La soberbia de los jueces del Tribunal Supremo está por las nubes con el hecho de que un Tribunal Regional alemán (lo que aquí sería como una Audiencia), imponga condiciones de entrega nada menos que a nuestro gran Tribunal Supremo, principio y fin de una justicia española que, recordemos, en demasiados casos se ha negado entregar a personajes tan criminales y deleznables como Billy el Niño a requerimiento de la justicia argentina para ser juzgado, ya que aquí en España los jueces no están por la labor de perseguir, juzgar ni castigar ni a los criminales torturadores.
Quizás esto sucede porque los intereses políticos en España priman por encima de la justicia.
El caso de Alsasua ha escandalizado a más de uno en nuestro país y ha hecho, por lo demás, desconfiar de la imparcialidad de la justicia española, en demasiadas ocasiones basada en criterios de los viejos TOP del franquismo. Acusar de terrorismo y pedir más de cincuenta años de cárcel para unos jóvenes que tuvieron una reyerta con unos guardias civiles de paisano tiene mucho más de venganza que de justicia. Y eso lo sabe la Justicia alemana.
¿Dónde está Rodrigo Rato que debía estar en la cárcel. ¿Dónde Urdangarín que también debía estarlo pues ya tiene condena? Todo eso lo sabe la justicia alemana.
En el caso que nos ocupa, se trata de inculpar de rebelión a personas que nunca predicaron la violencia en la consecución de los acontecimientos políticos sucedidos en Cataluña. Y para la rebelión debe haber violencia manifiesta y no la hubo en esos días, salvo la violencia brutal de la policía del Estado. Todos lo vimos. Las manifestaciones aunque muy acaloradas, nunca fueron violentas y así lo comprende el tribunal de Schleswig-Holstein a la hora de entregar a Puigdemont bajo las acusaciones de una justicia española que sigue sin entender que sus resoluciones no todas son válidas en una UE donde el poder político y el judicial están claramente diferenciados.
¿Qué quieren los condenados españolitos ahora?
Hasta el momento, Alemania nos está dando ejemplo que la justicia debe ser algo independiente del poder político.Y si el juez Llanera ha metido la pata en este caso, suya es la responsabilidad. Nadie se cree a estas alturas que la Justicia sea independiente en España después del Caso Noos, donde el fiscal del Estado Horrach, lejos de defender los intereses del pueblo, iba loco por librar a la infanta real de sus posibles delitos. ¿Qué nos cuentan ahora?
Alguien del PP ha dicho que si el caso que nos ocupa hubiera sido al revés, España habría entregado a Puigdemont enseguida. ¡Claro! Como que en España no hay separación de poderes porque manda el franquismo y sus herederos, entre ellos, la Corona Real.
