Hay torturadores que amordazan a los torturados para no escuchar sus gritos de dolor. El PP prepara su nuevo Código mordaza para no escuchar los gritos desesperados de sus víctimas.
Examen del nuevo Código Penal. Las modificaciones más
peligrosas para la democracia.
Foro de abogados de Izquierdas. Antonio Segura, Juan Moreno y Miguel Angel Garrido.
Una reforma al servicio del capital y las fuerzas de
seguridad. En pocas palabras esta sería una buena forma de definir el
significado de la reforma del Código Penal que ha remitido a las Cortes el
gobierno del Partido Popular, una reforma que no pasará desapercibida y que,
desgraciadamente, padecerán las clases populares y aquellos que osen contestar
en las calles las políticas antisociales de la Troika, la banca y su gobierno
faldero.
Ya desde su remisión como anteproyecto de ley ante el
Consejo de Ministros, no se ocultaba uno de los fines más inmediatos de la
contrarreforma, y así lo exponía el Ministro Gallardón: “reforzar la seguridad
ciudadana y la lucha contra la violencia callejera”. Es evidente la utilización
instrumental en defensa de la clase dirigente que cualquier régimen hace no solo
de las instituciones, sino además de los propios instrumentos jurídicos como
los códigos penales. Lo curioso de este caso es que se viene a legislar
previendo lo que, a ojos del propio gobierno, se nos viene encima: más recortes
de derechos, más miseria, más desahucios, más violaciones a los principios que
inspiraron la Constitución y más respuesta democrática de los ciudadanos en la
calle. Es esa presunción la que obliga a los dirigentes de este régimen en
decadencia a fortalecer sus mecanismos de coerción ante esa nueva realidad
social y a reprimir con mayor dureza las infracciones derivadas de la pobreza y
el estado de necesidad económica. Y todo ello lo hace dentro de esa lógica
neoliberal que en nuestro Estado tiene una deriva franquista, que es la de reprimir
sin contemplación al ciudadano que se resista, aún pacíficamente, a los
mandatos de la dictadura político-financiera que pretende capitanear la
sociedad de los próximos años.
Será delito hurtar una barra de pan
Por un lado, del nuevo Código Penal cabe destacar la
desaparición de las faltas, una medida que el gobierno presenta como de
racionalización de la administración de justicia, pero que va a suponer una
mayor criminalización de determinadas conductas relacionadas con la penuria
económica y los pequeños problemas comunitarios. Así, el mero hecho de hurtar
un paquete de arroz, trabajar como mantero o conectarse sin autorización a la
red eléctrica de Iberdrola pasará a ser delito, aunque sea leve, lo que en la
práctica significa la facilitación de la detención en comisaría de la persona
denunciada, un aumento de la pena y la generación de antecedentes penales.
Sobre la cuestión del aumento de las detenciones, hay que recordar que a día de
hoy la mera imputación de una falta nunca puede justificar la detención por
parte de la policía si existe capacidad de identificación de la persona
denunciada, situación que se revierte con la reforma, ya que la conversión de
muchas faltas en delitos leves abre la puerta a que la mera imputación de dicho
delito leve conlleve la detención de la persona y su confinamiento en una celda
de la comisaría más cercana.
Además, la supresión de determinadas faltas y su definitiva
remisión a la jurisdicción administrativa, como la anacrónica de falta de
respeto a un agente de policía, va a suponer un incremento de la sanción que
impone la administración y dificultar el acceso a la revisión judicial, ya que
el actual sistema de tasas judiciales va a imposibilitar o desincentivar a las
clases populares el recurso judicial ante las decisiones arbitrarias de la
administración.
Acallar la protesta social
Por otra parte, además de esta mayor criminalización de la
pobreza, la reforma tiene como objetivo el de acallar la protesta social. Es un
paso más, pero profundo y ajustado a las necesidades de represión ante una
mayor movilización y organización de la ciudadanía y sus medios de lucha,
respuesta represora que encaja en lo que desde hace años se ha venido llamando
derecho penal del enemigo. Otros gobiernos ya han venido utilizando este
instrumento de la misma manera, como la famosa “ley Corcuera” diseñada para
reprimir los derechos y libertades y garantizar la impunidad de las actuaciones
desproporcionadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque en esta ocasión
se va más lejos castigando severamente todo tipo de discrepancias con los
agentes de policía. Es innegable que las mayorías absolutas favorecen dichos
retrocesos, pero no es menos cierto que todos los gobiernos desde la
proclamación de la Constitución vigente han apuntado en esa dirección de
restringir los derechos que en la misma sólo se definen sobre el papel.
Este proyecto de código va un paso más allá, ya que pretende
criminalizar incluso la opinión y el pensamiento. Si el Código Penal hoy
vigente solamente castiga acciones u omisiones, con la contrarreforma se
pretende castigar el mero uso de consignas y mensajes, incluidos también los de
carácter político. Cómo si no se puede interpretar que en el nuevo Art. 559 CP
se sancione como delito “la distribución o difusión pública, a través de
cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de
los delitos de alteración del orden público del artículo 557CP Bis, o que
sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Indudablemente se quiere
punir a los que simpaticen con las luchas sociales, en especial a los usuarios
de las redes sociales que difundan convocatorias disidentes con el poder
establecido.
Con el actual Código Penal en la mano, en teoría, los jueces
de este país no pueden sancionar los llamamientos a participar en una
manifestación no comunicada que pretenda, por ejemplo, mostrar su rechazo
contra la monarquía cortando el tráfico en el Paseo de la Castellana, siendo
excepcionales, y deplorables, los casos de algunos jueces y fiscales que así lo
intentan. Pero con esta nueva redacción se abre la mano a que la policía y la
fiscalía persigan y los jueces condenen este tipo de conductas que se
desarrollan en diferentes redes sociales, lo que a todas luces puede ser
inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscritos por
nuestro país, por lo que, de aprobarse definitivamente este proyecto de nuevo
Código Penal, cientos de ciudadanos podrán pasar por la comisaría por el sólo
hecho de haber repartido o distribuido propaganda para el ejercicio de derechos
fundamentales. Y lo peor, poco podemos esperar del Tribunal Constitucional,
presidido hoy por un (ex)militante del PP, como órgano que vele por nuestras
garantías constitucionales y declare inconstitucional dicho precepto.
Un paso pues que nos lleva a un tablero de juego más
parecido al de una dictadura que al de una democracia, y por ello es necesario
una oposición clara a esta reforma, una toma de conciencia de lo que significa
y de organizar a la ciudadanía y a los interlocutores jurídicos, jueces,
fiscales, abogados etc. que creen en la democracia con independencia de su
ideología para crear una respuesta contundente a este atropello, a este golpe
contra nuestro sistema de libertades, ya de por sí frágil, pero que con la
aprobación de esta contrarreforma prácticamente desaparece.
Esta reforma muestra cómo el poder carece de soluciones para
salvar el Estado social, porque no está entre sus objetivos, por lo que no
tiene más remedio que acabar también con el Estado democrático y de derecho. La
sociedad en su conjunto está obligada a reaccionar, empezando por el poder
judicial que se va encontrar en la encrucijada de demostrar si forma parte de
la solución o del problema, si quiere ser activo en la defensa de los derechos
de los ciudadanos o indiferente ante los abusos de los derechos de las
personas. Y, en este momento, la indiferencia sólo puede ser interpretada como
complicidad.
