MALUYA Y SUS ANSIAS DE "LIBERTAD".

UNA JOVEN SAHARAUI HUYE DE SU FAMILIA BIOLÓGICA Y DE SU GENTE PARA SER "LIBRE".

MMA

Qué duda cabe que los campos saharahuis de Tirfur no tiene nada que ver con Valencia. Por muy mal que nos encontremos los españoles nunca será nuestra vida comparable a la de un triste campo de refugiados en medio de un desierto, donde no hay salas de fiestas ni una sociedad del ocio en ocasiones perversa de la que Maluya puede disfrutar a braga suelta.
Ella, al parecer, terminó sus estudios de Filología Árabe y ha estado en Inglaterra haciendo no sé que historias. Hay muchos saharauis que han venido a España a estudiar con este sistema de familias de acogida. La mayoría cuando terminan sus estudios vuelven con su gente para volcar lo aprendido con ellos. El pueblo Saharahui es un pueblo solidario. Muchos han hecho la carrera de maestro y hoy están ayudando a su pueblo a alfabetizarse. Pero Maluya ha decidido renegar de su raices y de su gente. Y lo ha hecho de la peor manera, avergonzando a su familia biológica acusándola de secuestradora. Sus padres no tuvieron ningún problema de dejarla venir a España para conseguir que su hija estudiara ya que en los campamentos no hay ninguna posibilidad. Pero ellos la dejaron con la esperanza de que cumpliera la promesa de regresar cuando terminara sus estudios. Regresar para ser solidaria con los suyos como tantos otros jóvenes saharauis han hecho. Pero ella se ha negado, aludiendo a que ha estudiado para ser libre [tócate los cojones]. Su libertad individual está por encima de todo. Maluya está infectada de esa asquerosa patologia liberal que envenena a muchos jóvenes, potenciando su individualismo más mezquino en una ezquizofenia que solo los hace pensar en ellos. De esta manera monta la de dios cuando sus padres le dicen que no vuelva a irse. Como una gata en celo arremete contra ellos acusándoles de secuestradores. Maluya está loca por escapar de su pueblo, de la miseria, de su casa de nacimiento, de unos padres carnales que no pueden ofrecerle la vida cómoda que sí obtiene de sus progenitores adoptivos. Maluya no es muy diferente a toda esa legión de jóvenes y no tan jóvenes que hoy se acomodan al cálido refugio de sus padres, comidos planchados y aseados y que mañana algunos no dudarían en abandonarlos en asilos o en gasolineras si así lo requiere el guión de sus mezquinas libertades individuales.

Es el afán de este inmundo sistema por seguir cortando las raices que nos unen. Su obsesión por desnaturalizarnos, convertirnos en masas apátridas de todo que suponga los valores nobles de un arraigo. Lo de esta joven saharahui no es, desgraciadamente, una excepcionalidad.      

UN LEGIONARIO EN EL COMPLOT DEL 23-F. (Novela).

¿Sabían que Juan Carlos I fue asesinado en Sevilla en los dias posteriores al 23-F?
Un fragmento de la novela casi-histórica sobre un magnicidio que pudo cambiar la historia de la Transición de este país.



"...Sin embargo, en esta ocasión la crisis, que nos atrapó y que dicen que nos viene de vaya usted a saber, está resultando tan fatídica como la temida “gripe española”, que tampoco fue española y que también nos llegó de quien sabe dónde. Si aquella mataba prontamente, ésta lo hace lentamente hasta que te mueres de asco frente a un comedor social. La miseria llama a la miseria y la sabiduría popular nos cuenta que al perro flaco todo son pulgas. 
La crisis ha agrietado seriamente la precaria prosperidad de los vecinos de la inmensa Barriada del Tardón, con su peculiar impronta a inmenso cuartel de "todo por la patria" y buque insignia de lo que en su día fuera la ampliación de la barriada de San Gonzalo, construida para los pobres y menesterosos de la ciudad por el insigne promotor Don Gonzalo Queipo de Llano, general golpista y reputado matarife donde los haya, además de gran devoto y rezador de la venerada Hermandad de la Macarena, la otra gran barriada señera de la capital hispalense donde el ilustre general yace piadosamente enterrado.
Pero revolviendo los ojos a Triana y al populoso Tardón de los inicios de los sesenta donde transcurre esta historia, nos encontramos al final de la calle San Jacinto la plazoleta de San Martín de Porres y al principio de la kilométrica avenida de Alvar Núñez, que por entonces iba a frenarse con el talud de la antigua carretera que conducía a San Juan de Aznalfarache, cerrando el conjunto de la nueva barriada  las también populares torres “de los Sindicatos".  A mitad de camino, en su cruce con Lorenzo Leal, nos encontramos con el mítico Bar Avenida, que lleva la proeza de permanecer abierto casi desde que se construyó la barriada, allá por los finales de los cincuenta y principio de los sesenta.  Frente a éste dan las ventanas del bajo donde vive el viejo Pepe Moscardón, un personaje novelesco tan popular para lo bueno como para lo malo y antiguo caballero legionario, curtido en su juventud a la sombra de las sofocantes jaimas calibeñas del norte de África y mutilado en su madurez por extraña herida de guerra.
Pepe contaba a todo el que no lo conocía que logró el piso del Tardón allá por el año 59 del pasado siglo, cuando se construyó la barriada, y se lo dieron---decía--, en compensación a sus méritos y proezas como caballero legionario. Aunque más de uno que conocía su historia sabía que se lo dieron como a todos, después de arrastrarse por los inmaculados suelos del arzobispado y besarle el anillo y el culo al piadoso don José María Bueno Monreal, sucesor del inefable y selvático cardenal D. Pedro Segura, primado de la Iglesia de España y mortal enemigo de Franco al que, curiosamente, llamaba “el jefe de los ladrones”. Es de señalar aquí la megalomanía de este levantisco cardenal, que llegó a construirse para su...

(Fragmento de la novela El legionario que mató al Rey)

SE NOS FUE EL ÚLTIMO REVOLUCIONARIO.

LA SEVILLA OLVIDADA Y OCULTA DE LA REPRESIÖN.

El libro ‘Lugares de la memoria’ traza itinerarios por edificios, calles y plazas decisivos en el golpe militar y el desarrollo de la Guerra Civil y el franquismo

Horacio Raya /

Sevilla /

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  Varios camiones a las puertas de la Audiencia cargan detenidos para trasladarlos a la Prisión Provincial o a lugares de fusilamiento. / Fotos: Fototeca Municipal de Sevilla-Archivo Serrano
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  Una avioneta sobrevuela Casa Cornelio, junto al Arco de la Macarena, poco antes de ser bombardeada.
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• Memoria histórica

Desde la Plaza Nueva hasta las calles y plazas de barrios como la Macarena, San Julián, San Luis, San Bernardo, Triana o Ciudad Jardín, Sevilla está jalonada de hitos, huellas y escenarios vinculados a la represión franquista y a la resistencia republicana que suelen pasar inadvertidos al viandante. «Lugares por los que pasamos 20 veces y que sin embargo no referenciamos con lo que allí sucedió», explicaba este pasado miércoles Rafael López, coordinador de la obra Lugares de la memoria (editada por Aconcagua Libros) durante su presentación en la Casa de la Provincia.
Un trabajo impulsado por la ya disuelta Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) que propone «itinerarios» relacionados con el «golpe militar, represión y resistencia en Sevilla», como reza su subtítulo. No se trata de hacer un «inventario», señala el prólogo, pero sí de «traer al presente aquellos lugares que fueron decisivos en el golpe de Estado y en el desarrollo posterior de la Guerra Civil y el franquismo, y que han pasado desapercibidos para la mayoría de los que hoy paseamos por las calles de Sevilla».
Y el libro va, en este sentido, más allá de los Lugares de Memoria Histórica fijados e inscritos en un catálogo por el Gobierno andaluz en 2011, que en el caso de la provincia sevillana serían seis: la Casa de Blas Infante en Coria del Río, el lugar de su fusilamiento en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona, la Prisión Provincial de Ranilla, la comisaría de Jesús del Gran Poder, La Pañoleta y el Canal de los Presos.
De la Gavidia a la Alameda
Dos de los lugares más emblemáticos tienen que ver con el golpe militar y la batalla desarrollada en la Plaza Nueva –relatada en el despiece de la página derecha–: la plaza de la Gavidia y la Alameda de Hércules.
La sede de la Capitanía General de la II División Orgánica en la Gavidia, donde hoy se emplaza la Consejería de Justicia de la Junta, fue el lugar donde el general Queipo de Llano junto a un grupo de militares consumó el plan para hacerse con la ciudad sin apenas resistencia por parte de los republicanos; y, además, desde allí pronunció sus arengas a través de Unión Radio Sevilla y grabó el bando de guerra incitando a acabar con el enemigo. No en vano, la céntrica plaza ha sido estos años el lugar elegido por los colectivos memorialistas de la ciudad para reunirse los últimos sábados de cada mes para compartir sus inquietudes y reivindicar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra y de la represión franquista.
El extremo norte de la Alameda de Hércules, cerca de las columnas de los leones y de la Pila del Pato, era el lugar donde se ubicaba el cuartel de la Guardia de Asalto, donde unos 500 hombres constituyeron el único cuerpo armado que opuso resistencia a Queipo de Llano, pagando con su vida todos ellos la defensa de la República. Allí ya no queda rastro ni de la popular fuente –hoy en la plaza de San Leandro– ni del cuartel sede del Grupo 5º de la Guardia de Asalto.
Volviendo al entorno de la Plaza Nueva, en la vecina de San Francisco se hallaba la sede de la Audiencia Provincial (hoy de la Obra Social de Cajasol), donde los franquistas condenaron a muerte cientos de personas en los consejos de guerra sumarísimos por el procedimiento de urgencia, empezando por los casi 70 mineros onubenses capturados en La Pañoleta que venían a defender la legalidad republicana.
Desde la Audiencia partieron detenidas un sinfín de personas rumbo a la Prisión Provincial de Ranilla, inaugurada en 1934 y donde, cinco días después del golpe, se hacinaban 1.438 presos. De allí salieron muchos directamente para su ejecución, pero es que también en sus celdas fallecieron casi 500 entre 1936 y 1954 dadas las penosas condiciones de alimentación e higiene en que malvivían los encarcelados.
Más siniestra, sin duda, es la llamada comisaría de la calle Jesús del Gran Poder, antaño y también hoy residencia jesuita. Allí se ubicó la Delegación de Orden Público, donde se organizó la Brigadilla de Ejecuciones que acabó con la vida de muchos detenidos, también en las tapias del cementerio.
En la Macarena, las murallas fueron testigos del fusilamiento de unas 30 personas –varios mineros onubenses, los hermanos Burguete, el general Campins...–; en la plaza del Pumarejo se produjo el horrible asesinato de Isabel Atienza, madre del líder sindical Saturnino Barneto; y junto al Arco de la Macarena, el bombardeo de Casa Cornelio, símbolo anarquista y donde se alzó la Basílica en la posguerra. San Luis, San Julián, Triana... son otros barrios de la Sevilla resistente que esconden las huellas de la represión.
El Correo de Andalucía

UNA IZQUIERDA INSTITUCIONAL CON FRACK A MEDIDA.

CADA PUEBLO TIENE LO QUE MERECE SU ESTUPIDEZ.

UN ALTO CARGO DE SUSANA DÏAZ IMPLICADO EN EL DESFALCO DEL "DIONI" DE ALMENSILLA

Ismael Perea está imputado y es director general en la Junta de Andalucía.

Activo miembro del PSOE de Sevilla y uno de los mayores ‘hooligans’ de Susana Díaz en las redes sociales. De hecho, para muchos militantes Ismael Perea es el ‘jefe de las redes sociales’ del PSOE andaluz, aunque ese cargo no le corresponde oficialmente. Este ‘susanista’ acérrimo -basta echar un vistazo a su activa cuenta de Twitter-, que comparte edad, años de militancia y amistad con la presidenta, no ocupa ninguna silla en la ejecutiva regional del partido ni tampoco en el PSOE de Sevilla. No tiene cargo orgánico relevante -es secretario de Organización del PSOE de Mairena del Aljarafe (Sevilla)- pero sí que es alto cargo del Gobierno andaluz. Tras pasar por el gabinete de Díaz, fue nombrado el pasado abril director general del Consorcio Fernando de los Ríos, adscrito a la Consejería de Empleo, y que administra el ambicioso programa Guadalinfo, una red digital de 800 centros que asiste a 692 municipios andaluces.

El consorcio público, participado por la Junta en un 66,6% y en un 33,3% por las ocho diputaciones provinciales, tiene un presupuesto para 2016 de 6,4 millones de euros. Lo que hasta ahora no había trascendido es que este alto cargo, Ismael Perea, aparece también ligado al conocido como desfalco de Almensilla. En esta localidad sevillana, el tesorero de una junta de propietarios, Julio Mateos Palacios, sigue en busca y captura acusado de haberse llevado al menos cuatro millones de euros del dinero que habían pedido unos 800 parcelistas para urbanizar una amplia zona conocida como Sector F de Almensilla. Un proyecto eterno, cargado de sombras y enredos, que ha acabado de la peor manera posible: con mucha gente de buena fe y pocos recursos endeudada hasta las cejas y estafada.

Denuncia de los vecinos

El juzgado de Coria del Río (Sevilla) que instruye este caso decidió el pasado mes de octubre ampliar las diligencias y sumar las tres denuncias que se han cruzado. La propia Junta de Compensación denunció al tesorero después de que este comunicara por un correo electrónico que se había llevado el dinero. Se sumó otra denuncia del Cuerpo Nacional de Policía y una tercera de una plataforma de vecinos afectados que fue la que motivó que las diligencias se ampliaran y el juez decidiera investigar a todos los miembros de la directiva. Esta ampliación de la investigación del desfalco llevó a imputar a dos exalcaldes, Carlos Ufano (PSOE), hoy miembro de la Diputación de Sevilla, y José Carlos López (IU), así como a varios exconcejales, entre ellos Ismael Perea. Todos son investigados, según el auto judicial, por un “delito de apropiación indebida”.
El alto cargo de la Junta afectado por este caso ha asegurado, en conversación con El Confidencial, que él no tiene nada que ver con el supuesto desfalco cometido por el tesorero y que se siente “una víctima más” de este prófugo. Él participó en la directiva de los vecinos “para ayudar”, implicado “como un propietario más”, e insiste en que esto no tiene nada que ver con su etapa como concejal socialista de esta localidad, donde estuvo en la oposición durante los años investigados. Según un informe de la Udef destapado por ‘El Mundo’, Julio Mateos, el tesorero, se encontraría en estos momentos en República Dominicana. Según las últimas investigaciones policiales, el conocido como ‘Dioni de Almensilla’ viviría a todo tren en el Caribe con una novia venezolana tras apropiarse presuntamente de cuatro millones de euros de los 800 parcelistas afectados. Con residencia en la capital, Santo Domingo, y dedicado a un negocio de venta de aceite de oliva español.
El director general investigado asegura ser una "víctima" más de la estafa y desvincula el caso de su actividad como concejal o alto cargo
El director general del Consorcio Fernando de los Ríos asegura que él se implicó en la directiva de esta junta de compensación para tratar de dar una solución a estos vecinos, y que él mismo debe “más de 8.000 euros” que debe abonar pese a que las obras se han interrumpido. En mayo del año pasado, el tesorero, del que ninguno de sus compañeros sospechó nada, según aseguran, dejó escrito el siguiente correo electrónico: “Me es muy difícil escribir esto, pero no tengo fuerzas para decíroslo ni siquiera por teléfono. He cogido dinero de la junta [de compensación] y he intentado desde enero acelerar unas ventas para reponerlo, pero no lo he conseguido. Sé que os meto en un problema, pero no tengo forma de solucionarlo ahora mismo. Escribo esto como declaración para todos los compañeros. Ahora mismo no sé qué voy hacer, estoy simplemente deambulando, pensando. En fin, no sé qué deciros más, solo pediros perdón. Como podéis imaginar no tengo ánimo ninguno de ir a la reunión, mañana os llamo y hablamos”. Su coche apareció en marcha pero de él no se sabe nada desde hace un año.
Horas después de ese escrito, los miembros de la junta de compensación tenían cita con el banco Santander para abordar el pago de un crédito de 8,5 millones de euros que en su origen alcanzó los 11 millones. Tras intentar sin éxito localizar al tesorero, el presidente de estos vecinos decidió poner una demanda.

Dos casos y un desfalco

En un último escrito notificado el pasado 21 de marzo, el juez atiende una petición del Ministerio Fiscal y ordena desglosar las denuncias. Así, por una parte se seguirá instruyendo la denuncia contra el tesorero por presunto delito de apropiación indebida y por otro se abre una causa separada para investigar si cometieron otros delitos, como han denunciado varios vecinos, el resto de integrantes de la junta de delegados, según recoge el auto judicial, durante el periodo 2006-2015. “En la querella presentada, se ponen de manifiesto unos hechos ocurridos desde el año 2009 que podrían ser constitutivos de delitos societarios”, aludiendo en concreto al artículo 290 del Código Penal y a la investigación de “presuntas violaciones de derechos reconocidos a los asociados querellantes, opacidad en la gestión de la entidad por parte de los encargados, miembros de la junta de delegados, contraria a lo dispuesto en los estatutos y presunta disposición de fondos de los miembros de la junta”.
El juez investiga a todos los miembros de la junta directiva por varios delitos societarios y deja la puerta abierta a que el tesorero contara con colaboradores
No obstante, el juez, que admite separar las denuncias y que la junta de compensación ejerza como acusación particular contra el tesorero por ser también “directamente perjudicada por hechos que la dañan económicamente”, sostiene también que esto ocurrirá “sin perjuicio de la responsabilidad penal contra algunos de los miembros de la junta de delegados si a lo largo de la investigación se acredita su participación”. En otro momento del auto, sostiene que “de las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional se evidencia la presunta participación en el delito de apropiación indebida de otras personas” además del tesorero. En total, hay 10 investigados.
Perea, al que los socialistas sevillanos le atribuyen el manejo de las redes sociales o la autoría de 'hashtags' como el de “la fiebre del sur”, en defensa activa de Susana Díaz, “no había puesto en conocimiento” de sus superiores su imputación en el caso de Almensilla. Así al menos lo ha trasladado a este periódico. Su nombramiento es de 2014 mientras que él abandonó la junta de compensación en 2012. Entiende, además, que esta investigación no tiene nada que ver con su papel público ni su etapa como concejal socialista y la circunscribe a su quehacer privado. Insiste Perea en que es un afectado más y otra víctima de la estafa. Mucho de los parcelistas engañados son jubilados que atraviesan un auténtico calvario para hacer frente al pufo y al pago de los créditos a los bancos. Lamenta el socialista que mientras que el supuesto estafador, el tesorero Julio Mateos, viva a todo tren a kilómetros de distancia, otros afectados como él deban poner la cara ante los vecinos o responder por este supuesto delito que afecta directamente a su vida pública.
Fuentes del Gobierno andaluz insisten en que este “no es un caso de corrupción política” y lo desmarcan absolutamente del pacto de investidura sellado con Ciudadanos. Según este acuerdo, cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículo tendrá que ser separado “de inmediato”. Ciudadanos no está al tanto ni ha sido informado de la investigación de este alto cargo. 
(publicado en El Confidencial)

HAY QUE DEROGAR LA "LEY MORDAZA".

En este infame pacto de legislatura hubo una ocasión de oro para derogar la antidemocrática "Ley Mordaza". Pero, claro, eso hubiera sido asunto de demócratas y el PSOE de Susana no es, precisamente, demócrata. Una ley que está llevando a pagar multas cuantiosas por acudir a una manifestación, por secundar una huelga o simplemente por protestar. Una ley que incluso te puede llevar a la cárcel por simplemente discutir con un antidisturbio y defender tus derechos democráticos no parece preocuparles a esta fascista ni a la camarilla de chupaculos que la rodea.
Le han dado el gobierno a Rajoy sin exigirle nada a cambio, lo que que se traduce que están de acuerdo con sus escandalosas políticas represivas. Pero esta vez no le va a funcionar. Si el anterior PSOE estaba acabado, este de Susana ha nacido muerto. 

Quizás los andaluces, acostumbrados al cortijo y a las limosnas de los "señoritos socialistas" olviden la enorme traición de esta señora y  la puedan votar, pero no creo que el resto de España olvide su bajuna puñalada a los trabajadores, al pueblo llano y a su propia militancia.
Pero volviendo al principio, los partidos subalternos del PP (PSOE y Ciudadanos) podían haber pedido a cambio del infame pacto, la derogación de una siniestra ley que deja indefensa a la democracia en nuestro país. Al menos hubieran demostrado que, aunque de derechas, son demócratas. Pero, es que no son demócratas.
En esta nueva y traumática legislatura el PSOE se volcará en el paripé de hacer oposición a su partido hermano. Porque esa será la táctica de la señora Díaz para hacer olvidar a las mentes simples que un día, en su desmedida ambición, nos entregó en manos del verdugo franquista.

MÁS LUCHADORES POR LAS LIBERTADES PUEDEN IR A LA CÁRCEL.

Las consecuencias represivas de la última huelga general en Logroño parecen no tener fin. Al final de la multitudinaria manifestación celebrada el día de la huelga en la capital riojana se vivieron unas escenas de violencia desconocidas hasta la fecha. La policía cargó duramente contra los manifestantes, hasta el punto de emplear balas de goma para disolverlos, algo que no se veía en esa ciudad desde los años setenta. La intervención policial acabó con numerosos heridos y contusionados. Se detuvo a Pablo Alberdi, sindicalista de CNT, y se abrió un proceso judicial contra él y contra el secretario de Acción Social de ese sindicato en Logroño. Ambos sumaban peticiones por un total de 14 años de cárcel.
Dos meses después de la huelga del 14N, el temporal de nieve anunciado para estos días en la capital riojana está pasando desapercibido frente a la “ciclogénesis represiva” que ha desatado el ministerio fiscal y Delegación de Gobierno: las penas que se piden se elevan hasta sumar un global de 21 años. Además, ocho personas, todas ellas pertenecientes a distintas organizaciones sociales, han recibido en la última semana sanciones administrativas por un total de 22.400 euros.
Henar Moreno, abogada defensora de los dos sindicalistas de CNT Logroño y coordinadora regional de Izquierda Unida, explica a DIAGONAL que no es que se hayan aumentado las penas sino que la acusación de la fiscalía ha pasado de considerar la calificación de los hechos de falta a delito, por lo que se suma un año a cada uno de los acusados en la petición de condena. Moreno, que también representa a algunos de las personas sancionadas, explica que éstas no fueron identificadas en el momento de los hechos. "La única explicación razonable es que se haya “echado mano” de ficheros policiales sobre activistas", concluye.
La sociedad civil logroñesa ya dio muestras de unidad cuando 17 organizaciones de diversa índole convocaron el pasado 20 de noviembre una rueda de prensa conjunta en la que denunciaban la política del miedo del Partido Popular y pedían la dimisión del Delegado de Gobierno en esta comunidad, Alberto Bretón.

Debido a la llegada de las multas y al aumento de penas, las organizaciones logroñesas han decidido unirse en una plataforma contra la represión que se presentará públicamente el próximo martes 12 y que ya cuenta con la adhesión de 23 entidades sociales y políticas. Diego Sáenz secretario de prensa de CNT Logroño, considera que aunque ahora la represión está cayendo sobre su sindicato, el problema afecta "a todas las organizaciones que no se dejan amedrentar”.

Como muestra de la corriente de solidaridad frente a las actuaciones de Delegación de Gobierno y del ministerio fiscal, en estos dos meses se han realizado múltiples acciones de apoyo a los acusados. Desde una campaña de firmas en las calles y en las redes sociales a la instalación de mesas informativas, pasando por conciertos de apoyo, una manifestación o comidas solidarias. Además, CNT ha lanzado una campaña en todo el Estado que llevó el pasado 2 de febrero al encausado Pablo Alberdi a la ciudad de Madrid para dar a conocer la situación del caso.

Vuelta a empezar

El problema es que el calendario de movilizaciones estaba preparado para un juicio que se iba a celebrar este viernes 15 de febrero. Ahora, después de que el abogado del Estado haya decidido presentarse como acusación, el juicio vuelve al principio. Lo que sorprende a la abogada defensora porque “aunque tiene derecho, hasta ahora no acostumbraba a personarse”. Así, se deben volver a practicar todas las diligencias previas y en función de ellas, volver las partes a presentar sus escritos.
Esto no ha impedido que la acusación de la Fiscalía ya se haya filtrado al diario regional La Rioja, del grupo Vocento, dueño de ABC. Según Moreno, “pareciera, al leer su escrito de acusación, que lo que buscan es la ilegalización de un sindicato concreto”.

El debate llega al parlamento

La campaña social en pro de la libertad de expresión también empapa el debate político regional. IU-La Rioja anuncia que el próximo lunes 11 de enero presentará una querella contra Alberto Bretón, como ya hiciera dicha formación en la Comunidad de Madrid contra la delegada de gobierno Cristina Cifuentes, por vulnerar el derecho de manifestación y por las identificaciones indiscriminadas que se vienen produciendo contra activistas logroñeses. Además, el grupo regional del PSOE criticó en sesión parlamentaria regional la desproporción de las multas que están recibiendo los ciudadanos de Logroño.
El periódico La Rioja daba a conocer en sus páginas las críticas socialistas al tiempo que concedía turno de réplica al Delegado del Gobierno, quien zanjaba la cuestión con estas palabras: “Aquí hay dos opciones: el que se pone del lado de las personas que insultan, amenazan […] y quien da fe a lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nos demuestran su profesionalidad todos los días, hicieron ese día”. (Diagonal)

"La resaca fascista del gobierno de Rajoy en los años de su anterior mandato  puede llenar las cárceles españolas de presos políticos y sindicalistas. Y aún nos quedan cuatro años de dictadura por delante gracias al PSOE de Susana Díaz y Felipe González."

APOROFOBIA. LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA.

Un sintecho durmiendo en una calle de Madrid.

Hay una jurisprudencia muy diversificada. Tenemos respuesta para toda clase de delitos, mucho de ellos tipificado en el código penal de manera reciente. El código penal es muy duro con la llamada violencia de género, con los abusos a menores y otros de nuevo cuño como el delito de odio se han tipificado para penalizar actitudes y agresiones racistas y xenófobas incluyéndose en él la protección de la dignidad de las víctimas del terrorismo (sobre todo a las de ETA).

Sin embargo, cada dos por tres nos enteramos que han quemado a una persona en un cajero bancario, o lo han matado a palos mientras dormía en un banco de un parque y apenas la espeluznante noticia trasciende.Y lo peor es que al criminal o criminales de estos aberrantes delitos, que en demasiadas ocasiones resultan ser jóvenes discotequeros muchos de ellos considerados de "buena" familia que después de la discoteca se procuran otra diversión como cierre de fiesta, quedan impunes ante el insulto. apaleamiento o la quema y muerte de un sintecho [una persona], todo ello en medio de un festival de vejaciones que supera lo inhumano. 
Muchos de estos monstruos asesinos salen casi absueltos de sus crímenes. Quizás la única explicación posible pueda llevarnos a considerar que la justicia y a igual que los asesinos, tampoco considera a los "homeles" [sintecho] como personas. 
Es muy alarmante que esta lacra por no llamarla barbarie no tenga la respuesta que merece dentro del código penal ni tan siquiera como delito de odio. ¿Por qué el crimen, la tortura, y la vejación de un sintecho no tiene el mismo tratamiento penal que la violencia de género, por ejemplo? ¿O acaso los sintecho no son personas? ¿No son víctimas también, en este caso de la violencia económica? ¿Cuándo se va a considerar la aporofobia un delito? Porque el miedo o temor al indigente jamás puede justificar su humillación, su tortura o su muerte.

Cada vez me espanta más el cinismo de esta sociedad que se proclama progresista mientras asume como natural que el crimen y la tortura de un pobre quede apenas sin castigo.
¿Es que no nos damos cuenta que nos estamos conduciendo por los mismos viales de conducta que los nazis empleaban para exterminar a los judios? Ellos también llamaban basura a sus víctimas. Ellos también despojaron a los judios de toda cualidad humana para tratarlos peor que a perros y librarse así de cualquier sentimiento de culpabilidad. ¿No es eso lo mismo que estamos haciendo al no escandalizarnos que se asesine, se queme o maltrate a un marginado social y que el hecho quede sin justicia? Aquel porque era judio y este porque era pobre de solemnidad. Maldita sea, ¿hacia dónde vamos?

En la actualidad, más de 30.000 personas en España están sin casa. En la madrugada del pasado sábado 8 de octubre, una mujer que dormía en la calle sufrió una grave agresión en Daroca (Zaragoza). Fue apedreada por dos personas que luego volvieron para intentar quemarla viva. Le salvaron la vida unos vecinos, pero lo ocurrido no es un caso aislado. De hecho, "este elemento, el fuego, es muy característico de la aporofobia. Quemar las pocas pertenencias de las personas sin hogar e, incluso, prenderles fuego a ellos mismos, porque son vistos como basura.

bucaneroerrante.com

LA NUEVA LEGISLATURA COMIENZA DENTRO DE LA ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA. VESTRYNGE PUEDE IR A LA CÁRCEL

La Fiscalía ha pedido un total de tres años y medio de cárcel para Jorge Verstrynge por su participación en la concentración republicana que se celebró en la madrileña Puerta del Sol el 19 de junio de 2014, coincidiendo con la proclamación de Felipe de Borbón como rey de España. Verstrynge fue detenido aquel día por la policía junto con varios jóvenes para los que el fiscal pide también penas que oscilan entre los dos años y los ocho meses de prisión, además de diferentes multas en concepto de  “responsabilidad civil” por "lesiones".

Según la versión ofrecida entonces por el politólogo, que iba acompañado de su hijo -al que la policía "confiscó" una bandera republicana-, al finalizar la manifestación quiso marchase a su casa pero los agentes se lo impidieron por lo que intentó saltarse el cordón policial. Verstrynge y algunos de los detenidos terminaron en los calabozos de la comisaría del distrito madrileño de Moratalaz en donde permanecieron prácticamente toda la noche.

Tras ser puesto en libertad, Verstrynge aseguró que los antidisturbios le trataron "como a un perro" y mantuvieron una actitud "chulesca" a pesar de que durante la concentración republicana no hubo "ningún signo de violencia" por parte de los asistentes.

El juez consideró en un principio los hechos como simples delitos de “faltas”. El fiscal, sin embargo, no comparte la misma opinión y pide para Verstrynge dos años de cárcel por “atentado a la autoridad” y otro año y medio más por “lesiones” a un agente que declaró que le tiró al suelo y le rompió la muñeca. Además, le exige el pago de una multa de 3.000 euros en concepto de “responsabilidad civil”.

Para Iván Torrico, uno de los jóvenes detenidos también en aquella concentración, la fiscalía solicita dos años de cárcel por “atentado contra la autoridad” y el pago de una multa de 200 euros por "lesiones" en un brazo a otro agente y de dieciocho euros durante cuarenta días.

Otro de los arrestados fue Manuel Prada sobre el que recae la petición de ocho meses de cárcel por “resistencia a la autoridad” y “lesiones” a un policía por lo que se le pide además una multa de 200 euros y el pago de dieciocho euros durante treinta días.

Según fuentes de la defensa, hay otros jóvenes para los que la fiscalía solicita multas de hasta mil euros. Ante la imposibilidad de alguno de ellos a pagarla se le aplicará un mes de arresto domiciliario.

“En este país se le ha ido la cabeza a más de uno, empezando por el ministro del Interior. Tratan de meternos miedo para que no salgamos a la calle. Pero les va a costar conseguirlo. Ladran, luego cabalgamos”, ha manifestado Verstrynge a eldiario.es tras conocer estas peticiones de cárcel.

A juicio del profesor, todo esto demuestra que “la represión política en este país está desmelenada”. “Este es un caso más entre cientos que hay ahora mismo pendientes. A algunos de los detenidos por las Marchas de la Dignidad les están pidiendo también tres años y medio de cárcel”, ha añadido, indignado.

Su abogado, Endika Zulueta, considera que la vista oral servirá para "darle la vuelta al proceso y dejar en evidencia lo desproporcionado de la actuación. El Diario.es

Y A ESTO LO LLAMAN NORMALIDAD DEMOCRÁTICA.