El
juicio del Procés vulnera los derechos de toda la sociedad española
Se está creando un grave precedente de criminalización de los
movimientos sociales, mañana podemos ser todos los demás.
Asociación
Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Todas
las personas tienen derecho a que sean respetados sus derechos.Y ello
independientemente de ideología política, origen, sexo, o cualquier
otra circunstancia. Así lo manifiesta la Declaración Universal y lo
establece nuestra Constitución. La no discriminación y la
universalidad de los derechos se encuentran en la base de cualquier
organización defensora de los derechos humanos como es el caso de la
APDHA. El incumplimiento de esos principios y la aplicación del
derecho penal del reo, que no hace depender la justicia de tipo de
delito probado sino de la condición y la ideología de quien lo
cometió, que creíamos superado, socavan gravemente los cimientos
del Estado democrático y acaban con la propia Constitución. Y no
sólo afecta a quienes lo padecen sino al conjunto de la sociedad. La
justicia deja de ser justicia para convertirse en venganza.
Es desde
este punto de vista de la defensa de los derechos humanos y del
Estado de Derecho, por lo que desde la APDHA queremos manifestar
nuestra honda preocupación por la indiferencia general con la que la
sociedad española está reaccionado frente a las actuaciones del
Estado español sobre los líderes políticos y sociales que han
participado en el Procés Catalán. Una indiferencia preocupante por
cuanto en la reacción del Estado español frente al Procés creemos
que se están vulnerando principios esenciales del Estado de Derecho,
de los Derechos Humanos y de la Constitución. Las actuaciones
judiciales desarrolladas por el Estado español en relación al
Procés Catalán han sido cuestionadas por organizaciones estatales e
internacionales y por numerosos catedráticos y expertos en derecho
constitucional y procesal. Distintas valoraciones independientes han
concluido que no se han respetado debidamente numerosos derechos
fundamentales. Entre ellos el derecho al juez natural, forzando la
competencia de Tribunal Supremo con argumentos insostenibles y por
tanto impidiendo el derecho al recurso en segunda instancia de los
procesados en caso de condena.
La propia calificación de rebelión
no se ajusta en nada a lo establecido en nuestro ordenamiento penal,
por lo que está directamente pensada como venganza ante los hechos
acaecidos en octubre de 2017, mas que como respuesta al tipo penal
del posible delito cometido. Al tiempo que permite impedir el
ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva
para los procesados. El mantenimiento de la prisión preventiva,
pensada en nuestro sistema de derecho como una medida excepcional,
resulta especialmente inhumana y cruel sin justificación alguna.
Resulta especialmente alarmante, comprobar que dirigentes sociales
como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes respectivamente de
las asociaciones Omnium Cultural y ANC, estén en prisión y sean
acusados de rebelión sin prueba alguna y exclusivamente por ejercer
el derecho de manifestación.
Del mismo modo que lo resulta el hecho
de que en autos del propio tribunal se argumente el mantenimiento de
la prisión preventiva por no haber los acusados renunciado a sus
ideas independentistas. Resulta aterrador ver escrito en un auto una
afirmación que hace saltar por los aires uno de los fundamentos del
estado de derecho: nadie puede ser encarcelado por sus ideas
políticas. A estas preocupaciones también debemos añadir las
serias irregularidades que se están produciendo en el desarrollo de
las sesiones del juicio del Procés. Encontramos cuestiones tan
graves como no tener en cuenta que las acusaciones relativas a la
vinculación o participación en movilizaciones sociales pueden estar
amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales. Restricción en
el uso de pruebas documentales por parte de las defensas,
interrupción de interrogatorios de las defensas por parte del
Presidente de la Sala, imposibilidad de interrogar o repreguntar a
testigos propuestos por otras partes impidiendo la verificación de
la credibilidad de los mismos. Comunicación entre testigos
propiciando la construcción de relatos acusatorios de dudosa
espontaneidad, diferencia de trato del Presidente de Sala a defensa y
acusación ante determinado tipo de preguntas y muchos más elementos
que ponen en serio riesgo las garantías para el desarrollo de un
juicio justo para las personas encausadas.
No hace falta ser
independentista para comprobar como las posibilidades de disenso son
rechazadas y condenadas con contundencia en todos los ámbitos,
mediático, político y social. Lamentablemente está llegando a
parecer aceptable para amplios sectores de la sociedad española que
sean juzgados y permanezcan más de un año en prisión personas como
los “Jordis” por haber promovido manifestaciones pacíficas en la
defensa de unas ideas. No podemos aceptar el desarrollo de
actuaciones que evidencian la existencia de un sistema judicial
subjetivo que, como estamos describiendo, no preserva las
correspondientes garantías constitucionales. De igual forma queremos
alertar de los continuos ataques hacia quienes defienden posturas de
objetividad e imparcialidad en el análisis de la situación catalana
por parte de los sectores más reaccionarios. Es tremendamente
preocupante la pérdida de libertades para la que nos encontramos. La
demonización de la ideología independentista está validando un
tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles
y políticos. Este precedente menoscaba seriamente las garantías
correspondientes a los procesos de participación y reacción frente
al descontento social, no solo en Cataluña, sino en toda la
totalidad del Estado español. Se está creando un grave precedente
por cuanto implica criminalización de los movimientos sociales,
mañana podemos ser todos los demás y el ataque inmisericorde y
contra ley por el propio poder judicial de los derechos a la libertad
de expresión, reunión y manifestación, derecho a la participación
política y a la libertad ideológica.
Así, desde la APDHA creemos
imprescindible una reacción social frente a la vulneración de
derechos y libertades. La desproporción y subjetividad judicial que
se está materializando en la cuestión catalana y sus líderes
políticos y sociales es inadmisible, afectando gravemente al
conjunto de la sociedad española. Estos precedentes se convertirán
en destino si no reaccionamos a tiempo.
Publicado en el Otro País
