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| Lidia Falcón |
El 27 de abril, “apareció” muerto otro preso en la cárcel de Villabona, el vigésimo séptimo desde 2011, según cifras oficiales, el tercero en los últimos seis meses. Era Omar González López, de la cuenca minera asturiana, langreano, con 29 años. Entre 2011 y 2014, fallecieron un total de 26 reclusos en el mismo centro, según Instituciones Penitenciarias. En el primer año de la serie se produjeron 14 muertes, y en los años siguientes siguió esta macabra serie a razón de cuatro fallecimientos anuales.
Noelia Cotelo Riveiro ha estado en huelga de hambre durante 37 días en la prisión de Briviesca en Ávila. Tanto ella como otras presas denuncian que ha sido víctima de abusos sexuales y torturas continuas por parte de sus carceleros.
Pastora González, del colectivo Nais contra a impunidade, perdió a su hijo Xosé Tarrío en la cárcel, y lleva media vida denunciando las torturas sufridas por presos y presas en España. El relato de Pastora pone los pelos de punta. Fue testigo de los malos tratos sufridos por su hijo, llegando incluso a verlo esposado a la cama del hospital mientras estaba gravemente enfermo. Afirma que “las cárceles son centros de exterminio y campos de concentración”. Esta Madre Coraje nos narra el calvario sufrido por su hijo Xosé Tarrío, quien luchó contra el sistema penal y carcelario hasta su muerte en 2005. Aunque Xosé fue condenado a sólo 2 años, 4 meses y un día por un robo menor, terminó cumpliendo 17 años de cárcel por su participación en fugas y motines.
Dejó varios escritos entre los que destaca su libro “Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES”, donde denuncia la crueldad del sistema carcelario español, y cuenta con una plaza en su honor inaugurada por anarquistas en el madrileño barrio de Lavapiés.
Pastora denuncia que, al igual que Xosé, todos los presos y presas sufren unas condiciones y malos tratos deplorables. Destaca el sangrante caso de los presos en régimen FIES, donde son apartados del resto de reclusos y sometidos a fuertes torturas y aislamiento.
Los casos de Diego Viña, muerto “en extrañas circunstancias” en los calabozos de la guardia civil, o José Antúnez Becerra y Javier Guerrero, que han protagonizado largas huelgas de hambre para denunciar su situación, o Gabriel Pombo da Silva, que lleva cerca de treinta años de condena en lo que parece una cadena perpetua encubierta, han quedado invisibilizados por los medios de comunicación. Porque en realidad a nadie, más que a las víctimas y sus familiares y compañeros, les importa.
En España se tortura, según denuncia cada año Amnistía Internacional. En los informes de esta organización se habla de las torturas en las comisarías de la Policía Nacional, en los Cuarteles de la Guardia Civil, en los de las policías locales, en los de las autonómicas. Y todos hemos podido ver las palizas que uno u otro cuerpo de Seguridad del Estado –como se les llama- les propinan a los detenidos en la misma calle, incluso con resultado de muerte como sucedió en Barcelona hace poco más de un año.
España es el cuarto país con mayor número de población carcelaria de Europa, y con el número más elevado de reclusos por habitante, un total de 147,3 presos por cada 100.000 personas.
Solo Reino Unido supera a España en población reclusa. Ellos tienen 148 presos por cada 100.000 habitantes. Contrastan con los 84,6 de Alemania, los 117 de Francia, los 111,6 de Italia, los 67,7 de Holanda, o los 71 de Noruega por citar solamente unos ejemplos.
En España, el número de presos es incomprensiblemente elevado en relación a las cifras de criminalidad, una de las más bajas, con 46,1 delitos por cada mil habitantes frente a los 62,8 de media europea. Porque las cárceles españolas se llenan de negros manteros –hasta los fiscales se atrevieron a protestar por la legislación vigente que “criminaliza la pobreza”-, de pobres drogadictos que han hecho de “camellos” para proporcionarse la dosis, de rateros, de estafadores de poca monta, como la pobre mujer que utilizó una tarjeta de crédito robada para comprar comida y pañales para su niña, de emigrantes que intentan sobrevivir en este cruel país. Las cárceles españolas son el pudridero de los pobres. Mientras estafadores de gran recorrido, véase Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Lluís Millet, Jaume Matas, un tal Rus, etc. etc. disfrutan de libertad paseándose en sus coches de alta gama y sus yates de lujo, el padre del niño metido en una maleta en la frontera de Ceuta está en prisión.
Esta es la democracia de nuestro país: organizaciones sociales perseguidas, activistas políticos multados por manifestarse, presos maltratados en las cárceles, encarcelados por ser pobres, drogadictos y enfermos, sin tratamientos médicos, sin programas de educación y enseñanza, emigrantes miserables reprimidos por serlo. Y detenidos y detenidas torturados y torturadas en todas las comisarías de policías y cuarteles de la Guardia Civil.
Cuando en 1977 escribí “Ser Mujer en las Cárceles de España”, con mi experiencia reciente de haber sido torturada y encarcelada, tenía la esperanza de que aquellas terribles páginas fuesen ya solo el testimonio de tiempos pasados. Hoy, cuarenta años más tarde, no estoy tan segura. Y lo peor, es que ni a los movimientos sociales, ni a los partidos de izquierda, ni a la ciudadanía en general les importa la situación de los presos y presas de nuestro país. Las personas de “bien” consideran que tienen lo que se merecen y se opondrían a que se les liberara porque les pueden robar la cartera en la calle.
En esta perversa campaña electoral que estoy sufriendo, no se oye una palabra sobre este tema porque los candidatos y las candidatas saben que no atrae votos.
De aquellos tiempos de Concepción Arenal, cuando declaró “odia y el delito y compadece al delincuente”, enseña que luce en el frontispicio de los antiguos penales; y de Victoria Kent, la primera Directora General de Prisiones que ordenó romper las cadenas con que se aherrojaba a los presos y las hizo fundir en una estatua que se yergue en Ceuta, como recordatorio perenne de la horrible crueldad del sistema de prisiones; y Clara Campoamor abogada de tantos presos y presas pobres y perseguidos por una justicia injusta, que hicieron de la defensa de las personas en prisión una de sus causas, y de la exigencia de programas de reinserción y educación una de sus tareas, nos encontramos hoy en un ambiente de absoluta crueldad e indiferencia hacia esas víctimas. No los defienden más que las organizaciones humanitarias a las que nadie hace caso. Ni siquiera aquellos dirigentes políticos que se reclaman preocupados por la gente desde una perspectiva de progreso y democracia.
Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que hace un siglo estaban trasnochados por la proclamación de las revoluciones sociales, se encuentran de nuevo plenamente vigentes. Porque si no los defendemos volveremos a la ignominia de los regímenes feudales que creíamos enterrados.
Lidia Falcón en diario Público.
