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Carta abierta a los Estados Unidos: dejen de interferir en la política interna de Venezuela

Un grupo de 71 intelectuales, entre ellos Noam Chomsky, pide a la administración de Trump que deje de apoyar a quienes buscan derrocar a Maduro por vías no democráticas
NOAM CHOMSKY Y 70 FIRMANTES MÁS
<p>Venezuela, EEUU, petróleo </p>
Venezuela, EEUU, petróleo 
PEDRIPOL
26 DE ENERO DE 2019
El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de interferir en la política interna de Venezuela, especialmente con el objetivo de derrocar al gobierno del país. Las acciones de la administración Trump y sus aliados regionales empeorarán casi seguro la situación en Venezuela, lo que llevará a un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad.
La polarización política en Venezuela no es nueva; el país lleva mucho tiempo dividido por las diferencias raciales y socioeconómicas. Pero la polarización se ha profundizado en los últimos años. Esto se debe, en parte, al apoyo de los Estados Unidos a una estrategia de la oposición para destituir al gobierno de Nicolás Maduro por medios extraelectorales. Si bien la oposición está dividida respecto a esta estrategia, los EE.UU. han apoyado a los partidarios de la línea dura en su objetivo de derrocar al gobierno de Maduro mediante protestas a menudo violentas, un golpe de Estado militar u otras vías que eluden las urnas.
Bajo la administración de Trump, la retórica agresiva contra el gobierno venezolano se disparó a un nivel más extremo y amenazador, con sus representantes hablando de “acción militar” y condenando a Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, como parte de una “troika de tiranía”. Los problemas derivados de las políticas del gobierno venezolano han empeorado por las sanciones económicas de Estados Unidos, que seríanilegales bajo los parámetros de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, así como de la legislación de los Estados Unidos y otros tratados y convenciones internacionales. Estas sanciones han reducido los medios por los cuales el gobierno venezolano podría haber escapado de la recesión económica, y a la vez han causado una dramática caída en la producción de petróleo y han agravado la crisis económica, causando la muerte de muchas personas que no pudieron acceder a medicamentos que hubieran podido salvar sus vidas. Mientras tanto, los gobiernos de EE.UU. y sus aliados continúan culpando únicamente al gobierno de Venezuela por el daño económico, incluso el causado por las sanciones estadounidenses.
Ahora EE.UU. y sus aliados, incluido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al precipicio. Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela –algo ilegal según la Carta de la OEA– la administración Trump ha acelerado drásticamente la crisis política de Venezuela con la esperanza de dividir a los militares venezolanos y polarizar aún más a la población, obligándola a elegir un bando. El obvio y a veces explícito objetivo es expulsar a Maduro a través de un golpe de Estado.
La realidad es que, a pesar de la hiperinflación, la escasez y una profunda depresión, Venezuela sigue siendo un país políticamente polarizado. Los Estados Unidos y sus aliados deben dejar de alentar la violencia presionando por un cambio de régimen violento y fuera de la legalidad. Si la administración Trump y sus aliados continúan su curso imprudente en Venezuela, el resultado más probable será el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad. Estados Unidos debería haber aprendido algo de sus iniciativas de “cambio de régimen” en Irak, Siria, Libia y su larga y violenta historia de patrocinio de “cambios de régimen” en América Latina.
Ninguna de las partes en Venezuela puede simplemente vencer a la otra. El ejército, por ejemplo, tiene al menos 235.000 efectivos de primera línea, y hay al menos 1,6 millones en las milicias. Muchas de estas personas lucharán, no solo sobre la base de la creencia en la soberanía nacional que se mantiene ampliamente en América Latina, frente a lo que parece ser una intervención liderada por Estados Unidos, sino también para protegerse de una posible represión si la oposición derroca al gobierno por la fuerza.
En semejante situación, la única solución es un acuerdo negociado, como sucedió en el pasado en países latinoamericanos cuando las sociedades políticamente polarizadas no pudieron resolver sus diferencias a través de las elecciones. Ha habido esfuerzos con potencial, tales como los liderados por el Vaticano en el otoño de 2016,  pero no recibieron apoyo de Washington y sus aliados, concentrados en el cambio de régimen. Esta estrategia debe cambiar para que exista una solución viable a la crisis actual en Venezuela.
Por el bien del pueblo venezolano, la región y por el principio de la soberanía nacional, estos actores internacionales deben apoyar las negociaciones entre el gobierno venezolano y sus oponentes que permitirán que el país salga finalmente de su crisis política y económica