El
juicio del Procés vulnera los derechos de toda la sociedad española
Se está creando un grave precedente de criminalización de los
movimientos sociales, mañana podemos ser todos los demás.
Asociación
Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Todas
las personas tienen derecho a que sean respetados sus derechos.Y ello
independientemente de ideología política, origen, sexo, o cualquier
otra circunstancia. Así lo manifiesta la Declaración Universal y lo
establece nuestra Constitución. La no discriminación y la
universalidad de los derechos se encuentran en la base de cualquier
organización defensora de los derechos humanos como es el caso de la
APDHA. El incumplimiento de esos principios y la aplicación del
derecho penal del reo, que no hace depender la justicia de tipo de
delito probado sino de la condición y la ideología de quien lo
cometió, que creíamos superado, socavan gravemente los cimientos
del Estado democrático y acaban con la propia Constitución. Y no
sólo afecta a quienes lo padecen sino al conjunto de la sociedad. La
justicia deja de ser justicia para convertirse en venganza.
Es desde este punto de vista de la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho, por lo que desde la APDHA queremos manifestar nuestra honda preocupación por la indiferencia general con la que la sociedad española está reaccionado frente a las actuaciones del Estado español sobre los líderes políticos y sociales que han participado en el Procés Catalán. Una indiferencia preocupante por cuanto en la reacción del Estado español frente al Procés creemos que se están vulnerando principios esenciales del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y de la Constitución. Las actuaciones judiciales desarrolladas por el Estado español en relación al Procés Catalán han sido cuestionadas por organizaciones estatales e internacionales y por numerosos catedráticos y expertos en derecho constitucional y procesal. Distintas valoraciones independientes han concluido que no se han respetado debidamente numerosos derechos fundamentales. Entre ellos el derecho al juez natural, forzando la competencia de Tribunal Supremo con argumentos insostenibles y por tanto impidiendo el derecho al recurso en segunda instancia de los procesados en caso de condena.
La propia calificación de rebelión no se ajusta en nada a lo establecido en nuestro ordenamiento penal, por lo que está directamente pensada como venganza ante los hechos acaecidos en octubre de 2017, mas que como respuesta al tipo penal del posible delito cometido. Al tiempo que permite impedir el ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva para los procesados. El mantenimiento de la prisión preventiva, pensada en nuestro sistema de derecho como una medida excepcional, resulta especialmente inhumana y cruel sin justificación alguna. Resulta especialmente alarmante, comprobar que dirigentes sociales como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes respectivamente de las asociaciones Omnium Cultural y ANC, estén en prisión y sean acusados de rebelión sin prueba alguna y exclusivamente por ejercer el derecho de manifestación.
Del mismo modo que lo resulta el hecho de que en autos del propio tribunal se argumente el mantenimiento de la prisión preventiva por no haber los acusados renunciado a sus ideas independentistas. Resulta aterrador ver escrito en un auto una afirmación que hace saltar por los aires uno de los fundamentos del estado de derecho: nadie puede ser encarcelado por sus ideas políticas. A estas preocupaciones también debemos añadir las serias irregularidades que se están produciendo en el desarrollo de las sesiones del juicio del Procés. Encontramos cuestiones tan graves como no tener en cuenta que las acusaciones relativas a la vinculación o participación en movilizaciones sociales pueden estar amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales. Restricción en el uso de pruebas documentales por parte de las defensas, interrupción de interrogatorios de las defensas por parte del Presidente de la Sala, imposibilidad de interrogar o repreguntar a testigos propuestos por otras partes impidiendo la verificación de la credibilidad de los mismos. Comunicación entre testigos propiciando la construcción de relatos acusatorios de dudosa espontaneidad, diferencia de trato del Presidente de Sala a defensa y acusación ante determinado tipo de preguntas y muchos más elementos que ponen en serio riesgo las garantías para el desarrollo de un juicio justo para las personas encausadas.
No hace falta ser independentista para comprobar como las posibilidades de disenso son rechazadas y condenadas con contundencia en todos los ámbitos, mediático, político y social. Lamentablemente está llegando a parecer aceptable para amplios sectores de la sociedad española que sean juzgados y permanezcan más de un año en prisión personas como los “Jordis” por haber promovido manifestaciones pacíficas en la defensa de unas ideas. No podemos aceptar el desarrollo de actuaciones que evidencian la existencia de un sistema judicial subjetivo que, como estamos describiendo, no preserva las correspondientes garantías constitucionales. De igual forma queremos alertar de los continuos ataques hacia quienes defienden posturas de objetividad e imparcialidad en el análisis de la situación catalana por parte de los sectores más reaccionarios. Es tremendamente preocupante la pérdida de libertades para la que nos encontramos. La demonización de la ideología independentista está validando un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos. Este precedente menoscaba seriamente las garantías correspondientes a los procesos de participación y reacción frente al descontento social, no solo en Cataluña, sino en toda la totalidad del Estado español. Se está creando un grave precedente por cuanto implica criminalización de los movimientos sociales, mañana podemos ser todos los demás y el ataque inmisericorde y contra ley por el propio poder judicial de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, derecho a la participación política y a la libertad ideológica.
Así, desde la APDHA creemos imprescindible una reacción social frente a la vulneración de derechos y libertades. La desproporción y subjetividad judicial que se está materializando en la cuestión catalana y sus líderes políticos y sociales es inadmisible, afectando gravemente al conjunto de la sociedad española. Estos precedentes se convertirán en destino si no reaccionamos a tiempo.
Publicado en el Otro País
Es desde este punto de vista de la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho, por lo que desde la APDHA queremos manifestar nuestra honda preocupación por la indiferencia general con la que la sociedad española está reaccionado frente a las actuaciones del Estado español sobre los líderes políticos y sociales que han participado en el Procés Catalán. Una indiferencia preocupante por cuanto en la reacción del Estado español frente al Procés creemos que se están vulnerando principios esenciales del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y de la Constitución. Las actuaciones judiciales desarrolladas por el Estado español en relación al Procés Catalán han sido cuestionadas por organizaciones estatales e internacionales y por numerosos catedráticos y expertos en derecho constitucional y procesal. Distintas valoraciones independientes han concluido que no se han respetado debidamente numerosos derechos fundamentales. Entre ellos el derecho al juez natural, forzando la competencia de Tribunal Supremo con argumentos insostenibles y por tanto impidiendo el derecho al recurso en segunda instancia de los procesados en caso de condena.
La propia calificación de rebelión no se ajusta en nada a lo establecido en nuestro ordenamiento penal, por lo que está directamente pensada como venganza ante los hechos acaecidos en octubre de 2017, mas que como respuesta al tipo penal del posible delito cometido. Al tiempo que permite impedir el ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva para los procesados. El mantenimiento de la prisión preventiva, pensada en nuestro sistema de derecho como una medida excepcional, resulta especialmente inhumana y cruel sin justificación alguna. Resulta especialmente alarmante, comprobar que dirigentes sociales como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes respectivamente de las asociaciones Omnium Cultural y ANC, estén en prisión y sean acusados de rebelión sin prueba alguna y exclusivamente por ejercer el derecho de manifestación.
Del mismo modo que lo resulta el hecho de que en autos del propio tribunal se argumente el mantenimiento de la prisión preventiva por no haber los acusados renunciado a sus ideas independentistas. Resulta aterrador ver escrito en un auto una afirmación que hace saltar por los aires uno de los fundamentos del estado de derecho: nadie puede ser encarcelado por sus ideas políticas. A estas preocupaciones también debemos añadir las serias irregularidades que se están produciendo en el desarrollo de las sesiones del juicio del Procés. Encontramos cuestiones tan graves como no tener en cuenta que las acusaciones relativas a la vinculación o participación en movilizaciones sociales pueden estar amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales. Restricción en el uso de pruebas documentales por parte de las defensas, interrupción de interrogatorios de las defensas por parte del Presidente de la Sala, imposibilidad de interrogar o repreguntar a testigos propuestos por otras partes impidiendo la verificación de la credibilidad de los mismos. Comunicación entre testigos propiciando la construcción de relatos acusatorios de dudosa espontaneidad, diferencia de trato del Presidente de Sala a defensa y acusación ante determinado tipo de preguntas y muchos más elementos que ponen en serio riesgo las garantías para el desarrollo de un juicio justo para las personas encausadas.
No hace falta ser independentista para comprobar como las posibilidades de disenso son rechazadas y condenadas con contundencia en todos los ámbitos, mediático, político y social. Lamentablemente está llegando a parecer aceptable para amplios sectores de la sociedad española que sean juzgados y permanezcan más de un año en prisión personas como los “Jordis” por haber promovido manifestaciones pacíficas en la defensa de unas ideas. No podemos aceptar el desarrollo de actuaciones que evidencian la existencia de un sistema judicial subjetivo que, como estamos describiendo, no preserva las correspondientes garantías constitucionales. De igual forma queremos alertar de los continuos ataques hacia quienes defienden posturas de objetividad e imparcialidad en el análisis de la situación catalana por parte de los sectores más reaccionarios. Es tremendamente preocupante la pérdida de libertades para la que nos encontramos. La demonización de la ideología independentista está validando un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos. Este precedente menoscaba seriamente las garantías correspondientes a los procesos de participación y reacción frente al descontento social, no solo en Cataluña, sino en toda la totalidad del Estado español. Se está creando un grave precedente por cuanto implica criminalización de los movimientos sociales, mañana podemos ser todos los demás y el ataque inmisericorde y contra ley por el propio poder judicial de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, derecho a la participación política y a la libertad ideológica.
Así, desde la APDHA creemos imprescindible una reacción social frente a la vulneración de derechos y libertades. La desproporción y subjetividad judicial que se está materializando en la cuestión catalana y sus líderes políticos y sociales es inadmisible, afectando gravemente al conjunto de la sociedad española. Estos precedentes se convertirán en destino si no reaccionamos a tiempo.
Publicado en el Otro País
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