evidencia y confirma la veracidad —y la
gravedad— de las denuncias realizadas por el presidente Nicolás Maduro.
Venezuela está bajo ataque, como lo ha estado durante los últimos 14 años desde
el inicio de la Revolución Bolivariana y el rescate de la soberanía,
independencia y dignidad del país. No hay que olvidar que Venezuela tiene las
más grandes reservas petroleras del mundo. Los poderosos intereses que desean
controlar esos ricos recursos no pararán hasta lograr su objetivo.
Friday, 8 November 2013
Thursday, 7 November 2013
Wednesday, 6 November 2013
URGE UN DEFENSOR DEL VOTANTE.
noviembre 6, 2013
Tal y como se han puesto las cosas, y la falta de respeto de los partidos ––unos más que otros–– ante ese contrato social con la ciudadanía que supone los programas con los que se presentan a las elecciones, es urgente y necesario que a igual que el defensor del consumidor, o del pueblo, exista otra figura que defienda a los votantes cuando estos se consideren estafados por cualquier formación política.
Este representante debería ostentar la categoría de fiscal. Claro está, un fiscal independiente de los partidos políticos que ponga algo de autoridad y sancione el cachondeo que se llevan los partidos políticos con los votantes a la hora de presentarse a las elecciones con programas que nunca van a cumplir.
La escandalosa actitud del PP, poniendo en práctica un anti programa del que presentó, engañando así a más de once millones de votantes es algo que no puede volver a repetirse, porque si ya de por si nuestra democracia es de pésima calidad, el incumplimiento de los programas electorales la hace del todo inservible.
j.m.boix
ESCALADA REPRESIVA EN URUGUAY.
Casa por casa, están tratando de detener a conocidos e históricos militantes populares,
críticos al gobierno de Pepe Mujica y a su poder judicial.
Jorge Zabalza, es uno de los buscados por la represión
La
justicia del gobierno de Pepe Mujica ha desatado una verdadera escalada
represiva contra militantes populares. Nos informan en carácter urgente
desde Montevideo, que han comenzado las detenciones de varios
militantes (muchos de ellos históricos en la lucha de resistencia anti
dictatoria de Uruguay) debido a que se los acusa de haber participado en
un acto masivo de defensa de una jueza (Mariana Motta) que en su
momento fue despromovida por la Corte Suprema, debido a su insistencia
en juzgar a los militares genocidas. No sólo se avaló de esta manera la
impunidad, sino que ahora pretenden encarcelar a los luchadores
antifascistas uruguayos, entre los que se encuentran quien fueran
integrante de la dirección de los Tupamaros, Jorge Zabalza, la dirigente
de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites (también ex prisionera
tupamara), los hermanos Jaume, Patricia Borda y otros militantes.
Damos
a conocer el comunicado enviado a nuestra redacción por el Colectivo de
Noticias Uruguayas, dando detalles de este nuevo ataque represivo por
parte de un gobierno que no sólo se entrega atado de pies y manos a las
trasnacionales, pacta acuerdos militares con EEUU, sino que ahora avala
este tipo de comportamiento de una Corte Suprema integrada por conocidos
jueces ligados a posiciones ultra reaccionarias.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !!
A COMBATIR EL FASCISMO !!Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a toda la legislación internacional en la materia, asi como también se enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas.
Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto el Frente Amplio.
Las tareas de la hora implican:
- SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS,
- RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION
- DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema Corte como por el Gobierno.
LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY, solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas, etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta, difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del movimiento popular.
Tuesday, 5 November 2013
IZQUIERDA ABIERTA DA PORTAZO A UN FRENTE COMÚN CON EL PSOE.
noviembre 6, 2013 in Noticias.
No han pasado cuarenta y ocho horas de la publicación de mi último post, “La carta de unos conversos oportunistas” cuando se publica en el País la cotundente negativa del grupo de Llamazares a toda veleidad de formar un frente común de la izquierda con el PSOE, al que critica de manera muy dura y al que excluye de cualquier “frente amplio” de izquierdas por ser “cómplice y muñidor” de la “deriva antisocial de España”.
También esta organización, que forma parte de la coalición de IU, ha querido dejar claro que es totalmente ajeno a la decisión “unilateral” de los compañeros que han suscrito la carta de acercamiento al PSOE y que rechazan por considerarla una falta de respeto para los militantes de la propia Izquierda Abierta que trabajan por el engrose y pluralidad de Izquierda Unida.
Con esta reacción, la dirección de Izquierda Unida pega el portazo a la posibilidad de colaborar en la Conferencia Política del PSOE y afea de manera terminante la actitud del grupo firmante de la carta. La formación que lidera Gaspar Llamazares es tajante al justificar la exclusión de partido socialista en ese proyecto común de la izquierda porque solo hay que observar lo que ha hecho y hace en Andalucía, “justificando importantes recortes” y con el “rechazo a la regeneración política en Asturias”.
Por mi parte nada tengo que decir excepto aplaudir esta rápida reacción de Izquierda Abierta, desautorizando a los amigos de ese eterno mamoneo con los socialistas del que todos estamos ya bastante hartos.
j.m.boix
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