"El divorcio político entre el Gobierno López y el PP vasco amenaza con envenenar escenarios que se consideraban a salvo por su condición estratégica. Además, lo está haciendo de manera ostensible para que las diferencias no pasen desapercibidas y el malestar cale entre la opinión pública, sobre todo si se trata de asuntos relativos al final del terrorismo. Ayer mismo, minutos después de que la portavoz del Gobierno vasco presentara su decreto para “el reconocimiento y la reparación” de las víctimas policiales, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reaccionó indignado diciendo que es “impresentable” equiparar a las víctimas de ETA con otras “acciones colaterales”. (diarío El País Vasco)
Los que somos ya bastante mayorcitos fuimos testigos y, en ocasiones, víctimas de la brutalidad policial franquista, de sus palizas, de sus crímenes y torturas practicadas con toda impunidad. Era esta misma dictadura, señor ministro, la que aún campeaba en la década de los sesenta y gran parte de los setenta, y disponía de patente de corso para violar los pocos derechos que le quedaban a una sociedad civil amordazada y sin libertades. Las víctimas de entonces lo fueron de una dictadura, señor ministro, no de un accidente colateral, y sonrojo debía darle como demócrata emplear tal eufemismo e indignarse como lo ha hecho ante esta justa y humanitaria medida del gobierno vasco. Porque las muertes de estas personas, don Jorge, también tienen amo. Y un asesinato producido por las fuerzas del orden es aún más impresentable si cabe si nos paramos a comparar o equiparar. ¿O entra en su sentido del orden la legitimidad de asesinar aunque sea "colateralmente" a ciudadanos inocentes sin mayores consecuencias y explicaciones? Con el mayor de los respetos, mucho me temo que padece usted una grave y peligrosa distorsión de la realidad, propia de regímenes totalitarios. Ya lo ha demostrado sobradamente, sancionando penalmente la resistencia pacífica y similares como actos "terroristas".
Por lo demás, usted más que nadie debiera asumir que cuando sucede un asesinato policial por muy colateral que éste sea, el Estado debe indemnizar a la víctima y pedirle perdón o en su defecto a sus familiares, como sucede en todos los países democráticos y civilizados.
Hágaselo mirar, señor ministro, porque nos va la vida y las libertades en ello.
j.m.boix