ELECCIONES EN HONDURAS.

Honduras y un fraude que exige urgente respuesta

por Carlos Aznárez

Lo ocurrido este domingo en Honduras es algo bien sabido pero que constantemente se repite para desgracia de los pueblos: las llamadas democracias "formales" representan una maquinaria para sostener las sacrosantas instituciones del capitalismo. Para llevarlo a cabo apelan a fraudes escandalosos, como en este caso, o utilizan la prepotencia policial-militar si fuera necesario, como ocurriera en la misma Honduras en otras oportunidades. 

Era mundialmente conocido que durante los últimos meses, todas las encuestas, inclusive las de la oposición mostraban que el triunfo de la candidata del Partido Libre era irreversible. Xiomara Castro, acompañada por verdaderas movilizaciones multitudinarias había recorrido el país y a su paso no sólo recibía el júbilo clamoroso de sus seguidores, sino todo tipo de improperios por parte de la derecha oficialista. Estos últimos gestos respondían, sin duda, a la contundencia del apoyo popular para el Partido Libre, que prácticamente aseguraban su triunfo.

Sin embargo, las previsiones de fraude no dejaban de ser una amenaza. Lo recordaban ayer mismo varios de los observadores internacionales que con el correr de las horas y al ver que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocultaba miles de actas y consagraban "manu militari" el triunfo al candidato oligárquico Juan Orlando Hernández,  se desesperaban para investigar en qué "Tríangulo de las Bermudas" habían desaparecido esas decenas de miles de votos para Xiomara que cada uno de los fiscales de Libre habían visto en el conteo urna por urna. Incluso, otro de los candidatos, Salvador Nasrala, del Partido Anti-Corrupción, ya ha anunciado su desconocimiento de los resultados emitidos por el TSE, debido a lo descarado del fraude existente.

El gran problema ha residido, y ahora lo reconocen algunos dirigentes de Libre, es haber tenido la ingenuidad de reconocer de antemano a este TSE, cuyos integrantes son los mismos que avalaron el golpe militar de 2009. Se pecó indudablemente de cierta ingenuidad, al creer que quienes durante estos años generaron un golpe de Estado, masacraron al campesinado del Aguán, ampararon el asesinato de periodistas y encarcelaron a miles de hondureños, podían organizar un acto electoral para ser finalmente derrotados. La burguesía no se suicida, y sólo puede ser jaqueada a través de la movilización popular.  Alli reside una de estas contradicciones que casi siempre generan estas democracias no representativas y mucho menos participativas: imponer instituciones amañadas y corruptas, integradas por jueces o funcionarios venales que cumplen a la perfección la consigna de salvar al capitalismo y avalar la represión que sea necesaria para imponer sus designios. 

Fue precisamente ese TSE el que está dando a conocer resultados en los que la gran mayoría del pueblo no cree. Y eso ocurre así, porque el sistema hondureño, ese mismo que en su momento fue "perdonado" injustamente por la gran mayoría de los países latinoamericanos para que vuelva a los foros continentales, dándole la espalda a la heroica Resistencia Popular, no va a ceder ni un ápice frente a quienes desean que se produzcan cambios profundos.

Xiomara Castro ha ganado las elecciones, sin duda, (con una ventaja de alrededor de 5 puntos sobre el oficialismo) pero ocurre que la derecha oligárquica y golpista maneja todos los resortes del poder (ejecutivo, legislativo, judicial, mediático) y puede darse el gusto de generar esta perversa contradicción: la victoria obtenida en las urnas se ha perdido en el escrutinio. No es muy distinto a lo que le ocurrió en dos oportunidades a los seguidores de Andrés López Obrador en México, y ese ejemplo marca también algunas enseñanzas. Lo que se pierde en el fraude comicial es necesario ganarlo en la calle, y sin pérdida de tiempo. Ya lo expresó el referente del Frente Nacional de la Resistencia Popular y del partido Libre, Juan Barahona: "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si nos roban el triunfo, volveremos a lo que hemos hecho siempre, resistir, resistir y resistir en las calles hondureñas".

Xiomara Castro ha ganado y el actual momento no parece que se pueda resolver sólo con denuncias ni con conferencias de prensa, bajo el riesgo de defraudar a quienes tanto han luchado desde aquellas jornadas inolvidables de 2009. Se hace necesario antes que nada preservar la unidad alrededor de  Libre, y por otro lado, que su dirigencia  reconduzca rápidamente el proceso y dé señales claras a nivel nacional e internacional de que está dispuesta a no dejar pasar este nuevo robo a la voluntad mayoritaria de su pueblo. Si se cierran las puertas de la legalidad pseudo democrática, si se trata de imponer una victoria continuista con el desparpajo de manejar un Tribunal fraudulento, al pueblo hondureño no le va a quedar otro camino que la confrontación directa con sus enemigos de clase. Doloroso pero cierto por todas las consecuencias que ello acarrea. Pero hay circunstancias de los pueblos en las que seguir poniendo "la otra mejilla" significa prolongar la agonía.

SÍ, A USTEDES, SEÑORES POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN.

UNA LEY MORDAZA,  UNA LEY DE HUELGA... ¿QUÉ HACE LA OPOSICIÓN ANTE EL MASIVO ATAQUE DEL PP A NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES?

Cabría preguntarse ante la grave y anómala situación política que atravesamos ¿Qué hace la Oposición Parlamentaria? ¿Qué están haciendo nuestros políticos de izquierda y aquellos que se sienten demócratas de corazón ante un Partido Popular que se ha situado claramente en FUERA DE JUEGO al dinamitar la Constitución en solitario, solo con los votos de su mayoría absoluta? La respuesta es fácil: NADA.

Mientras que la calle enronquece y se desangra, mientras el ciudadano sufre la mayor de las agresiones de nuestra historia democrática, mientras el gobierno ejerce su mandato bajo la violencia de la porra y la cárcel, mientras se mina y destruyen los derechos civiles consagrados en nuestra Carta Magna, nuestros políticos continuan impertérritos, con cara de lelos, como si no fuera con ellos, embozados en lo políticamente correcto, en las buenas formas, en los discursos estériles, en las interminables denuncias formales. Aparecen en las televisiones cuando les dejan para dirigirnos frases huecas, mensajes sin ideas, gilipolleces sin futuro, o ese incalificable "y tú más", como consigna salvavidas en el escandaloso basurero de corrupción en que se ha convertido la política en nuestro país. Y se quedan tan contentos de haber "cumplido con su deber" en la defensa de los ciudadanos. No son políticos, son los malos cómicos de esta tragedia, actores secundones de un desgraciado bodevil donde cobran por no hacer NADA.

 

NADA, NADA, NADA. Ninguna reacción novedosa de nuestra Oposición ante el escandaloso acoso y derribo de nuestra Constitución por un envalentonado Partido Popular que va de rey del mambo, y que ya ha cruzado en demasiadas ocasiones la línea roja del juego democrático con la excusa de su  mayoría absoluta. Un Partido Popular que se ha cuidado en controlar un poder casi absoluto en todos los órganos, incluido el Tribunal Constitucional. 

Solo nos queda la Oposición para frenar a este despótico PP, pero la Oposición continúa con cara de póker en un juego parlamentario que adquiere carácter de esperpento ante la gravedad de los hechos y el clamor de la calle. Nuestra Oposición continua anclada en lo cómodo, en lo políticamente correcto, en la normativa borreguil de lo inútil, en la impotencia, sorda ante la hecatombe que sucede más allá de los leones que flanquean el Congreso. Ante esta consigna de comportamiento, el que osa blandir una alpargata, proferir una mala voz, un sanguíneo discurso con las verdades del barquero, es acusado de inmediato de radical, de kaleborrokero u otros vilipendios al uso por los propios compañeros, por los popes del sistema, por la puerca televisión pública y privada, por la prensa subvencionada... Todos están en el secreto para que la voz desesperada de la calle no contamine a nuestros políticos, no entre en su "santa santorum". No quieren políticos, quieren zombis facilones de dirigir y acallar, insensibles a todo menos a sus sillones, a sus carteras y a sus aviones para irse de puente. Padecemos una Oposición culona, inútil, supérflua que sólo la mueve su pútrido egoismo por obtener el poder. Cuánto "peor mejor", hace sus cábalas electorales sin considerar el horroroso sufrimiento que mientras tanto soportan millones de ciudadadanos.

¿Qué va a hacer esta Oposición parlamentaria cuando el PP ponga en marcha con su mayoría absoluta su Código Mordaza que desahuciará a los ciudadanos, no solo de sus casas sino también de las calles? ¿Qué va a hacer cuando esta organización parafascista que nos gobierna apruebe su Ley de Huelga que atará de pies y manos a los trabajadores a la hora de defender sus derechos? ¿Votar NO y a casita que es domingo?

SEAN VALIENTES Y DEFIENDAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES QUE CONSAGRA NUESTRA CONSTITUCIÓN. APOYEN LA CALLE CON UNA HUELGA O AL MENOS CON UN SONORO PLANTE EN EL CONGRESO Y DEMÁS INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE OBLIGUE AL PP A ABANDONAR SU INACEPTABLE DERIVA AUTORITARIA. 

NOS JUGAMOS EL FUTURO.
 

j.m.boix

EL PP QUIERE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL.

 

Hay torturadores que amordazan a los torturados para no escuchar sus gritos de dolor. El PP prepara su nuevo Código mordaza para no escuchar los gritos desesperados de sus víctimas.

Examen del nuevo Código Penal. Las modificaciones más peligrosas para la democracia.

Foro de abogados de Izquierdas. Antonio Segura, Juan Moreno y Miguel Angel Garrido.

Una reforma al servicio del capital y las fuerzas de seguridad. En pocas palabras esta sería una buena forma de definir el significado de la reforma del Código Penal que ha remitido a las Cortes el gobierno del Partido Popular, una reforma que no pasará desapercibida y que, desgraciadamente, padecerán las clases populares y aquellos que osen contestar en las calles las políticas antisociales de la Troika, la banca y su gobierno faldero.

Ya desde su remisión como anteproyecto de ley ante el Consejo de Ministros, no se ocultaba uno de los fines más inmediatos de la contrarreforma, y así lo exponía el Ministro Gallardón: “reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia callejera”. Es evidente la utilización instrumental en defensa de la clase dirigente que cualquier régimen hace no solo de las instituciones, sino además de los propios instrumentos jurídicos como los códigos penales. Lo curioso de este caso es que se viene a legislar previendo lo que, a ojos del propio gobierno, se nos viene encima: más recortes de derechos, más miseria, más desahucios, más violaciones a los principios que inspiraron la Constitución y más respuesta democrática de los ciudadanos en la calle. Es esa presunción la que obliga a los dirigentes de este régimen en decadencia a fortalecer sus mecanismos de coerción ante esa nueva realidad social y a reprimir con mayor dureza las infracciones derivadas de la pobreza y el estado de necesidad económica. Y todo ello lo hace dentro de esa lógica neoliberal que en nuestro Estado tiene una deriva franquista, que es la de reprimir sin contemplación al ciudadano que se resista, aún pacíficamente, a los mandatos de la dictadura político-financiera que pretende capitanear la sociedad de los próximos años.

Será delito hurtar una barra de pan

Por un lado, del nuevo Código Penal cabe destacar la desaparición de las faltas, una medida que el gobierno presenta como de racionalización de la administración de justicia, pero que va a suponer una mayor criminalización de determinadas conductas relacionadas con la penuria económica y los pequeños problemas comunitarios. Así, el mero hecho de hurtar un paquete de arroz, trabajar como mantero o conectarse sin autorización a la red eléctrica de Iberdrola pasará a ser delito, aunque sea leve, lo que en la práctica significa la facilitación de la detención en comisaría de la persona denunciada, un aumento de la pena y la generación de antecedentes penales. Sobre la cuestión del aumento de las detenciones, hay que recordar que a día de hoy la mera imputación de una falta nunca puede justificar la detención por parte de la policía si existe capacidad de identificación de la persona denunciada, situación que se revierte con la reforma, ya que la conversión de muchas faltas en delitos leves abre la puerta a que la mera imputación de dicho delito leve conlleve la detención de la persona y su confinamiento en una celda de la comisaría más cercana.

Además, la supresión de determinadas faltas y su definitiva remisión a la jurisdicción administrativa, como la anacrónica de falta de respeto a un agente de policía, va a suponer un incremento de la sanción que impone la administración y dificultar el acceso a la revisión judicial, ya que el actual sistema de tasas judiciales va a imposibilitar o desincentivar a las clases populares el recurso judicial ante las decisiones arbitrarias de la administración.

Acallar la protesta social

Por otra parte, además de esta mayor criminalización de la pobreza, la reforma tiene como objetivo el de acallar la protesta social. Es un paso más, pero profundo y ajustado a las necesidades de represión ante una mayor movilización y organización de la ciudadanía y sus medios de lucha, respuesta represora que encaja en lo que desde hace años se ha venido llamando derecho penal del enemigo. Otros gobiernos ya han venido utilizando este instrumento de la misma manera, como la famosa “ley Corcuera” diseñada para reprimir los derechos y libertades y garantizar la impunidad de las actuaciones desproporcionadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque en esta ocasión se va más lejos castigando severamente todo tipo de discrepancias con los agentes de policía. Es innegable que las mayorías absolutas favorecen dichos retrocesos, pero no es menos cierto que todos los gobiernos desde la proclamación de la Constitución vigente han apuntado en esa dirección de restringir los derechos que en la misma sólo se definen sobre el papel.

Este proyecto de código va un paso más allá, ya que pretende criminalizar incluso la opinión y el pensamiento. Si el Código Penal hoy vigente solamente castiga acciones u omisiones, con la contrarreforma se pretende castigar el mero uso de consignas y mensajes, incluidos también los de carácter político. Cómo si no se puede interpretar que en el nuevo Art. 559 CP se sancione como delito “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557CP Bis, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Indudablemente se quiere punir a los que simpaticen con las luchas sociales, en especial a los usuarios de las redes sociales que difundan convocatorias disidentes con el poder establecido.

Con el actual Código Penal en la mano, en teoría, los jueces de este país no pueden sancionar los llamamientos a participar en una manifestación no comunicada que pretenda, por ejemplo, mostrar su rechazo contra la monarquía cortando el tráfico en el Paseo de la Castellana, siendo excepcionales, y deplorables, los casos de algunos jueces y fiscales que así lo intentan. Pero con esta nueva redacción se abre la mano a que la policía y la fiscalía persigan y los jueces condenen este tipo de conductas que se desarrollan en diferentes redes sociales, lo que a todas luces puede ser inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que, de aprobarse definitivamente este proyecto de nuevo Código Penal, cientos de ciudadanos podrán pasar por la comisaría por el sólo hecho de haber repartido o distribuido propaganda para el ejercicio de derechos fundamentales. Y lo peor, poco podemos esperar del Tribunal Constitucional, presidido hoy por un (ex)militante del PP, como órgano que vele por nuestras garantías constitucionales y declare inconstitucional dicho precepto.

Un paso pues que nos lleva a un tablero de juego más parecido al de una dictadura que al de una democracia, y por ello es necesario una oposición clara a esta reforma, una toma de conciencia de lo que significa y de organizar a la ciudadanía y a los interlocutores jurídicos, jueces, fiscales, abogados etc. que creen en la democracia con independencia de su ideología para crear una respuesta contundente a este atropello, a este golpe contra nuestro sistema de libertades, ya de por sí frágil, pero que con la aprobación de esta contrarreforma prácticamente desaparece.

Esta reforma muestra cómo el poder carece de soluciones para salvar el Estado social, porque no está entre sus objetivos, por lo que no tiene más remedio que acabar también con el Estado democrático y de derecho. La sociedad en su conjunto está obligada a reaccionar, empezando por el poder judicial que se va encontrar en la encrucijada de demostrar si forma parte de la solución o del problema, si quiere ser activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos o indiferente ante los abusos de los derechos de las personas. Y, en este momento, la indiferencia sólo puede ser interpretada como complicidad.

EL IMPRESENTABLE.

Durante la conferencia inaugural de la CII reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, auténtico vestigio de la España negra, no ha dicho ni pruna sobre el sufrimiento que está atravesando las capas más pobres de la población, ni tampoco ha levantado la voz ante tanta injusticia. No ha mostrado deferencia alguna con las cientos de miles de familias con niños que se quedan en la calle,  ni sensibilidad con los millones de criaturas sin trabajo y sin futuro... 

No,  al señor Rouco no le interesan estas cantinelas de pobres, sólo le obsesiona defender la familia ––me imagino que la de los pudientes––, exaltar el matrimonio como concepto cristiano que hay que negarle a gays y lesbianas, condenar el aborto como el derecho de los niños a nacer, aunque sea a un mundo de privaciones y hambre. Y !como no!, defender la UNIDAD DE ESPAÑA como buen nacional católico que es. 
Rouco Varela también exaltó la Beatificación de 522 mártires —que "se vieron dramáticamente inmersos en la noche del ateísmo del siglo XX"— en Tarragona y definió la jornada como "un domingo luminoso que hará historia".

Curas practicando la "cultura de la muerte" en la "noche del ateísmo del siglo XX.

De esta forma, advirtió de "la cultura de la muerte que ensombrece los grandes logros del mundo moderno" y de "las ideologías inmanentistas del siglo XX" que "sembraron Europa y el mundo entero de millones de víctimas y de mártires" y que "no han cedido todavía el paso a un verdadero humanismo".
Total, un preboste ejemplar, muy acorde con nuestra iglesia de siempre. 
 j.m.boix

LIBERTAD PARA AGUSTÍN ESONO, ENCARCELADO EN GUINEA.

Agustín es profesor, propietario y director de un colegio en Bata.

Además, es sobrino de un cofundador del partido político de oposición Unión Popular que murió en 1993 tras ser torturado por la policía.

Hoy, la historia se repite. Agustín también ha sufrido torturas: golpes con porras en ambas muñecas, en las plantas de los pies y en la cabeza, llegando a perderla audición en el oído izquierdo.

Mañana, la selección española de fútbol jugará un partido amistoso en Guinea Ecuatorial. Y mientras tanto, en una prisión del país, Agustín Esono estará jugando otro partido por conseguir su libertad.

¡Firma hoy! Ayúdale a ganar este partido.

http://email.es.amnesty.org/HS?a=ENX7CqhpyIPx8SA9MKJsRJPnGHxKLg-Ve_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdA2xlLs

 

 

"ROCIO", EL DOCUMENTAL MALDITO DE LA TRANSICIÓN.

                             El documental "ROCIO", censurado y amputado en la Transición.


Ricard Vinyes. Historiador.

En algún día de 1976 un hombre y una mujer cruzaron la frontera que divide Portugal y Andalucía. Llevaban consigo algo del dinero recaudado en el Centro de Intervenção Cultural de Lisboa con la programación de cine político prohibido que organizaban regularmente para los españoles que, desde las zonas cercanas a Portugal, se desplazaban a su capital para conocer la filmografía que la dictadura excluía en las salas de su país. Hombre y mujer cruzaron la frontera porque llevaban en la cabeza diversos proyectos de intervención cultural que deseaban desarrollar en el contexto efervescente de aquel 1976. Entre esos proyectos habitaba una estrella: realizar un documental sobre la romería mariana del Rocío. El resultado marcó sus vidas, nos orienta hoy en la comprensión de los procesos sociales relativos a la memoria pública, y testifica sobre las zonas grises de nuestro Estado de derecho. Todo eso ha generado Rocío, el documental que Fernando Ruiz Vergara construyó con el guión y la gestión de Ana Vila, con la recaudación derivada de aquellos ciclos de cine político prohibido, y con la aportación de amigos diversos en su papel de humildes y entusiastas mecenas de a pie.
Averiguaron las raíces de la romería, su razón y su vida sostenida por la actividad militante de sus Hermandades, la relación que estas habían mantenido, por medio de la religiosidad popular, con los mecanismos de poder social, cultural y político locales, su función en la República, en la guerra.
Almonte. Allí se instalaron en busca de testigos diversos. Las pesquisas levantaron incomodidades porque cruzaban la omertá. Anduvieron caminos que rebasaron silencios llevados de la mano de informantes generosos; fueron al lugar y el momento más sagrado donde la comunidad se encuentra siempre, un entierro, y allí les mostraron, uno a uno, el rostro y el nombre de los que habían participado en la represión directa de la localidad aprovechando la sublevación militar de 1936, que conllevó un centenar de asesinatos fraguados en la cólera de la élite agraria local por la pérdida de poder político y autoridad, y por su rechazo a la redistribución de la tierra preparada por la legislación republicana. A pesar de ello, esta élite, con don José María Reales Carrasco al frente –su alcalde en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y fundador de la Hermandad del Rocío de Jerez– siempre habló de agravios a la virgen, de humillaciones en forma de azulejos retirados del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Banderas marianas y voces devotas alzadas para encubrir conflictos de intereses.
El documental de Ruiz Vergara y Ana Vila creció aunque José María Reales Cala –alcalde franquista en tiempos e hijo de Reales Carrasco– les advirtió que tuvieran cuidado con lo que hacían.
Rodaron a lo largo de 1977, y al año siguiente montaban la cinta con una escena donde un testigo, Pedro López Gómez, evocaba a Reales Carrasco como uno de los responsables de los asesinatos políticos en Almonte. Ruiz Vergara, consciente del problema que podía acarrear aquella información, omitió el nombre en la banda sonora y colocó una cinta negra sobre los ojos de Reales Carrasco cuando aparecía la fotografía de su rostro en pantalla.
En 1980 la cinta estaba lista, y el 18 de julio el cine Astoria, de Alicante, la ofrecía al mundo. La andadura fue mal, nadie quería exhibirla en Andalucía. Sin embargo, en octubre, el I Festival Internacional de Cine de Sevilla galardonaba Rocío. Fue entonces cuando las amenazas se tornaron realidad. El 23 de febrero de 1981, 19 días más tarde de la exhibición de Rocío en el cine Bellas Artes, de Madrid, José Mª Reales Cala interponía una querella por injurias graves a la memoria de su padre, ya que aparecía como un instigador al asesinato político. El juez ordenaba el secuestro de la película.
El juicio se celebró el 15 de junio de 1983. Durante el proceso, el tribunal desestimó la declaración directa de 17 testigos dispuestos a ratificar las palabras de Gómez Clavijo. Tras sendos recursos, la condena dispuso dos meses de arresto, 50.000 pesetas de multa, más diez millones en concepto de responsabilidad civil a entregar a la familia por injurias graves y la prohibición de exhibir el documental si no era suprimido el fragmento donde aparecía la fotografía de Reales Carrasco. Los detalles los cuenta Alejandro Alvarado en un excelente trabajo académico de la Universidad de Málaga para quien quiera conocerlos. De esta investigación de Alvarado saco la cita de los considerandos con los que Luis Marzal Vivas, ponente del Tribunal Supremo, argumentó la ratificación de la condena: “Es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo”.
Como es habitual en todo lo relativo a la memoria de la violencia política, el conflicto no reside en el acto cometido, sino en rememorar al perpetrador de lo acontecido e incorporarlo a la memoria pública. Eso es lo que testifican Rocío y su castigo. Fernando Ruiz Vergara falleció el pasado 12 de octubre en Escalos de Baixo. Entretanto, Rocío vive, y en el relato de su peripecia enseña la dureza de los conflictos derivados de la evocación memorial y la coincidencia de la Justicia en la aplicación de una doctrina oficial no escrita que hiere la memoria democrática. Rocío testifica el modelo de impunidad establecido desde la instauración del Estado de derecho: salvaguardar la reputación de los perpetradores, no sus actos, históricamente asumibles. (Publicado en el diario Público.es 2011)

SEÑORES JUECES, VÁYANSE A CASA.

Diario Público.es

El fiscal rechaza imputar a la infanta Cristina al no ver indicios contra ella

Pedro Horrach se pone la venda antes que la herida y advierte de que si hubiera detectado una conducta criminal en la hija del rey "hubiese instado los mecanismos judiciales legalmente procedentes". Niega que haya pruebas de que conociera que Aizoon fuera una sociedad pantalla para defraudar: "Se trata de una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida sólo en el ámbito de la rumorología". Diario Público.es

La ciudadanía se está gastando un dinero que no tiene en mantener un sucedáneo de justicia que produce arcadas. Déjenlo, señores jueces. Dejen de hacer el paripé y váyanse a casa. Ya están los fiscales para hacer "justicia". Déjenlo, por favor y nos evitaremos más sonrojos y sofocos. j.m.boix

EL DIARIO EL PAÍS ES UNO DE ELLOS.

Ayer, el editorial de EL PAÍS lo dedicó al rifirrafe ocasionado por el diputado de la CUP y su ya célebre alpargata. En él, lejos de censurar el cinismo de Rodrigo Rato en su comparecencia en el Parlamento Catalán donde aseguró que él no ha tenido nada que ver con los robos y saqueos de Bankia, la editorial de este diario "progresista" arremetió contra todos aquellos diputados que dedicaron palabras gruesas al "insigne" invitado. 

"Matonismo" fue el titular de tan brillante editorial, que trató de demagogos a los diputados, ensañándose especialmente con David Fernández por amenazar al financiero con una sandalia y por llamarle gánster.

Con esta editorial queda clara la

AFINIDAD DE EL DIARIO EL PAÍS CON EL CORIFEO DE SINVERGÜENZAS QUE DEFIENDEN LA "DIGNIDAD" DE LOS GANSTERS Y ATRACADORES DE ESPAÑA.

Fdo. Un demagogo al que han  ATRACADO  1.846,67 euros para cubrir la parte alícuota de los más de treinta mil millones robados y estafados por los Rato, los Blesa y demás "dignos" sinvergüenzas.

RODRIGO RATO Y LA SANDALIA DE LA CUP.

               El diputado de la Cup, David Fernández

HOY, MILLONES DE ESPAÑOLES EXPOLIADOS POR LA MAFIA ECONÓMICA DE ESTE PAÍS HAN PODIDO DECIR LO QUE PIENSAN DE RODRIGO RATO POR BOCA DE ESTE HOMBRE.

Más parlamentarios así, que acaben con el mamoneo, necesitamos.

LA MALDAD DE CHEVRON.

Presidente Rafael Correa denunció en la UNESCO el desastre ambiental causado por Chevron en Ecuador.

En un juicio entre privados, Chevron, la tercera petrolera más grande de Estados Unidos, fue denunciada hace veinte años por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación.

Recordó que Chevron se pasó la década pasada luchando para que no se la juzgara en cortes judiciales de Nueva York –domicilio de la empresa- sino donde se había cometido la infracción, es decir en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

El mandatario explicó que como la petrolera perdió el juicio en Ecuador (por lo que fue obligada a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares) se dedicó a destrozar a las cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creían que podían comprarlas.

Además, la transnacional ha gastado centenas de millones de dólares en una campaña de desprestigio contra Ecuador y ha demandado al Estado, en base a un tratado de protección recíproca de inversiones firmado con Estados Unidos.

El presidente Correa recalcó que el tratado no aplica para un juicio entre privados y que este fue firmado en 1997. Texaco dejó el país en 1992 y las leyes ecuatorianos no tienen carácter retroactivo.

“En forma inaudita, el Tribunal Arbitral (de La Haya) se declara competente y, más aún, ordena detener la sentencia dictada por cortes ecuatorianas contra Chevron”, expuso.

“Además de la monstruosidad jurídica que representa el aplicar retroactivamente un tratado, es necesario anunciar al mundo cómo estos tratados atentan contra nuestras soberanías, cómo esos centros de arbitraje están absolutamente cooptados por las transnacionales, y cómo en este orden mundial tan injusto el capital tiene más derechos que los seres humanos”, manifestó.

El Presidente Correa habló ante representantes de 195 países miembros y ocho asociados de la Unesco.

CASO CHEVRON EN ECUADOR
El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana

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Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó a principios de 2011 que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
.En una suerte de furia incontenida, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones.
.La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, PERO TIENE A SU FAVOR QUE ECUADOR NO HAYA FIRMADO EL TLC CON EEUU y así puede continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
 

Son 33.000 los pobladores que demandan una indemnización. Industria petrolera inició extracción y contaminación en la década del 70
La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.
Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
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Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.
Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.
No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.
LAS VÍCTIMAS
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Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.
Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.
James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.
En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.